El PP llevará a la UE la “censura”

El poder sin precedentes de Iván Redondo, cabeza del Gabinete presidencial, sigue creciendo. El último encargo de Pedro Sánchez es que tome las riendas del comité que crea el Gobierno de coalición para controlar la «desinformación». El proyecto en sí «tiene encaje en una estrategia europea», según subrayan en Moncloa, y, sin duda, que hay una parte de las «fake news», todas aquellas que promueven Rusia u otros poderes con intereses espúreos, que hay que vigilar, controlar y combatir. Pero este comité nace contaminado porque al frente no hay una dirección independiente, sino que pasa a engrosar el inmenso poder en la sombra de Iván Redondo.

La norma europea en la que se ampara el Gobierno afecta al terrorismo y está bloqueada precisamente por la oposición del Grupo Socialista. Desde Europa, el portavoz popular, Esteban González Pons, advirtió de que «mentir para combatir mentiras es un mal comienzo». El PP anticipa, además, una reacción de la UE, y en su margen de actuación la promoverán, como ya se han movido en Bruselas contra la reforma sobre el mecanismo de elección del Poder Judicial y lo harán contra el nuevo Estado de alarma.

Ayer la oposición saltó rápida a cuestionar la iniciativa: «Sánchez saca una orden para vigilar medios y perseguir lo que su Gabinete considere desinformación. Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad», hizo correr Génova con diligencia a través de la cuenta de Twitter de Pablo Casado. Con la misma rapidez que recuperó tweets del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cuando desde la oposición era él quien acusaba al Gobierno de Mariano Rajoy de «pretender erigirse en defensores de la verdad, mientras usan RTVE para su propaganda y difunden las “fake news” de los tabloides de sus amigos». «No a la Ley Mordaza», decía el Pablo Iglesias de marzo de 2018.

La crítica de la oposición va de serie, como el intermitente de los coches, pero donde hay tema es en el malestar dentro del PSOE, igual de creciente que el poder en la sombra de Iván Redondo. No sólo es malestar, sino también «temor» por el uso que éste pueda hacer del nuevo poder que recibe. Dentro del partido, donde los recelos hacia Podemos son también crecientes, señalan que el nuevo comité tendrán que explicarlo muy bien porque «con Podemos dentro del Gobierno, ponerte a controlar suena a otra cosa», admiten desde las filas socialistas.

Y en la misma línea, desde uno de sus Gobiernos autonómicos, apuntan: «Con un vicepresidente que confiesa abiertamente que la ilusión de su vida es controlar RTVE, y que su partido monta un medio digital para señalar a otros medios, no parece el modelo más adecuado para ponerse a regular sobre nada de esto».

El motivo de la polémica está en la decisión del Gobierno de impulsar a través del Ministerio de la Presidencia, que dirige Carmen Calvo, un plan para actuar contra la desinformación y la difusión «deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

La disposición publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) anuncia la creación de un mecanismo de vigilancia, cuyas riendas llevarán Presidencia del Gobierno y la Secretaría de Estado de Comunicación. Sus máximos «jefes» serán dos «fontaneros» de Moncloa: Redondo y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. La iniciativa fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, y «toma como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018, que reivindicaba una acción coordinada de todos los estados miembros para atajar la desinformación».

Sin embargo, las supuestas recomendaciones de la Unión Europea en las que se ampara el Gobierno se refieren a interferencias extranjeras (Rusia, terrorismo...) y no sobre control de medios nacionales. Si una oficina semejante la hubiera creado el CNI sería distinto, pero al surgir desde la Presidencia del Gobierno no es equiparable con el plan de acción de la UE. Precisamente se acaba de crear una comisión especial en el Parlamento Europeo (que aún no se ha reunido) para estudiar cómo habría que hacer una norma comunitaria al respecto.

Iván Redondo tiene todo el poder en el complejo de Moncloa, se encarga de la planificación y seguimiento de la actividad gubernamental y asiste a la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios y actúa como secretario en el Consejo de Seguridad Nacional.

La estructura para la lucha contra la desinformación está formada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la Desinformación, las Autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil. Las «Autoridades Públicas competentes» son más órganos del Gobierno: la Secretaría de Estado de Comunicación, la Presidencia del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y los Gabinetes de comunicación de ministerios y otros organismos relevantes.

Toda esta redacción burocrática y oficial esconde un ambicioso proyecto que lleva a la oposición a disparar la crítica hasta hablar de «censura previa para los medios libres». El presidente del Gobierno defendió cuando era el jefe de la oposición la derogación de la llamada «ley mordaza» del PP, porque entendía que abría la vía para la censura.

En la disposición aprobada ayer por el BOE se dice que el Gobierno promoverá acciones para apoyar el fomento de la información veraz, completa y oportuna. También se creará una Estrategia de Lucha contra la Desinformación. La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que «vivir en una sociedad transparente es un valor siempre, pero también hay materias que por su propia naturaleza tienen que tener un componente secreto».

«En el mundo hay una serie de enemigos sobre los que hay que tener conocimiento. Pero como norma fundamental, en un país democrático la transparencia es esencial, y esto implica rigor a la hora de informar y ser conscientes de que hay materias que no pueden tener una difusión».