El «turismo» de la Memoria Democrática

Uno de los fines de la futura Ley de Memoria Democrática, además del reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, es el didáctico, pues el Gobierno busca fomentar el conocimiento de esta etapa de la historia reciente de España. Es, como asegura en la exposición de motivos de su anteproyecto de Ley, una forma de «cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político». Pero también es «un compromiso con el futuro», de ahí que tanto la enseñanza como la difusión de la realidad sean claves en esta nueva norma, la cual en su articulado otorga un protagonismo especial a lo que ha bautizado como «Lugares de Memoria Democrática».

Según la definición exacta de la Ley,se trata de «aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado o plasmado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática,la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos». Y el Gobierno quiere darlos a conocer fomentando las visitas turísticas.

Lugares «históricos», en definitiva, que adquirirán una función «conmemorativa y didáctica», para lo cual el Ejecutivo creará «un inventario (presupuestado en 50.000 euros) como instrumento de publicidad y conocimiento de los mismos». Para ello, promoverá ese conocimiento mediante programas de divulgación y llevará a cabo acciones para difundir lo sucedido, como el «diseño e instalación de lugares de memoria públicos».Y dos ya existentes destacan sobre el resto en esta norma:el Valle de los Caídos y el Panteón de Hombres Ilustres», que pasará a llamarse «Panteón de España».

“Preservar la memoria”

Los nuevos lugares se incluirán en el citado inventario una vez sean aprobados por la Secretaría de Estado de Memoria y publicados en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, las administraciones públicas deberán protegerlos, garantizando su «su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada». Porque, como apunta el Ejecutivo, la Ley «persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista».

Muchos de ellos ya han sido declarados como tal por diferentes comunidades (como las tapias del cementerio de Granada o el antiguo penal del Puerto de Santa María, en Cádiz), pero el Gobierno les invita a «incorporarse al inventario a efectos de su divulgación y publicidad».

En dichos lugares se instalarán «placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo en los mismos» y si en un espacio concreto se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, contrarios a los derechos humanos o hubieran sido lugares donde se realizaron trabajos forzosos, «se señalizará un punto de reconocimiento de las víctimas indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos», marca el artículo 54.2 de esta Ley.

Edificios levantados por trabajadores forzados

Unos lugares que, además de en su emplazamiento físico, también formarán parte de un mapa virtual. De hecho, el Gobierno quiere elaborar «un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas».

Junto a esto, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática establecerá convenios con las comunidades, entidades locales o asociaciones para «impulsar la adecuada promoción de lugares e itinerarios (en el caso de que varios lugares se encuentren próximos), físicos y virtuales, de memoria democrática con el objeto de que puedan ser debidamente conocidos y visitados». En esta tarea incluye a los departamentos con competencias en patrimonio histórico, educación, medio ambiente y turismo.

Y va más allá con su intención de desarrollar mecanismos institucionales para «integrar los lugares de memoria democrática en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes». Aquí hace referencia a los «campos de exterminio o trabajo forzoso en los que fueron confinados miles de exiliados o disidentes», cuya promoción y protección tratarán de potenciar «en coordinación con los estados en los que se encuentren ubicados».

Espacios, en definitiva, claves para este objetivo divulgador de la Memoria Democrática que busca el Gobierno. Tanto, que la «destrucción o menoscabo» de alguno de ellos, sobre todo los de gran relevancia histórica, se considera una infracción muy grave y puede llevar acarreada una multa de hasta 150.000 euros. El deterioro de las placas identificativas de estos espacios, de 200 a 2.000 euros.