El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con las medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia; y, en concreto, para determinar si el control judicial sobre los confinamientos perimetrales ha podido vulnerar el principio de separación de poderes. El magistrado Andrés Ollero será el ponente de esta causa.

El Tribunal acuerda dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a la Fiscal General del Estado, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Asimismo, se comunica a la Sección Primera de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que el proceso queda suspendido hasta que el TC resuelta definitivamente la cuestión de inconstitucionalidad.

Los jueces del tribunal autonómico de Aragón consideran que se ha podido vulnerar el principio de separación de poderes establecido en los arts. 106.1 y 117.3 y 4 de la Constitución. El primero de esos preceptos hace referencia a, control judicial de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican; mientras que el 117.3 y 4 aluden a que corresponde a los jueces juzgar y ejecutar lo juzgados y no podrán realizar otras funciones que las derivadas de las anteriores.