Casado, sobre Plus Ultra: Sánchez deja tiradas a seis millones de familias y subvenciona a empresas ligadas al chavismo

El rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que el Estado ha inyectado 53 millones para salvar de la quiebra; sigue despertando grandes recelos entre la oposición. No tanto por el carácter o no estratégico de la compañía, una de las condiciones para hacerse acreedor de los fondos que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como por los presuntos lazos de una parte de su accionariado, Snip Aviation, con el régimen de Nicolás Maduro.

Hoy ha sido el mismo secretario general del PP, Pablo Casado, el que cargó con dureza contra la operación. El líder del principal partido de la oposición ha asegurado que el Gobierno «nunca ha estado más lejos de los ciudadanos», le acusó de estar «dejando a un lado a seis millones de familias» mientras apuesta por el «clientelismo» en el reparto de los fondos europeos y subvenciona a compañías como la aerolínea Plus Ultra, vinculadas al «chavismo».

Como publicó LA RAZÓN en su edición de ayer, Snip Aviation, que posee el 45% de Plus Ultra, es una sociedad sin actividad. La compañía forma parte del entramado de sociedades que tienen en España un grupo de empresarios caribeños vinculados al millonario venezolano Camilo Ibrahim Issa. Entre ellos están Roberto Roselli Miele y, sobre todo, Raif el Arigie Harbie, quien ha ejercido incluso como abogado de Camilo Ibrahim en algunos negocios en Panamá y Venezuela. Al frente de Snip Aviation S. L. figura la esposa de Reyes Rojas, con pasaporte español, según ha reconocido a este periódico el presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso. En total, el 52,5% de la aerolínea rescatada por la SEPI está en manos de empresarios venezolanos cuyos vínculos surgieron durante la primera década chavista.

Pymes y autónomos

Casado no ha sido el único que ha arremetido contra lo que considera un agravio comparativo por parte del Gobierno. Lorenzo Amor, presidente de ATA, la principal organización de trabajadores autónomas, ha afirmado que la ayuda a Plus Ultra es «cachondearse de los ciudadanos españoles, de los autónomos y de las pequeñas empresas españolas». En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Amor ha señalado que “se está hablando de que sus propietarios tienen cuentas en un paraíso fiscal como es Panamá”, y mientras, en estos momentos, “no pueden acceder a las ayudas directas autónomos o empresas que tengan cuenta en paraísos fiscales y, sin embargo, esta aerolínea sí”. Al respecto, el presidente de ATA ha criticado que decreto de ayudas “establezca que una pyme que en 2019 haya tenido pérdidas no puede acceder a las ayudas directas y que esta empresa que lleva años en pérdidas pueda acceder a 53 millones”. “Como digo, es cachondearse de los ciudadanos españoles, cachondearse de los autónomos y de las pequeñas empresas españolas”, ha apostillado.

Pese a las críticas a esta operación, desde el Gobierno se sigue defendiendo la legalidad y conveniencia de la misma. Ayer mismo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reiteró en el Foro Turismo, de Europa Press, que la aerolínea cumple con los requisitos para recibir las ayudas, ya que el fondo de la SEPI es “muy riguroso” y añadió que “si no hubiera cumplido los requisitos, no se hubiera llegado al acuerdo”.

La propia compañía negó “rotundamente” a través de un comunicado que tenga vinculación alguna con el régimen venezolano. Al igual que ocurre con el resto de compañías del sector, su capital social está compuesto por accionistas de diferentes nacionalidades, “si bien en todo momento se ha mantenido la mayoría en manos de ciudadanos europeos, y específicamente españoles”. “Las decisiones inversoras de nuestros accionistas están únicamente basadas en criterios de rentabilidad y credibilidad en nuestro proyecto”, explicó.