El Gobierno sí esta dispuesto a investigar la Guerra Civil pero no los crímenes de ETA

Dignidad y Justicia denuncia la escasez de medios para esclarecer los asesinatos de los terroristas frente a los que se destinarán a la contienda militar

“Las víctimas del terrorismo nos vemos una vez más ninguneadas con el Anteproyecto de Memoria Histórica, pues vemos cómo en la Audiencia Nacional, lo más que hemos conseguido es el nombramiento de un fiscal coordinador de los casos de asesinato sin resolver cometidos por la organización terrorista ETA, sin haber conseguido los objetivos propuestos, dada la escasez de medios materiales y humanos para poder revisar los más de 370 casos sin resolver muchos de los cuales aún no han prescrito. Sin embargo, sí hay medios, y sobre todo ganas, para crear una Fiscalía de Sala para la investigación de hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura”, según denuncia la asociación Dignidad y Justicia.

“Llama la atención el despliegue de medios para la creación de esta Fiscalía en el Tribunal Supremo, en la que se le atribuyen al fiscal, funciones más propias de un historiador que de un investigador del Derecho, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos que son objeto de regulación en este anteproyecto y la prescripción de los mismos. Sin embargo, hay una falta de voluntad por parte de la Fiscalía General del Estado, de impulsar la causa por delitos de lesa humanidad por los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA, abierta en la Audiencia Nacional, a pesar de haberse dictado Auto de procesamiento desde el año 2015, y siendo imprescriptibles estos delitos.”, agrega.

.Subrayan que “asistimos con impotencia a cómo dicho Anteproyecto prevé la adopción de medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial y actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista, regulando incluso un régimen sancionador que va desde los 200 hasta los 150.000 euros, cuando los mecanismos para proteger el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo han quedado vacíos de contenido, como el artículo 578 del Código Penal, planteando incluso este Gobierno, la posibilidad de su derogación”.

“¿Acaso no merecen la misma protección de sus derechos al honor, a la dignidad, a la verdad y a la justicia las víctimas del terrorismo de la organización terrorista ETA?”, concluyen.