El Poder Judicial avisa de la repercusión económica de la “Ley Calvo”

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer aprobar un informe en el que advierte al Gobierno de Pedro Sánchez de los posibles efectos económicos que podría tener para el Estado si se aprueba en su redacción actual el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, promovida por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

El dictamen, que se aprobó con el apoyo de 15 de los 21 vocales que componen el órgano de gobierno de los jueces, reclama en este sentido al Gobierno de Pedro Sánchez que acote “la definición de víctima contenida en el primer párrafo del artículo 3 del anteproyecto, con el fin de evitar que rebase la específica finalidad y el objeto de la ley”, es decir, los casos “de violación de los derechos humanos a los que se refiere el artículo 1.2, tales como persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual”, especifica el dictamen.

Los vocales del CGPJ temen por ello que se extienda el concepto de víctima, ya que el anteproyecto de Calvo utiliza para definir a los damnificados por la dictadura “un concepto administrativo, por lo que las repercusiones patrimoniales del Estado podrían ser muy significativas”, explican fuentes del Poder Judicial consultadas por LA RAZÓN.

“Concepto de víctima”

“El concepto de víctima puede ampliarse de una forma excesiva, ya que desde un punto de vista administrativo las repercusiones pueden ser importantes, y eso podría abrir la puerta a indemnizaciones a los descendientes”, completan las citadas fuentes.

Asimismo, los vocales del Poder Judicial ponen de manifiesto en el informe que el anteproyecto de ley, que promueve la disolución, entre otras, de la Fundación Francisco Franco, podría conculcar en este punto la libertad de expresión, “ya que la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas” por la Constitución. Por eso, el texto señala al Gobierno la necesidad de precisar la redacción de dicho precepto de la denominada “Ley Calvo”.

Pese a que el informe aprobado por la mayoría de vocales es bastante crítico con la redacción que da el Gobierno al anteproyecto de ley, hasta seis vocales han apoyado dos votos particulares en los que se elevan los reproches a la Ley de Memoria Democrática.

Macías y Ballestero

Así, los vocales José María Macías y José Antonio Ballestero alertan de que la normativa atenta contra el modelo “no militante” de la Constitución.

Según señalan ambos vocales en un voto particular de 32 páginas, las sentencias del Tribunal Constitucional enseñan “que la democracia española es extraordinariamente tolerante”, por lo que, al contrario de lo que ocurre en otros países respecto a las ideologías comunista o nazi, “no están prohibidas”.

Añaden estos vocales, respecto a otros puntos de la Ley, que “las desapariciones forzosas no son un problema en España y no lo son desde hace muchos años”, con excepción de los secuestros de ETA, banda sobre la que la norma, apuntan guarda un “ominoso silencio”. Por su parte, los vocales Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad advierten de que la norma “no entra a valorar los incumplimientos que conlleva de los Acuerdos con la Santa Sede”, informa Europa Press.