El juez investiga si Pablo Iglesias borró la tarjeta del móvil de una asesora

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha retirado a Pablo Iglesias, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la condición de perjudicado que ostentaba en la “pieza Dina” del “caso Villarejo”, en la que se investiga el robo del móvil de su ex asesora en el Parlamento Europeo Dina Bousselham, y la posterior difusión de conversaciones con el líder de Podemos, entre ellas aquella en la que aseguraba respecto a la periodista Mariló Montero que “la azotaría hasta que sangrase”. En esta pieza están investigados por descubrimiento y revelación de secretos los periodistas Alberto Pozas, ex director de Interviú, y Luis Antonio Renduelles, que facilitaron al actual vicepresidente del Gobierno una copia de la tarjeta de memoria de ese teléfono después de que el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, se negara a publicar su contenido.

El instructor quiere investigar ahora cuántos meses tuvo en su poder esa tarjeta SIM el líder de Podemos, que cuando la entregó a Bousselham estaba ya dañada, lo que según la ex asesora le impidió recuperar su contenido. García Castellón quiere saber, entre otras cosas, quién pudo recibir esa tarjera "y qué pudo hacer con ella” y ha ordenado a la Policía que intente esclarecer esos extremos.

El pasado 18 de mayo, en una nueva comparecencia ante el instructor, Bousselham aseguró, tras analizar la documentación incautada a Villarejo, que “se habrían modificado algunos archivos, echando en falta información de carácter personal muy apreciada”. Y ratificó que la tarjeta que le entregó en julio de 2016 Pablo Iglesias estaba dañada y nunca pudo ver su contenido, pese a que según contó la envió a una empresa en Alemania.

Pero una vez analizados los correos electrónicos que le requirió el juez para acreditar ese encargo, y que finalmente Bousselham aportó hace unos días, García Castellón ha podido constatar que "no concuerdan con ninguno de los datos aportados por ella en su última declaración". Sí acreditan que se dirigió en febrero de 2017 a una empresa radicada en Madrid y que en octubre reclamó la devolución del disco duro ante el elevado coste presupuestado para extraerle la información.

El instructor mantiene que del curso de la investigación “no se puede inferir en este momento la ilicitud de las actuaciones” del medio digital que las publicó, Okdiario, ni es posible vincular esas informaciones exclusivamente a la intervención de Villarejo, que se desmarcó ante el juez de su difusión.

Y es que en su última declaración judicial Bousselham reconoció que hizo capturas de las imágenes de las conversaciones con Iglesias -entre ellas la referida a la periodista- y “admitió haberlas enviado a terceras personas desde su propio teléfono móvil”. I

Por lo tanto, dice el juez, aunque no puede descartarse la participación de Villarejo en su difusión, “las posibles fuentes del medio digital se amplían considerablemente, pues las imágenes pudo haberlas recabado de cualquiera que hubiera estado en posesión de la tarjeta (o de su copia) o de quien las hubiera recibido de la propia Dina”. Incluso del líder de Podemos, añade, “quien mantuvo la tarjeta en su poder por un tiempo que no ha podido ser concretado”. Después de que Asensio le entregara la tarjeta en enero de 2016, señala el magistrado, Iglesias “pudo realizar en el mismo lugar un análisis exhaustivo del contenido”, que como él mismo reconoció era “reservado, sensible y además íntimo”.

García Castellón estima que el actual vicepresidente del Gobierno habría mantenido en su poder la tarjeta entre cinco meses, si se la hubiese entregado a su ex asesora en junio de ese mismo año, y 39 meses, si lo hizo en el propio juzgado en marzo del pasado año. Y aunque se ha demostrado que la tarjeta estaba dañada, continúa, “las declaraciones de quien entregó y de quien recibió la tarjeta no han permitido esclarecer quién causó los daños materiales”.

Tras esta conclusión, el instructor añade que resulta obligado revisar la condición de ofendido o perjudicado de Iglesias en el procedimiento. Para García Castellón resulta “insostenible” mantener la condición de perjudicado de Iglesias en la causa, puesto que las diligencias practicadas “no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna”. Además, señala, las contradicciones que se han puesto de relieve “exigen un esfuerzo investigador que resulta incompatible” con su condición de acusación. No en balde, situaría en “una delicada situación” a Bousselham ante el “evidente conflicto de intereses” que resulta del hecho de compartir representación letrada como acusación particular.

