Cataluña

Moncloa prepara indultos a los líderes del “procés” para el verano

En el Ejecutivo pesa más la «pacificación» de Cataluña que el desgaste electoral. Son la clave para salvar la estabilidad con ERC

Sánchez deberá asumir el coste del indulto
Sánchez deberá asumir el coste del indultoKike RincónEuropa Press

La parte socialista que mantiene vías abiertas con el independentismo, sobre todo con ERC, sigue apostando a día de hoy a favor de que habrá Gobierno en Cataluña, y de que será un Gobierno soberanista. Aun así, no dan por pérdida la colaboración en Madrid con el partido de Oriol Junqueras, de la misma manera que sitúan para el verano, como momento más propicio para este tipo de decisiones impopulares, la concesión de indultos para los líderes del «procés».

Madrid ha sido la prueba para el socialismo de que hay una corriente crítica entre su votante que trasciende, según dicen, el desgaste por la gestión de la pandemia, y que es un voto en contra de la izquierda y por razones ideológicas. O, dicho de otra manera, que al PSOE le pesa la carga de Podemos y de sus otros socios de Legislatura. Ahora bien, lo que fuera de Moncloa se interpreta como un aviso que obliga a revisar alianzas, aunque sea a costa de la estabilidad parlamentaria, en el núcleo de poder «sanchista» la visión es muy distinta, y están dispuestos a seguir jugando en la batalla catalana a pesar del coste ante la opinión pública porque, por un lado, no hay elecciones en principio a corto plazo. Y, en segundo lugar, porque en Moncloa siguen confiando en el pragmatismo de ERC. No importa lo que se ha visto en la campaña de las últimas elecciones autonómicas catalanas. Ni la gestión de los resultados de unas elecciones que ganó el PSC. Ni que salga un nuevo Gobierno independentista, preso de las luchas personales y políticas entre sus integrantes.

Así, igual que en Moncloa argumentaban que en Europa no entienden, presuntamente, la situación de Oriol Junqueras y demás dirigentes soberanistas, condenados por sedición por el Tribunal Supremo, también sostienen que aliviar la condena de cárcel es un requisito imprescindible para avanzar en la «pacificación de Cataluña».

El Gobierno tiene redactada la reforma del delito de sedición y rebelión para aliviar las penas de cárcel de los condenados, pero parece ser que al independentismo no le gusta esta fórmula. Oficialmente tampoco reconocen la valía del indulto porque lo que quieren es la amnistía, figura que ni siquiera forma parte de nuestro ordenamiento constitucional. Bajo cuerda, y siempre a petición de terceros y no de ellos, el indulto es la fórmula que más satisfacción produce y que antes puede llevar a que Junqueras y demás condenados habiten de nuevo con normalidad la calle.

El indulto contará previsiblemente en este mes de mayo con el informe desfavorable del Tribunal Supremo, y tiene también en contra el hecho de que en ningún momento los condenados se han arrepentido de sus delitos. Al contrario, la bandera es aquel «lo volveremos a hacer», a sabiendas de que al menos hoy sigue siendo totalmente inviable un proyecto unilateral de independencia como el que les llevó a prisión por los sucesos de 2017. En cualquier caso, la fase de tramitación se acerca a su momento final, ya que, una vez que Moncloa haya recibido todos los informes, negativos mayoritariamente, será sólo Pedro Sánchez el que controle el tiempo, la forma y el fondo de la decisión. Tendrá en cuenta la coalición de gobierno, que incluye a Esquerra entre sus socios preferentes. El indulto puede ser total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme. Y el informe del tribunal sentenciador no es vinculante.

Al final Cataluña sigue formando parte de una operación política de supervivencia del «sanchismo», y por ello trasciende la composición de la Generalitat. La opinión pública catalana es favorable en su mayoría a la medida de gracia para los dirigentes secesionistas condenados por el Supremo. Así lo ratifican la mayoría de las encuestas. Fuera de Cataluña, la mayoría es contraria. Pero los riesgos de esta operación se miden teniendo en cuenta que afecta al proyecto de gobierno y de país en el que se sostiene la continuidad de Sánchez en Moncloa.

El PSOE no asimila con la normalidad de Moncloa la hoja de ruta de la «pacificación de Cataluña», pero Sánchez tiene el control del aparato, y aspira a ampliarlo con Andalucía. Además, no habrá elecciones generales a medio plazo y, para cuando las haya, incluso para cuando tengan que examinarse los barones socialistas, la previsión es que cualquier decisión impopular se haya borrado ya del imaginario popular. La prioridad es esquivar las primarias y también unas elecciones en Andalucía, en las que cualquier gesto en favor del independentismo sumaría muy en contra de los intereses socialistas. Pero en principio, y salvo sobresaltos en la coalición de PP y Ciudadanos, la intención del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, es aguantar la Legislatura y no dejarse llevar de manera inmediata por el «efecto Ayuso». Estratégicamente, en el PP andaluz creen que les interesa más esperar a la recuperación para restar capacidad a Vox para aprovecharse de su discurso contra las restricciones obligadas por el control de la pandemia. Tanto el Gobierno como el PP creen que la economía será decisiva a su favor en las próximas elecciones generales: el que tenga razón será el que ocupe Moncloa después de las urnas.