El Gobierno pacta con ERC volver a la mesa de diálogo tras el 14-F

El Pleno del Congreso de los Diputados se ha convertido hoy en un acto más de la campaña a las elecciones catalanas. La moción a iniciativa de ERC que pedía «avanzar de manera decidida» hacia la «resolución del conflicto político» se ha utilizado por sus impulsores para defender desde la tribuna de oradores que es «imprescindible que Esquerra gane las elecciones». Como si de un mitin se tratara, Montserrat Bassa, no solo ha asegurado que «nunca haremos gobierno con el PSC», sino que ha pedido unir fuerzas entre los partidos independentistas para evitar que Salvador Illa llegue a gobernar, porque de ese modo, la mesa de diálogo que pretenden impulsar, una vez que se superen los comicios no tendrá sentido. Este enfrentamiento directo contra los socialistas, que se ha reeditado en forma de «todos contra Illa» por parte de todos los portavoces soberanistas que tomaron la palabra, choca con la vocación del propio Gobierno de que se concrete una nueva reunión tras el 14 de febrero.

Los partidos que conforman la coalición (PSOE y Unidas Podemos) se han posicionado a favor de retomar la interlocución preferente con la Generalitat que se abrió con la llegada de Sánchez a la Moncloa. Los socialistas quitan trascendencia a su apoyo, recordando que no difiere en nada de los compromisos explicitados por Pedro Sánchez en su investidura para granjearse el apoyo de ERC. Desde Moncloa siempre se han mostrado dispuestos a retomar la mesa de diálogo, pero se escudaron en la situación de la pandemia actual y en la inestabilidad y el desgobierno en Cataluña para retrasarla.

Sin embargo, lo que hasta ahora era un foro de interlocución, se utilizará ahora por parte de los republicanos para concurrir a las urnas con un compromiso de diálogo restablecido, pues necesitan reivindicar ante Junts per Catalunya que la vía pragmática da sus frutos. Por su parte, Laura Borrás, ha asegurado que si gana las elecciones y es presidenta de Cataluña, el Gobierno tendrá que negociar con ella y si no quiere, se impondrá su “plan A” que es atender al mandato del 1-O, esto es, la unilateralidad.

Los republicanos recuperaron sus apuestas maximalistas, recordando «la violencia» y «la represión del Estado» e insistiendo en que la solución a la crisis catalana pasa por amnistiar a los líderes del «procés» y facilitar el ejercicio del «derecho de autodeterminación». Ambas condiciones se deberán promover por el nuevo Parlament que surja de las urnas el 14-F o mediante acuerdo entre gobiernos.

Pero este posicionamiento tiene más de postureo electoral, no pueden bajarse del carro de la unilateralidad, que de concepción realista, pues son conscientes de que desde el Gobierno central no se va a superar ningún límite de los que marcan la ley y la Constitución, en la línea de que ambas impiden la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación. Desde los partidos de la derecha, PP y Ciudadanos utilizaron el acuerdo de Gobierno y ERC para visibilizar que ya hay un pacto electoral en Cataluña para tejer un «tripartito». «No es una mesa de diálogo, es la mesa del tripartito», destacaron.