Dos condenados por agredir a los guardias civiles podrán salir de prisión para estudiar Psicología y trabajar

Dos de los condenados del “caso Alsasua” por la agresión a un teniente y a un sargento de la Guardia Civil y a sus parejas en un bar de la localidad navarra en octubre de 2016 podrán salir de prisión para estudiar y trabajar.

Así lo ha acordado la Audiencia Nacional en una resolución en la que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, avala que Julen Goikoetxea y Joan Ander Cob -los únicos que permanecen en prisión- sean clasificados en segundo grado y puedan beneficiarse de las medidas de flexibilización en el cumplimiento de la pena que incluye el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Ambos fueron condenados por el Tribunal Supremo -que rebajó las penas impuestas por la Audiencia Nacional al no apreciar las agravantes de abuso de superioridad y de odio- a siete años y medio de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad y tres de lesiones, pero no por un delito de terrorismo, como solicitó la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Cob y Goikoetxea llevan en prisión desde junio de 2018 y extinguirán su condena el 26 y 27 de septiembre de 2025, respectivamente.

El magistrado señala que Goikoetxea muestra “una buena conducta penitenciaria” y destaca su “aprovechamiento” de las actividades formativas y el “buen uso de los permisos de salida”. Además, valora sus “posibilidades de empleo” y que ha asumido la “responsabilidad delictiva” y está “abonando la responsabilidad civil” a la que fue condenado (ya ha abonado 12.000 euros), habiendo cumplido ya una cuarta parte de la condena desde el pasado marzo.

Según ha expresado él mismo, recuerda el juez Castro, se ha comprometido a satisfacer la responsabilidad civil “al ritmo que me permita mi situación económica y la ayuda familiar. Así, me comprometo a pagar una cantidad fija mensual de 200 euros y algún pago puntual de mayor cantidad que permita agilizar el pago”.

“Pasa gran parte del tiempo en la biblioteca”, añade, y los servicios penitenciarios acreditan “una evolución positiva” dado que “reconoce plenamente su participación” en los hechos por los que fue condenado “desde la primera entrevista” y “se muestra colaborador”, “asumiendo desde una perspectiva crítica la conducta delictiva realizada y las consecuencias para las víctimas”.

Goikoetxea se ha matriculado en la UNED “a fin de empezar los estudios del Grado en Psicología” y, según ha constatado el equipo técnico del Juzgado, tiene una oferta de trabajo. Para el magistrado, su pronóstico de reincidencia es bajo.

“Ahora obraría de otra manera”

En cuanto a Cob, que también estudia Psicología, el magistrado constata igualmente su buena conducta y deja constancia de que de todos los condenados en la causa “es uno de los que menos implicación tiene y de los que más tarde aparece por el lugar de los hechos”. “Ha reflexionado sobre todo lo ocurrido y podría asegurarse que ahora obraría de otra manera. Es consciente de la gravedad de lo ocurrido y también de que no merece la pena perder parte de los mejores años de su vida, porque alguien vista, viva y represente una opción diferente”, apuntan desde el centro penitenciario.

Su nivel de reincidencia es también considerado bajo y se menciona en la resolución que Cob “ha evolucionado en el trato con los profesionales del centro" y “de la corrección (casi distante por creernos parte del sistema) ha pasado a la normalidad e interés por participar en actividades y aprovechar el tiempo. Ha mudado sus estudios de gestión forestal en el exterior, por acceder a la UNED para estudiar psicología”.

Como su compañero, “ha venido asumiendo de forma real y efectiva el pago de la responsabilidad civil, hasta el extremo de haber abonado la cuantía de 6.400 euros de la responsabilidad solidaria impuesta en sentencia" y se ha comprometido a abonar 200 euros mensuales hasta completar esa cantidad. Tiene, igualmente, una oferta laboral constatada, una actividad que “deberá compaginarse con los estudios universitarios y permitirá al penado detraer de su salario una cantidad para seguir abonando la responsabilidad civil”.

En su sentencia, el Tribunal Supremo concluyó que los ocho condenados eran “conscientes de que el teniente y el sargento, aún estando fuera de servicio”, pertenecían a la Guardia Civil y estaban destinados en Alsasua, agrediendo a los dos agentes y sus parejas "actuando amparados y aprovechándose de la existencia de un numeroso grupo de personas tanto dentro como fuera del bar, y en todo caso guiados por su clara animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos intentando expulsar a dicho estamento de la localidad de Alsasua”.

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