Interior “borra” a los inmigrantes del muelle de Arguineguín de la foto

El mayúsculo problema que suponía el muelle de la vergüenza de Arguineguín, donde llegaron a permanecer hasta 2.600 personas hacinadas, se ha resuelto de la noche a la mañana. Tras más de tres meses de petición de auxilio de las autoridades locales, que denunciaron ante el juez la condiciones de las personas rescatadas, el Gobierno ordenó el domingo por la noche el desalojo de las instalaciones y su traslado a Barranco Seco donde se ha instalado un campamento militar.

«Ya no queda nadie», explica la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a LA RAZÓN. Técnicos de Cruz Roja se afanaron en las últimas horas por cumplir lo expuesto por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska en su última visita en el 6 de noviembre en su visita a Canarias que «en las próximas semanas» disolvería el campamento. Más de 20 días después, el campamento es historia, por el momento. «Ahora nos toca limpiar y acondicionar la zona porque ha quedado todo hecho un desastre», asegura la regidora.

No hay un solo motivo que explique por qué los inmigrantes han desaparecido. Por un lado, el pasado viernes, después de una visita sorpresa, el Defensor del Pueblo pidió a Interior el cierre del campamento porque «se podrían estar vulnerando los derechos fundamentales». Esta petición se sumaba a las de CEAR, Amnistía Internacional o del propio Ejecutivo regional. Las voces que reclamaban el cierre eran cada vez más y su eco mayor gracias a los medios de comunicación, muchos de ellos internacionales, que se interesaron por la situación de estas personas.

Además, la proximidad de la temporada alta de las Islas es también otro de los motivos por los que los inmigrantes han desaparecido. En un principio, el Gobierno confiaba en que el progresivo empeoramiento de las condiciones climatológicas en la zona supusiera el final de la crisis pero la ausencia de temporales de consideración sorprendió a nuestras autoridades y truncó sus planes. Antes del 2 de diciembre. Esa era la fecha que manejaba el Ejecutivo porque es cuando desembarcan masivamente los turistas extranjeros, que si bien siempre son necesarios, este año de pandemia son oxígeno puro para el sector empresarial que sustenta la actividad económica de la región.

Tras el desmantelamiento del campamento de Arguineguín y la petición de los hoteleros de poder dedicarse al sector turístico, todas las miradas se dirigen hacia el CATE de Barranco Seco y el resto de equipamientos que el Gobierno central espera habilitar para atender la crisis migratoria. Según el último recuento del fin de semana se contabilizaban 450 personas incluidos los últimos de Arguineguín. En Barranco Seco pueden permanecer un máximo de 72 horas, según establece la Ley, mientras se les realizan las filiaciones. En estos momentos el CATE dispone de una capacidad para 600 personas, pero desde Interior se espera que próximamente las plazas pasen a ser 1.000. El complejo comenzó a funcionar el pasado 19 de noviembre, sin embargo ha tardado más de veinte días en acoger a los ilegales de Arguineguín.

El traslado no deja de ser un parche. Una vez en suelo español hay que comprobar si cumplen las condiciones para recibir el estatus de refugiado, o por el contrario, tienen que ser devuelto a sus países de origen. Con la pandemia, también la repatriación de estas personas se ha complicado ya que muchas fronteras permanecen cerradas.

El otro problema que sigue sin resolverse es el de los hoteles turísticos convertidos en centros de acogida. El sector turísticos así como los vecinos piden que se desalojen ya a los inmigrantes de estas instalaciones porque desincentivan el turismo nacional y extranjero y porque está generando tensiones entre los vecinos. De hecho, según ha podido saber LA RAZÓN, de los diez hoteles que están alojando a gente, tres de ellos ya han anunciado por escrito su intención de poner fin a los contratos para acoger a los inmigrantes. Se calcula que unas 7.000 camas están en estos momentos ocupadas por inmigrantes con un coste de 300.000 euros diarios para el Gobierno. Solo en octubre y noviembre han llegados más de 12.000 inmigrantes a las Islas Canarias.