Como víctima del delito, subraya, si se le citase para que manifestase ese perdón expreso, Bousselham debería al menos contar con un abogado diferente del que ejerce la acusación, también en nombre de Iglesias, para que su decisión "no se vea perturbada o influida por la posición o el cargo que ocupa este en la organización política que ambos comparten".

Por contra, el instructor rechaza la petición de Anticorrupción de que Bousselham manifieste “contra quién ejercita la acción penal” y si presta “perdón expreso” por los posibles hechos delictivos que pudieran haberse cometido. Una solicitud que el juez considera “imprecisa e innecesaria” en estos momentos, además de “precipitada”, salvo que -puntualiza- la Fiscalía “pretenda una manifestación expresa respecto de alguna persona en particular, que no se aclara en el escrito”. Algo que supondría, alerta, “asumir como ciertos hechos que en este momento resultan controvertidos” pues el perdón del ofendido extingue la acción penal, recuerda.

Investigación pendiente

García Castellón hace hincapié en que hay que determinar aún en qué momento preciso recibió Bousselham la tarjeta de manos de Pablo Iglesias y “qué hizo” cuando la tuvo en su poder, así como esclarecer a qué empresa la llevó para recuperar su contenido y si llegó a realizar alguna actuación, “quién la pudo recibir y qué pudo hacer con ella”. Extremos todos que ordena investigar a la unidad de Asuntos Internos de la Policía antes de llamar de nuevo a declarar a Bousselham, en su caso para “recabar si desea otorgar su perdón”, ya sin Iglesias como perjudicado.

La investigación arrancó tras incautarse los agentes en el domicilio de Villarejo de diversa documentación procedente del móvil sustraido a Bousselham en noviembre de 2015 en Alcorcón (Madrid). La unidad de investigación tecnológica de la Policía determinó en marzo del pasado año que esos datos provenían "de una tarjeta de almacenamiento externa microSD" que habría estado conectada al móvil de la ex asesora de Iglesias, y que fueron copiados en diciembre de 2015 y enero de 2016.

Esas carpetas contenían "multitud de información" de Bousselham, como "datos personales, bancarios o fotografías de carácter íntimo", archivos de vídeo y audio y conversaciones con otras personas a través de correo electrónico o aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram. Entre estas, las mantenidas con "altos dirigentes" de Podemos, Pablo Iglesias incluido, a través de Telegram.

Tras publicar Okdiario varias noticias sobre el líder de Podemos con capturas de pantalla que según la Policía procedían de la tarjeta de memoria del móvil sustraído, tanto Bousselham como Iglesias fueron citados ante el juez como perjudicados, personándose en el procedimiento como acusación particular. Bousselham aseguró “sin ningún género de dudas” que esas informaciones procedían de su teléfono. Además, relató cómo habían intentado chantajear supuestamente a Iglesias con esas fotos creyendo que eran pareja y que el líder de Podemos le dio esa tarjeta SIM en 2016, “desconociendo saber cómo obtuvo él su tarjeta” y por qué había tardado medio año en entregársela.

En diciembre de 2018, Bousselham declaró a la Policía que no disponía de copia de esa tarjeta. Meses después, en marzo de 2019, Iglesias aseguró en su declaración judicial que sabía que le habían robado el móvil a su asesora y que el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, le llamó el 20 de enero de 2016 para verse en su despacho con la intención de comentarle “algo en privado muy grave”. Cuando se vieron, le dijo que había llegado a su poder una tarjeta SIM con “fotografías íntimas de tu pareja” y se comprometió a no publicar esas fotos.

El líder de Podemos dice que tras recibir la tarjeta de manos de los periodistas investigados comprobó que “se trataba de fotos íntimas, pero no de mi pareja”, sino de Bousselham. Esa es la tarjeta que él mismo entregó a su ex asesora meses después, aunque ya dañada, lo que según su destinataria le impidió acceder a su contenido.