Luz verde a una Diada de alto riesgo

Nada parece imponerse en el camino del nacionalismo catalán para que, a finales de esta semana, se celebre una Diada -tan «descentralizada» como se quiera- capaz de hacer saltar por los aires el trabajo de meses para contener la pandemia. Y todo ello ocurrirá precisamente al mismo tiempo que las autoridades se enfrentan al decisivo reto de la vuelta a las aulas, prevista para el lunes siguiente a las 107 concentraciones diseminadas por toda Cataluña que ha organizado la ANC. La división interna del independentismo y la necesidad de sacudir el letargo en el se encuentra tras meses en una especie de limbo preelectoral han prevalecido frente a las recomendaciones de los epidemiólogos y el más básico sentido común.

Poco puede sorprender, por tanto ante una Diada marcada por los rebrotes –Cataluña ha logrado estabilizar la tasa de contagio, aunque en las últimas 24 horas ha sumado 1.214 casos y 24 fallecidos-–, que las concentraciones convocadas por la ANC para recuperar el pulso del independentismo en la calle están en el punto de mira de la opinión pública en toda España. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Barcelona recuerdan a este diario que «la competencia en materia de seguridad ciudadana es de los Mossos d’Esquadra» y que es la Generalitat quien tiene que decidir si autoriza o deniega manifestaciones tras analizar la situación sanitaria. Preguntado sobre ello–cuando aún no se conocía la intención concreta de la ANC de movilizar a 48.000 personas–, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reclamó «tener sentido común y respetar las medidas sanitarias en cualquier caso», aunque evitó posicionarse abiertamente sobre las movilizaciones independentistas.

Por su parte, el Govern de JxCat y Esquerra dejó claras sus intenciones y eximió las manifestaciones de la Diada de las severas restricciones que lleva aplicando en Cataluña, especialmente en el área metropolitana y en Barcelona. De hecho, la semana pasada modificó su discurso sobre la marcha para dar cobertura al 11-S: precisó que «la prohibición en toda Cataluña de hacer encuentros de más de diez personas en el espacio público y privado no afecta al derecho de manifestación, siempre que se ejerza respetando las medidas de distanciamiento, mascarilla e higiene de manos» y se eviten aglomeraciones. Eso sí, se estudiará en todo momento la evolución de la pandemia.

La Diada, por tanto, sigue en el foco de todas las miradas, especialmente por parte de la oposición en Cataluña. Desde el PP y en declaraciones a este periódico, su portavoz Daniel Serrano denuncia la «irresponsabilidad» del gobierno de la Generalitat. «Por un lado recomienda a los ciudadanos no moverse más allá de las necesidades básicas, mientras que por otro no pone trabas a que la movilización se celebre». «Si alguna lección sacamos del 8-M se debería poner en práctica ahora», asegura Serrano, quien avisa también de que el Gobierno «no puede ponerse de perfil». «Estamos viviendo una situación muy compleja».

En Ciudadanos señalan en los últimos días que el Govern debería recomendar no acudir a una concentración que han desaconsejado voces facultativas como la del Colegio de Médicos de Barcelona y pedirán explicaciones al Ejecutivo de Torra.

Lo cual lleva a plantearse otra pregunta: ¿Pero es factible jurídicamente prohibir la Diada por motivos des salud pública? El experto en Derecho Constitucional Javier Rodríguez nos explica que cuando hay una confrontación entre dos derechos fundamentales del Titulo Primero de nuestra Carta Magna es el constitucional el que establece cual tiene prioridad: «En mi opinión creo que debería prevalecer el derecho a la salud pública de los ciudadanos. Hace cinco años, o incluso el año pasado, nadie se hubiera atrevido a establecer algo así. El delegado del Gobierno que hubiera hecho eso estaría en un psiquiátrico... pero hoy en día sería al revés». Para Rodríguez, «hoy en día los jueces y las administraciones podrían invocar la salud de los ciudadanos para impedir una manifestación como la de este viernes» e incluso si no lo hace podrían ser podrían ser acusados de un delito.

Una vez más esta Diada en plena pandemia demuestra algo que muchos juristas llevan recordando desde que estallaron los capítulos más violentos de rupturismo del independentismo en Cataluña: en España existe una carencia de legislación adecuada para defender el propio Estado. Y como el analista político Fernando Jauregui señalaba ayer mismo: «Ante la inacción de Ejecutivo y Legislativo para llenar este hueco, los jueces se encuentran no pocas veces con las manos atadas. ¿Cómo, por ejemplo, no pensar que una decisión judicial podría detener la celebración más o menos masiva este jueves de esa Diada, tan peligrosa en tiempos de pandemia? Claro, pero ¿quién, qué magistrado, sería capaz, en estos momentos de confusión, fanatismo y locura, de poner el cascabel al gato, cuando las acusaciones gratuitas (a veces) de servidumbre partidaria se lanzan contra los jueces como balas contra la independencia judicial?».