Sánchez sostiene a Marlaska tras el golpe judicial

Pedro Sánchez fichó en 2018 a Fernando Grande-Marlaska como «independiente» para su primer ejecutivo monocolor tras la moción de censura a Mariano Rajoy. El magistrado, asociado a la esfera del PP –no en vano este partido le propuso como vocal para el Consejo General del Poder Judicial– representaba ese perfil transversal que el presidente socialista quería imprimir a su Gabinete. Una apuesta personal que se ha topado con numerosas polémicas a lo largo de su andadura gubernamental, en la que ha entrado también en contradicción con su trayectoria en la magistratura. La última de estas controversias se ha producido a cuenta del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ha motivado un duro varapalo judicial, calificándolo la Audiencia Nacional de «ilegal» por un «ejercicio desviado de la potestad discrecional».

El ministro del Interior cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno. Así lo trasladan fuentes de toda solvencia a este diario que no valoran a día de hoy como una posibilidad su salida de Moncloa. Fundamentan su argumentación en que se trata de una sentencia contra la que cabe recurso, que se elevará a través de la Abogacía del Estado, y que todavía tiene que ser confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. «Ese momento no ha llegado».

El contexto, desde luego, no puede ser más inoportuno. En plena precampaña electoral para las elecciones a la Comunidad de Madrid, en la que los socialistas se presentan como una apuesta por la moderación y la responsabilidad, salta un contencioso que puede derivar en un proceso penal para el ministro, que ejerció como juez en la misma Audiencia Nacional que ahora lo cuestiona. En el Ejecutivo hay preocupación por las derivadas que pueda tener el asunto, pero no valoran una dimisión que atienda las exigencias de la oposición y que acabaría dándoles más munición contra el Gobierno.

Más si cabe, teniendo en cuenta que la destitución de Pérez de los Cobos fue una decisión que se tomó en Moncloa, tal y como reconoció en privado la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Además, el propio presidente respaldó públicamente a Marlaska cuando el argumento de que había sido una «reestructuración de equipos» fue insostenible, ante la evidencia de que el cese se había producido por no informar a sus superiores de las actuaciones judiciales sobre el 8-M, que afectaban entre otros, al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Entonces, Sánchez vinculó la salida del coronel de la Guardia Civil con un ejercicio de limpieza democrática. «Les puedo garantizar que mientras gobierne este Gobierno no habrá una mal llamada policía patriótica, un destacamento de policías consagrado a defender las actividades del Partido Popular. Lo que ocurre es que el que destapa esto es el ministro Marlaska, y por eso ustedes le atacan», aseguró en sede parlamentaria, a preguntas del líder de la oposición, Pablo Casado. Tanto en aquel momento como ahora, el ministro del Interior sostiene que no va a dimitir porque «no ha cometido ninguna ilegalidad». En el Ejecutivo, envuelven este enrocamiento en su facultad para destituir a personas que no sean de su confianza y la Audiencia responde que cualquier ejercicio discrecional se debe desarrollar dentro de la legalidad y está sometido al control jurisdiccional.

Apoyo de los socios

Marlaska no es uno de los perfiles más populares dentro del Gobierno. Conocidos son sus choques con algunos colegas del ala socialista –como su mala relación con Margarita Robles–, pero también con los miembros de Unidas Podemos, que han criticado profusamente su política migratoria, basada en no revertir las devoluciones en caliente. Sin embargo, en este asunto, el titular de Interior cuenta con el aval de los socios del Gobierno. Esto se debe a que Pérez de los Cobos es considerado la bestia negra del independentismo por su papel de coordinador del dispositivo policial del 1-O en Cataluña. El presidente de Podemos en el Congreso, Jaume Asens, criticaba en un tuit que «en España, la judicialización de la política parece no tener límites», alineándose con el ministro.

Este aval de los aliados del Gobierno hace que Marlaska pueda soportar por ahora la presión que los partidos de la oposición ejercen sobre él, Vox incluso ha presentado una querella por prevaricación, represalias y obstrucción a la justicia. La cuestión por dilucidar es si el recurso se resuelve positivamente para los intereses del Gobierno, porque en caso de que no lo haga, esta presión sería insoportable.