Podemos culpa a la Fiscalía por lo ocurrido en un centro de menores en el que se ha denunciado prostitución

Noemi Santana, de Podemos, consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud del Gobierno de Canarias ha cargado las culpas contra la Fiscalía por lo ocurrido en un centro de menores de Las Palmas, en los que se ha denunciado, entre otros supuestos delitos, la existencia de agresiones sexuales y prostitución. Tal y como informó LA RAZÓN, la alcaldesa de Mogán ha pusto los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

En declaraciones a Onda Cero, Noemi Santos ha señalado a la Fiscalía por, presuntamente, no haber actuado antes, Incluso la ha acusado de actitudes “trumpistas”.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, hizo suya, ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la denuncia (anónima), atribuida a trabajadores del complejo Puerto Bello, en Puerto Rico, donde residen más de un centenar de menores no acompañados (MENAS) y adultos, en el que se habían producido casos de agresiones sexuales, prostitución, violencia física y otras irregularidades que habrían tenido lugar en dicho complejo. La iniciativa de la primera edil se debía a lo que se considera inacción por parte de la autoridad competente en la materia, la Dirección General de Protección a la Infancia de la Consejería de Derechos Sociales, en manos de Podemos.

La citada consejera, a través de las referidas declaraciones, ha señalado que “hemos sido muy pacientes” con la Fiscalía para que tomara medidas, pero, subrayó, “hasta aquí hemos llegado” y “vamos a señalar a los que no hacen su trabajo”.

Incluso, por una decisión tomada en su día de separar, según ella, a las madres inmigrantes de sus hijos, la ha acusa de actitudes propias del anterior presidente de Estados Unidos, Donalda Trump.

La consejera, en las citadas declaraciones, ha reconocido que entre los 2.700 menores tutelados que tienen a su cargo, puede haber entre 500 y 600 que son mayores de edad (en la denuncia se señala a algunos de ellos como foco de las agresiones), pero entiende que es la Fiscalía la que debe dar solución al problema y cursar las correspondientes órdenes a la Policía.

Fuentes canarias, consultadas por LA RAZÓN, subrayan la gravedad de este enfrentamiento institucional y señalan a la consejería que regenta Podemos por no haber actuado hasta que el escándalo ha saltado a los medios de comunicación as la referida denuncia.

En ella, tal y como publicó este periódico, un grupo de supuestos trabajadores anónimos de la Fundación Respuesta Social S.XXI relataban las repetidas agresiones sexuales que habrá sufrido un menor –identificado incluso por sus iniciales– por parte de otros dos usuarios alojados en el centro ya certificados como mayores de edad.

Se explicaba que el menor en cuestión tuvo que fugarse para evitar nuevas violaciones. Lo mismo habría ocurrido con los casos de prostitución.

Se denunciaba, asimismo, falta de atención médica de los menores que tienen un tratamiento psiquiátrico o los que requieren antibióticos, así como el inexistente protocolo anti COVID-19; y las deficientes condiciones de habitabilidad que presentan las instalaciones por los altercados que se han sucedido en los últimos meses, en especial a partir de febrero.

Y lo más relevante, aseguraban que los hechos se habían puesto en conocimiento de la de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, sin que se hubiera obtenido una respuesta oficial.

La alcaldesa de Mogan señaló a este periódico que en los últimos tiempos se han producido hasta 15 intervenciones de Guardia Civil y Policía Local por incidentes graves y que las instalaciones están “completamente desvalijadas”.

La Fiscalía de Menores citó a declarar al director del centro en el que supuestamente se han producido los hechos, aunque, al parecer, se trataba de un nuevo responsable, nombrado recientemente.