El Gobierno usará la Ley de Memoria Democrática para hacerse con el archivo de la Fundación Franco

Son 30.000 documentos de “carácter privado”, según su presidente, el general Chicharro, que habla de “robo”

Un busto de Franco junto a una foto de familia del dictador, en la sede de la Fundación Nacional Franscisco Franco, en Madrid
Un busto de Franco junto a una foto de familia del dictador, en la sede de la Fundación Nacional Franscisco Franco, en MadridDavid JarDavid Jar

El Gobierno de coalición quiere hacerse con los fondos de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Lo anunció esta primavera, pero acaba de reiterarlo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla. A una pregunta de Compromís acerca del archivo franquista, el Ejecutivo respondió en abril que estaba “pendiente de establecer una estrategia de colaboración interministerial” para la recuperación de esos documentos “y su depósito en un archivo estatal”.

Montilla ha confirmado ahora que se está estudiando la posibilidad de esa reclamación, y que se haría en el marco de la Ley de Memoria Democrática (LMD), pendiente de aprobación, para sustituir a la Ley de Memoria Histórica (LMH) de José Luis Rodríguez Zapatero. La previsión es que la nueva norma esté en vigor en el primer semestre de 2021.

La solicitud partiría de los ministerios de Cultura y Deporte y el de Presidencia. El parlamentario de Compromís Carles Mulet ha cifrado en más de 30.000 los documentos existentes en la sede de la FNFF.

En caso de culminar la petición, la intención es integrarlos en el Centro Documental de la Memoria Histórica, según se recoge en el proyecto de Ley de Memoria Democrática que ha puesto en marcha el Ejecutivo.

Para el presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, esa reclamación del Gobierno es “robar” porque “no les gusta la verdad histórica”, además de que “nos extraña mucho que nos quieran quitar el archivo porque, entre otras cosas, es privado”. Y así “está reconocido formalmente”, apunta. Al morir Carmen Polo se decidió “dárselo” a la Fundación para “no perderlo”, pero consta, asegura, de “cosas personales, no oficiales”, de Francisco Franco. Recuerda además que se firmó un convenio con el Ministerio de Cultura por el que “se da acceso a todo investigador que quiera verlo in situ”.

Asegura el general de Infantería en la reserva que no guardan “documentación perteneciente a la administración pública”, sino “originales de copias” que “ya se podían ver” en su sede “antes de su digitalización” en 2003.

Según el presidente de la FNFF, una vez culminada la digitalización de los fondos -idea que “surgió de la propia Fundación, con una subvención pública”-, el material pasó a formar parte de la red estatal de archivos, por lo que «el Centro Documental de la Memoria Histórica y entendemos que también el Archivo Histórico Nacional poseen copia de todos los documentos. Cualquiera puede verlos allí o aquí”.

Explica Chicharro que “hay documentos que no enseñamos en atención a la Ley de Protección de Datos, porque hay algunos referentes a los años 70 de personas que todavía viven, y no se pueden sacar a la luz sin su consentimiento”. Y “por otro lado, nos atenemos escrupulosamente a la Ley de Secretos Oficiales, que es del año 1968, una ley franquista que aún no ha habido acuerdo para cambiar. Pensar que un documento del año 1950 pueda afectar a la seguridad nacional hoy es ridículo, pero está afectado por esa ley”, afirma.

El militar a cargo del legado franquista califica la Ley de Memoria Democrática, con cuya aplicación se quieren integrar los fondos en el centro de memoria histórica, de “sectaria, totalitaria e inconstitucional”, y lamenta las intenciones del Gobierno, entre las que se encuentra la ilegalización de la FNFF.

Oficialmente nadie se ha dirigido por el momento a la Fundación Franco. “En ningún caso”, certifica Juan Chicharro, para quien “con arreglo a la Ley de Memoria Democrática harán lo que quieran, como están haciendo hasta ahora. Lo que está pasando con el Pazo de Meirás es el ejemplo más claro. Dar cobertura legal a decisiones ya tomadas. Todo es posible”.

En la inmediata actualidad de la Memoria Histórica, lamenta el general de Infantería la próxima eliminación del monumento a la batalla del Ebro, que será desmantelado del río a su paso por Tortosa, como acaba de anunciar la Generalitat de Cataluña. “Quieren borrar la Historia, además contra la opinión del pueblo, porque las posibles alegorías que podía haber sobre algún bando desaparecieron del monolito hace mucho tiempo”, asegura.