El Gobierno retira la ley de libertad sexual de Igualdad

El Gobierno ha retirado el anteproyecto de ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsado en el mes de marzo por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, y que fue tramitado incluso como anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros. Ello supuso el primer choque entre ambos partidos de la coalición de Gobierno. Es la ley, conocida como la del «sólo sí es sí», bandera de la cuota morada en Moncloa, que ahora ve como el Ejecutivo ha ordenado a los órganos consultivos –a los que había solicitado los preceptivos informes– que retire la petición de estudio que formuló hace un mes.

Así, el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel, dirigió el pasado día 11 un escrito al Consejo General del Poder Judicial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en que se le comunica esa decisión del Ejecutivo. En la misma se señala cómo el pasado 15 de julio se remitió al órgano de gobierno de los jueces y magistrados el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, remitida por este Ministerio de Justicia, para la emisión del preceptivo informe sobre el mismo. Sin embargo, ahora se le «solicita la retirada de la petición, dejándola en consecuencia sin efecto».

El motivo que se esgrime para pedir esa retirada es, según consta en el escrito remitido por el número 2 de Justicia, el hecho de que «se espera poder remitir a ese Consejo General del Poder Judicial una versión más acabada del texto, que incluya, en su caso, el criterio y/o las observaciones recabadas de otros ministerios, de forma que se pueda volver a trasladar la solicitud de informe en un estado de tramitación más avanzado». Se da la circunstancia de que el CGPJ había aprobado recientemente una prórroga para la emisión del citado informe, toda vez que se preveía que «tuviese elementos complicados para analizar» y la materia requería más tiempo para su análisis.

Ahora, con esta retirada, no será hasta el próximo curso político cuando se tenga ultimada la «definitiva» versión del anteproyecto citado, dándose la circunstancia de que el mismo podría ser informado por un CGPJ distinto al de su configuración actual, si PSOE y PP llegan a un acuerdo para su renovación.

Desde Igualdad, sin embargo, niegan que la ley haya sido retirada o paralizada. Fuentes del ministerio aseguran a este diario que «continua su tramitación con normalidad», «Ni se ha retirado ni se ha paralizado», puntualizan para agregar que, en «la fase de consulta pública se han recogido aportaciones de numerosos colectivos sociales y organizaciones feministas». Unas fuentes que también suscribían Justicia, a pesar de que el Gobierno ya haya comunicado al CGPJ su decisión de retirar el anteproyecto. Estas fuentes aseguran también que en estos momentos el anteproyecto está «en fase de consulta preceptiva». Señalan que, «en la fase de audiencia e información pública se recogieron aportaciones de numerosos colectivos sociales y organizaciones feministas» y que están pendientes las valoraciones de otros departamentos ministeriales y CCAA. Una vez «todos los organismos hayan hecho sus aportaciones, el texto final se enviará al Consejo Fiscal, al Consejo Económico y Social, al CGPJ y al Consejo de Estado para su evaluación, llegando finalmente al Consejo de Ministros para su aprobación, antes del debate en el Congreso», recalcan.

El anteproyecto fue aprobado por el Gobierno el pasado 3 de marzo, cinco días antes del 8-M. Desde la cuota morada en el Gobierno dedicaron todos sus esfuerzos a que ésta fuera aprobada antes de la fecha. La ley supuso la primera crisis de Gobierno por las diferencias entre Justicia y la vicepresidencia de Carmen Calvo con los ministerios de los de Iglesias por los aspectos técnicos de la ley. Desde Unidas Podemos expresaban que el PSOE ponía «trabas» y le acusaban de «boicotear» el texto con filtraciones que desacreditaban a Igualdad.

La ristra de descalificaciones entre ambos llegó al punto de que el vicepresidente Pablo Iglesias estalló contra Juan Carlos Campo, al que llamó «machista frustrado». Desde el sector socialista aseguraban que se habían «cruzado algunos límites», en referencia a los ataques lanzados y señalaron entonces que la ley de Montero era una «chapuza» y que la intervención a tiempo de Justicia y de la vicepresidenta primera no solo facilitó que saliera en la fecha prevista sino que, además, evitó que lo hiciera con errores de bulto. Mientras, desde la cuota morada ponían el foco en Carmen Calvo, a quien señalaban como la «única» dentro del Gobierno que trató de «torpedear» que la ley estuviera lista para la celebración del 8-M.

Justicia se había opuesto a algunos de los postulados recogidos en el texto inicial. Juan Carlos Campo suprimió el artículo donde se recogían definiciones controvertidas, como las que hacían alusión a la identidad sexual o de género. El anteproyecto introducía un sistema de penas diferente» para los delitos sexuales, basado en el consentimiento, con penas de hasta 15 años para los casos más graves de violación y la introducción del delito de acoso ocasional sexista leve.