El Gobierno espera a ERC para convocar la «mesa de diálogo»

Desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa en 2018 uno de los ejes que han marcado su proyecto ha sido la «cohesión territorial» y especialmente la apertura de una nueva etapa de entendimiento con Cataluña. La «desjudicialización» y el abordaje de una salida dialogada para el «conflicto político» catalán. Sin embargo, esa vocación se ha topado en numerosas ocasiones contra el muro del soberanismo, propiciado, en parte, por la pugna fratricida que mantienen los socios que componen el Govern. La excesiva dependencia del Ejecutivo de Sánchez de los independentistas ha obligado a Moncloa a deshacerse en gestos hacia ERC y ahora que Quim Torra ha salido de la ecuación –y de la escena política– fuentes gubernamentales no ocultan su esperanza de que se abra lo que denominan una «ventana de oportunidad» para establecer un marco de relaciones estables con Cataluña.

Aunque oficialmente no se salgan de la línea tradicional del respeto a las decisiones judiciales, en privado se reconoce que este nuevo contexto –con un horizonte electoral cada vez más cierto– servirá para facilitar y clarificar la interlocución bilateral. La máxima expresión de esta estrecha relación es la «mesa de diálogo», que lleva paralizada desde que en febrero tuviera su primera y última reunión. Primero se dilató por la pandemia del coronavirus, pero, superada la primera ola de la emergencia sanitaria, fueron las reticencias de Quim Torra a convocarla, las que frustraron el encuentro. Fuentes gubernamentales reconocían hace escasas horas que todavía no habían tenido tiempo de retomar las conversaciones sobre este asunto, porque era precipitado retomarlo cuando apenas habían tenido tiempo de digerir la inhabilitación del ex president de la Generalitat. Pero superado su bloqueo, sí reconocen que están «a solicitud» del Govern para retomar el tiempo de «diálogo y reencuentro» con Cataluña. «Los tiempos del frentismo y la desobediencia han pasado», resuelven con alivio. El procedimiento que todavía queda por activar es el de que los Gabinetes de ambas partes se pongan en contacto y de acuerdo para pactar una fecha, algo para lo que en Moncloa se muestran «a disposición».

Otras de las derivadas políticas que entran en juego con la salida de Torra de la Generalitat es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En Moncloa «creen la palabra» de ERC cuando muestra su «voluntad y disposición a aprobar y acordar las cuentas». Desde el Gobierno se recuerda, entonces, que se hablará con todos los grupos políticos, «muy especialmente con los que ayudaron a superar la investidura» para conseguir sacar adelante los PGE. Un comentario que vuelve a sembrar las dudas sobre si en el Ejecutivo se han decidido ya por esta fórmula o si buscarán a Ciudadanos como alternativa. No obstante, en Moncloa recuerdan cómo los republicanos se bajaron del barco en el último momento en 2019 y son conscientes de que «nos pueden dejar tirados», por lo que siguen sin cerrarse ninguna puerta.

Sí defienden que el contexto electoral en Cataluña no tiene por qué ser perjudicial para la tramitación de las cuentas. En concreto, los Presupuestos se aprobarían a principios de enero y los comicios en Cataluña se celebrarían justo un mes después, en febrero. Desde el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero consideran que a Esquerra le interesa presentarse ante la sociedad catalana como un partido con influencia en Madrid, que consigue inversiones para Cataluña y que incluso puede vincular la aprobación de estos presupuestos con los suyos propios. Montero confirmó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que espera tener las cuentas listas para principios del 2021, lo que obligaría a una «prórroga técnica» de las cuentas de Cristóbal Montoro. Una eventualidad a la que restó trascendencia, por entender que «una o dos semanas no me van a impedir hablar con todos los grupos». La vocación de la ministra es lograr ahormar el mayor «consenso y acuerdo posible» y para ello se sigue apelando a todas las fuerzas políticas.

Desautoriza a Podemos

La ausencia del Rey Felipe VI en el reparto de despachos a los jueces el pasado viernes en Barcelona sigue coleando en Moncloa. La portavoz del Gobierno desautorizó ayer a sus colegas de Unidas Podemos, Alberto Garzón y Pablo Iglesias que se pronunciaron públicamente para criticar al Monarca. El ministro de Consumo lo hizo acusándole de «maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido» y el vicepresidente segundo cuestionando la «neutralidad política del jefe del Estado». En este sentido, Montero puntualizó que «el Rey respeta siempre, siempre la neutralidad democrática» y si dejó un recado a alguien fue para el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por desvelar el contenido de una «llamada de cortesía» que, se debe situar siempre en el terreno de la «discreción».

Nada más que añadir sobre esta cuestión, que en un primer momento se argumentó como una cuestión de seguridad para «proteger a la institución» monárquica y posteriormente se apuntó a que era para salvaguardar la convivencia en Cataluña. Sobre esta última apreciación del ministro Juan Carlos Campo no se quiso pronunciar la portavoz, que se limitó a destacar el compromiso del PSOE con la Constitución, de la que es «padre y madre». «Este Gobierno cumple la Constitución de la A a la Z. Se llame Monarquía o Poder Judicial», dijo en alusión al bloqueo del PP.