La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se queja a la Audiencia Nacional de que es objeto de una “investigación prospectiva” después de que desde el juzgado de Manuel García Castellón, instructor del “caso Kitchen”, se haya pedido a Asuntos Internos “un pronunciamiento sobre posibles diligencias” a acordar antes de devolver al extitular de Interior el móvil que facilitó al magistrado. El instructor se lo solicitó para comprobar que en él no figuran los sms sobre el supuesto espionaje a Luis Bárcenas que le atribuye su exnúmero dos Francisco Martínez, por lo que el exministro cree que esa decisión es “improcedente e inútil”.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- el letrado cuestiona la diligencia de ordenación del pasado 23 de febrero por la que desde el juzgado de Manuel García Castellón se decidió preguntar a la unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre “diligencias que puedan ser objeto de interés para la investigación” antes de devolver al exministro su teléfono móvil.

Pero esa resolución la adopta el secretario judicial del juzgado de Manuel García Castellón, y no el magistrado, lo que la defensa de Fernández Díaz considera que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de seguridad jurídica pues el letrado de la Administración de Justicia, subraya, puede recurrir a esas diligencias de ordenación solo para “impulsar el procedimiento conforme a los trámites procesales regulados en la ley o conforme a las decisión previamente adoptadas por el juez”.

De esta forma, se queja, se impulsa una investigación “genérica” del teléfono móvil de Fernández Díaz “sin límites ni fines concretos”, lo que entiende que vulnera el derecho fundamental a la intimidad. Y llama la atención sobre el hecho de que, tras cinco años al frente de Interior, el terminal “puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de investigación en esta causa”.

“Ambigua e imprecisa”

El exministro sostiene que una vez comprobado en sede judicial que en el móvil no se hallan esos mensajes, “en ningún caso procede condicionar ahora la devolución del teléfono a la práctica de nuevas diligencias” que “no se concretan ni se motivan y que parece han de ser sugeridas o solicitadas” por la Policía. Una actuación que considera “ambigua e imprecisa” y que según expone corresponde adoptar en todo caso al instructor.

Según el abogado Jesús Mandri, esa decisión genera indefensión a Fernández Díaz al desconocer “los motivos” de la misma y dado que “no podría ser recurrida” ante la Sala de lo Penal, como sí ocurriría si se tratase de una decisión judicial. e ahí que, en su opinión, esa resolución sea nula salvo que la refrende García Castellón en un escrito aparte. “Cualquier investigación prospectiva es incompatible con un estado de Derecho”, reitera.

El letrado recuerda que el exministro entregó su móvil al instructor tras requerimiento de García Castellón el pasado noviembre. El objetivo era comprobar si en la memoria del dispositivo se almacenaban los sms que, según el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, le habría enviado en 2013 en relación a la “operación Kitchen”, cuya autoría niega Fernández Díaz.

Pero el abogado subraya que en las resoluciones judiciales sobre esa diligencia quedó claro que el fin era el “examen” del móvil para la “exclusiva comprobación de si en dicho terminal se encontraban los mensajes supuestamente intercambiados” con Martínez y que éste protocolizó en dos actas notariales en Mahón y Madrid en 2019.

El pasado 22 de enero, se llevó a cabo ese análisis y se comprobó que “efectivamente no existían los mensajes” (Fernández Díaz ya había advertido que no conserva el terminal que usaba en esas fechas y que éste se trataba del siguiente móvil que utilizó).