La Fiscalía no ve delito en los sobresueldos de Podemos y defiende que su cobro fue “transparente”

La Fiscalía considera, al igual que Podemos, que no hay indicios de delitos en el cobro de complementos salariales por parte de la gerente del partido morado, Rocío Val, y el tesorero Daniel de Frutos, investigados por administración desleal por el juez del “caso Neurona”, Juan José Escalonilla, que reabrió este procedimiento el pasado abril.

En este sentido se pronuncia el Ministerio Público en el escrito en el que se adhiere al recurso presentado por Podemos contra el auto en el que el instructor concluyó que la gerente de la formación no disponía de la capacidad para acordar incrementos salariales a los miembros de dicha formación política y que, por tanto, al haber aprobado en algunos casos esa subida de emolumentos podría haber incurrido en un delito de administración desleal.

Sin embargo, para la Fiscalía esos complementos retributivos -denunciados por los ex abogados de la formación morada José Manuel Calvente y Mónica Carmona- se cobraron de manera “trasparente” y “con control interno” por parte de Podemos, nos tratándose en ningún caso de cantidades percibidas en “B” o en sobres, “sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido”.

Discutible desde el punto de vista ético

Escalonilla -que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos-esgrimió en esa resolución que Rocío Val no tenía capacidad para establecer esos complementos salariales, pues esa competencia corresponde al Consejo Ciudadano Estatal.

Pero tras la práctica de varias diligencias, la Fiscalía sostiene que aunque el cobro de esos complementos “podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos”, no se trata de un comportamiento delictivo. De hecho, considera que si la decisión de incrementar los salarios se hubiera adoptado mediante un acuerdo con la gerente o bien a través de una propuesta ante la dirección del partido, tampoco sería constitutivo de delito.

Para la acusación pública “no deja de extrañar” que sea la acusación popular que ejerce Vox la que sostenga la existencia de indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, en este caso Podemos, no se considera perjudicado por estos hechos. “Y lo hace –añade en su recurso- sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna”, llegando incluso a solicitar al juez -subraya- que imputara a una de ellos, que certificó la regularidad de los complementos, por un delito de encubrimiento o de estafa procesal.

Una “auditoría” a Podemos

La Fiscalía también censura que Vox pretenda que se revele quiénes cobran en Podemos ese tipo de complementos y que se reclame al partido mediante un requerimiento el informe de ejecución de presupuestos y la documentación enviada al Consejo Ciudadano. Una batería de diligencias que, para el Ministerio Público, supone un “nuevo” intento de realizar una auditoría a la actuación de la formación política “respecto de hechos ya aclarados” y sobre los que “no existen indicios de delito”.

El partido de Abascal considera insuficiente la documentación aportada al juzgado por Podemos respecto al aval que dio el Consejo Ciudadano Estatal a la ejecución del presupuesto de 2019, que incluía esas retribuciones que cobraron, entre otros, tanto la gerente como el tesorero.

Tras analizar la documentación aportada por Podemos -un certificado firmado por Ione Belarra, secretaria de Coordinación Ejecutiva del partido y actual ministra de Derechos Sociales-, el juez concluyó que dado que los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de 17 y 24 de abril de 2017 acreditan “que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente”, Rocío Val no tenía por tanto “facultades para aprobar la escala salarial, y por ende cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala”.

Escalonilla reclamó a Podemos el informe sobre ejecución de presupuesto de 2019, “con especial indicación de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales tanto de la gerente como del tesorero como del resto de miembros de dicho partido político a los que dicha Gerente implementó complementos salariales”. También pidió a la formación morada sus estatutos de 2019 y los “datos personales de los trabajadores” a quienes Rocío Val asignó esos suplementos retributivos.