El código ético de Podemos “blinda” a Iglesias ante una posible imputación

Los morados exigían en 2014 la renuncia de sus cargos públicos en el momento que fueran imputados, sin embargo ya no exige la renuncia de sus cargos públicos u orgánicos en el momento de la imputación, sino cuando son procesados

Tras conocer la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón haya pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por tres supuestos delitos relacionados con el “caso Dina”, el PP ha pedido directamente al también líder de Podemos que “se aplique el código ético” de su partido y “dimita”.

Lo cierto es que en el Código ético de Podemos no existe ningún rescoldo que ampare la dimisión inmediata de Pablo Iglesias. En los documentos fundacionales de Podemos, en 2014, sí que se obligaba a sus cargos electos e internos a renunciar de sus funciones en el mismo momento que un juzgado les imputara -escenario que todavía no se ha producido-. En el anterior código del partido se citaba de forma expresa “el compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos”.

Sin embargo, en el año 2018, el partido modificó el Código ético morado con el fin de proteger a sus dirigentes, como ante el actual caso Dina, o los casos por presunta malversación de fondos públicos que investiga la justicia tras la denuncia del ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente.

El código morado vigente elimina la palabra “imputado”. En virtud de la nueva modificación, ningún cargo de Podemos está obligado a dimitir si no hay sobre la mesa un auto de procesamiento firme que implique que deba sentarse en el banquillo ante la Justicia.