42 años de una historia prodigiosa

Como muchos países europeos (casi todos, en rigor, salvo algunos que fueron lo bastante inteligentes para mantener la institución monárquica) España no acertó a cumplir pacíficamente la transición del liberalismo a la democracia. Parecía algo fácil y casi natural. Pero era extremadamente complicado. En nuestro país, la crisis desembocó en una dictadura regeneracionista, luego en una república antiliberal y en poco tiempo antidemocrática, en una guerra civil y en una nueva dictadura, esta vez conducida estricta y pragmáticamente. El fin del paréntesis, con el fallecimiento de Franco, nos devolvía a la situación previa.

A mediados de los 70, coincidieron unos cuantos elementos excepcionales. Una clase media consolidada durante la dictadura, el recuerdo de la Guerra en una generación que la había vivido y sabía de los errores cometidos, un centro derecha con ambición, deseoso de jugar un papel de gran estilo, una izquierda que aceptó, cien años después de su fundación, la democracia liberal como un fin en sí, y no como un accesorio para llegar a la revolución. Había otros dos elementos cruciales: unos nacionalismos conscientes de su debilidad y un proyecto social y político que aunaba crecimiento e integración en lo que entonces era la CEE. Y sobre todo, un protagonista, el nuevo Jefe del Estado, dispuesto a jugarse el todo por el todo en hacer lo que su abuelo había contribuido a echar a perder, como era recomponer el pacto fundacional del liberalismo (ahora democrático) con la Corona. Fueron los elementos básicos de la creación de la Monarquía parlamentaria española. Desde entonces, han transcurrido 42 años de una historia prodigiosa: por la incorporación de nuestro país al proyecto de UE, por su renovación de los lazos con la órbita americana, por el crecimiento y la prosperidad de la sociedad, por su interiorización natural de un clima de tolerancia y apertura extraordinario, por un crecimiento relativamente equilibrado entre las diversas zonas, tan distintas, que lo componen. Incluso hubo, por un momento, en los 90, un equilibrio casi perfecto entre la unidad y el pluralismo cultural y lingüístico propio de nuestro país.

Había algunos problemas de fondo a los que nadie se quiso enfrentar. El terrorismo, en primer lugar: era, en rigor, el problema del nacionalismo, y dada la confusión del pacto constitucional al respecto, abría el camino, que los nacionalistas fueron transitando con perseverancia y capacidad estratégica, a la nacionalización de Cataluña y del País Vasco. Tampoco estaba resuelto el problema de la memoria, que pasado un tiempo había que abordar con valentía. No se hizo y dio pie a un malentendido fomentado por una derecha neurótica, incapaz –tras de haber hecho la Transición– de cortar de una vez su lazo simbiótico con el dictador y librarse de una acusación que la izquierda aprovechó sistemáticamente para atribuirse una superior legitimidad democrática, que no le correspondía. Así se llegó a la absurda situación actual, por la cual la legitimidad histórica de la Monarquía parlamentaria ha acabado residiendo en la Segunda República, régimen de una violencia inusitada, propia de la brutalización general de Europa y preludio de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial.

El momento clave se alcanzó con los atentados del 11-M de 2004, cuando quedó claro que los consensos que habían fundamentado la Transición estaban acabados. A partir de ahí, el PSOE inició la revisión de sus presupuestos anteriores y volvió a preconizar lo que había abandonado en 1978, modernizado con una nueva retórica: una España postnacional, la alianza y la promoción de los nacionalismos, la guerra cultural contra el liberalismo y una educación infantilizadora. La abdicación de Don Juan Carlos trajo un cambio de reinado y, con él, un momento crucial de cambio: ya que no de régimen, de época, sensibilidad y estilo. Habría sido buen momento para rectificar la deriva previa y volver a colocar a la democracia en el camino de los grandes consensos. No pudo ser. La crisis de 2008 había empezado a fragmentar la representación política, los nuevos partidos venían con la antorcha regeneradora por delante y los históricos asumieron ésta como si fuera algo propio. La Corona ya no podía jugar el mismo papel que en 1978. Desde entonces, la cultura oficial y la enseñanza habían abandonado la defensa de la unidad y la continuidad de España, como si estuviera garantizada de por sí. El olvido requería la puesta entre paréntesis de la función de la Corona que, en ningún sitio, y menos en España, tiene un papel decorativo: es la clave de bóveda de toda la democracia liberal, la institución que sostiene al resto.

La habilidad táctica de los negociadores de aquellos días de 2014 salvó la situación, pero su pusilanimidad dejó intactos los problemas subyacentes, agravados por la crisis. La Corona quedaba a merced de gente que parecía no creer ni en España ni en la Monarquía parlamentaria. El Rey demostró su firmeza con el discurso del 3-O, ante el intento de secesión de los nacionalistas catalanes. Quedó demostrado el vigor extraordinario que surge de la unión de una gran institución con un carácter como el de Felipe VI, puro nervio y lealtad. También la soledad del Monarca. Entre el Rey –es decir, la Corona– y una opinión pública muy mayoritariamente monárquica no hay apenas nada. Ahora hay que empezar el reinado desde el principio: en plena crisis, con una gigantesca y enigmática mutación en política internacional y en el propio estilo de vida, y con las fuerzas anticonstitucionales y antiespañolas desatadas, también en el Gobierno. Algunos partidos podían empezar por decir la verdad de la situación a los ciudadanos.