Francia entrega a España a la etarra que intentó destruir un complejo turístico en Castellón

Alaitz Aramendi formaba parte de un “comando” dirigido por el jefe de explosivos de la banda

Alaitz Aramendi Jaunarena

Francia ha entregado a España a la etarra Alaitz Aramendi Juanarena, a la que se relaciona con el intento de colocar una furgoneta bomba, similar a la que explosionó en la T-4 de Barajas, en un complejo turístico de Castellón en agosto de 2007.

La terrorista ha ingresado en la prisión de Alcalá Mujeres, según informa Etxerat, la asociación que reúne a la mayoría de los presos de ETA.

Aramendi, junto con otros tres terroristas, fue detenida en Francia días después intento de atentado, frustrado cuando los etarras pensaron que habían sido detectados por las Fuerzas de Seguridad.

En la operación, que fue posible gracias a la información aportada por la Guardia Civil, fue hallada numerosa documentación, abundante material para elaboración de explosivos: una treintena de detonadores, una bomba-lapa con medio kilo de pentrita, dos calentadores de agua modificados y dotados de un detonador, dos rollos de cordón detonante, una bombona de oxígeno, 100 kilos de pólvora de aluminio, 80 kilos de nitrato de amonio y 24 kilos de azufres que se emplearían en la fabricación de amonal (200 kilos de explosivos en total).

Uno de los detenidos era Luis Ignacio Iruretagoyena, “Suni”, de 50 años, entonces uno de los máximos expertos de la banda en materia de explosivos y pieza clave del “comando”.

Asimismo, se encontraron cuatro pistolas, dos subfusiles, un fusil ametrallador, y un lanzagranadas artesanal.

La furgoneta bomba fue detonada por los etarras en Les Coves de Vinromà, al no poder colocarla en el objetivo elegido.

Sin embargo, la etarra no fue condenada por esta acción criminal, sino por la colocación de otro coche bomba. En abril de 2018, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia contra ella, con una pena de  535 años, por hacer estallar una furgoneta bomba en el distrito madrileño de San Blas en mayo de 2005, causando heridas a 45 personas, 14 de ellos policías. Se consideró probado que, en la noche del 24 al 25 de mayo de 2005, ambos acusados se desplazaron a la localidad madrileña de El Escorial para robar un vehículo con el fin de colocarle un explosivo y cometer un atentado en Madrid. Posteriormente, dejaron el vehículo aparcado a la altura del número 4 de la calle Rufino González, esquina con la calle Alcalá, “con el fin de causar el mayor daño material posible y ocasionar la muerte o lesiones a las personas cercanas al lugar”.