La Corona: plebiscito en la izquierda

El PSOE de Pedro Sánchez está obligado con su posición tradicional de apoyo institucional a la Monarquía, y esto limita su margen de maniobra para seguir la campaña de Podemos contra la Corona al calor del escándalo de las informaciones que afectan al Rey emérito Don Juan Carlos. Pero a la izquierda le viene muy bien que estas informaciones tapen los problemas económicos y sociales, y también los problemas de Pablo Iglesias con Podemos, o más personales del vicepresidente, derivados de la investigación del «caso Dina».

La Monarquía será en esta Legislatura lo que fue Franco en la pasada, según empieza a verse en el trazo de la estrategia de la formación morada y de las fuerzas independentistas. El PSOE da señales de división entre la tentación nacional de disfrazar que quieren poner una vela a Dios y otra al diablo y la demanda de algunas de las centrales de poder autonómico de que se sea más claro en la defensa del Rey. El rotundo apoyo del ex presidente del Gobierno Felipe González al Rey emérito, bajo el principio de la presunción de inocencia, no se ha escuchado hasta ahora en ningún otro miembro del Gobierno de Sánchez ni de la dirección socialista. Podemos se mueve mucho más cómodo al lado de los independentistas en la política de hacer campaña con esta cuestión, pero bajo este pulso, a la izquierda de la izquierda, las señales que llegan de Moncloa permiten intuir que buscarán el equilibrio entre cumplir con sus obligaciones institucionales y no dejarle todo el campo abierto a Unidas Podemos para que patrimonialicen la campaña contra la Monarquía.

El socialismo más de «pata negra» reconoce que esta crisis amenaza con ser una crisis constitucional en el peor momento posible: con un partido republicano dentro del Gobierno de coalición, con la fuerza creciente de Bildu en el País Vasco, la tensión independentista de Cataluña y el empuje de Vox para arrebatarle también al PP la bandera de la defensa de la Corona. La división de la izquierda y la división de la derecha deja todavía más desprotegida a la figura de Felipe VI. El ruido político sólo dificulta la capacidad de Zarzuela para trasladar a la opinión pública la decisión del jefe del Estado de romper amarras con su predecesor para defender la Jefatura del Estado que ostenta. El panorama político es tan desolador en cuanto a la capacidad de manejar los grandes asuntos de Estado como las previsiones económicas que deja la pandemia.

El caudal de informaciones contra la figura del Rey emérito no ha hecho más que empezar, y bien lo saben en Moncloa. Hay un canal que juega a favor de los intereses y de la defensa de Corina Larsen, amiga íntima de don Juan Carlos, y a pesar de que esta cuestión es un polvorín, al coincidir con la crisis política y económica de la era Covid, no ha habido ningún contacto ni aproximación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para reforzar la protección de la Monarquía y del modelo de estado constitucional. Este mano a mano en cuestiones especialmente sensibles, como es el caso, y que siempre ha funcionado bien entre Gobierno y oposición en lo que toca a la Corona, también ha quedado pulverizado por la alianza de la investidura. Gobierno y PP no hablan de nada, ni al nivel de Pedro Sánchez y Pablo Casado, ni a otros niveles de «alta fontanería» como los que permitieron que se gestionara de manera sólida y con acuerdo entre PP y PSOE el proceso de sucesión en la Corona.

Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba y Casa Real pactaron el relevo tranquilo de Juan Carlos I. Los dos principales partidos no aceptaron ninguna de las enmiendas a la ley necesaria para la abdicación, y para llegar a esta situación hubo por medio un intenso trabajo entre bambalinas y en el que Rubalcaba, como jefe de la oposición, jugó un papel crucial para que la abdicación de Juan Carlos I y la entronización de Felipe VI fuese un éxito. De hecho, Rubalcaba retrasó su marcha como secretario general del PSOE para no perjudicar a la Corona.

En Zarzuela y en el ámbito político coinciden en que, en la situación actual, una mala gestión política puede tener efectos tan graves como una sucesión fallida, y este análisis hace todavía más preocupante que ni siquiera ante un problema de Estado de esta magnitud Sánchez busque la acción conjunta con el Partido Popular. Este último, por su parte, se inclina por no promover en el ámbito parlamentario iniciativas concretas en defensa de la institución monárquica para que la izquierda no agite contra ellos la campaña de que están intentando apropiarse de la Corona y para que esta campaña no acabe volviéndose también en contra de Felipe VI. El PP tiene que medir los pasos, pero en un contexto político no sometido a las tensiones radicales del momento lo lógico es que las dos principales fuerzas nacionales, comprometidas con la Constitución, pactaran incluso hacer algún solemne gesto en el Congreso en defensa de la figura de Felipe VI, sobre la base de las conversaciones discretas a las que obliga el momento clave de la historia que atraviesa España.