El Tribunal de Cuentas recela de la pretensión de la Generalitat de avalar con dinero público, a través del Instituto Catalán de Finanzas, la mayor parte de los 5,4 millones de fianza que impuso el organismo fiscalizador a 34 dirigentes del “procés” por el supuesto desembolso efectuado para promocionar el plan independentista en el extranjero entre 2011 y 2017.

La instructora admite sus dudas sobre la “legalidad” de esa posibilidad, por lo que antes de tomar una decisión quiere conocer la opinión al respecto de la Abogacía del Estado, que deberá determinar “a la mayor brevedad” si un organismo de la Generalitat puede avalar con sus fondos posibles responsabilidades por un desvío contable.

Según precisan fuentes del propio tribunal, ante las “dudas” sobre la “suficiencia y legalidad” de los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas y su idoneidad para “amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia Administración autonómica perjudicada”, la delegada instructora ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

La instructora pretende esclarecer “en definitiva” si nuestro sistema de responsabilidad contable “permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable”, en este caso de los 34 ex altos cargos de la Generalitat, “que puedan haber incurrido en responsabilidad contable por dolo o culpa grave”, únicos supuestos legales en los que está prevista dicha responsabilidad por los perjuicios originados “al pueblo de Cataluña y a su erario público”.

Se trata de precisar “si la prestación de aval con garantía de fondos públicos” constituyen un afianzamiento válido ante posibles responsabilidades contables o si, por el contrario, esto solo es posible en “supuestos en los que no concurran tales imputaciones contables por dolo o culpa grave”.

Entre otras cosas, la delegada instructora quiere saber si la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo “ampara o no la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave”.

Agotado ya el plazo para presentar las fianzas (que ha concluido la pasada medianoche después de que el tribunal acordara ampliarlo 48 horas más), el organismo fiscalizador va a emitir una providencia de embargo respecto a dos de los presuntos responsables que aún no han avalado las cantidades reclamadas.

Puigdemont, Junqueras y Mas

Tanto los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas como el líder de ERC Oriol Junqueras se han acogido al aval respaldado por el Fondo Complementario de Riesgos (solo cinco de los presuntos responsables contables han presentado avales con sus bienes personales), constituido ad hoc por la Generalitat el pasado julio para hacer frente a las fianzas que se reclaman judicialmente a políticos y altos cargos del soberanismo por su papel en el “procés”.

Pero si finalmente la instructora rechaza esa posibilidad, deberán ofrecer al tribunal un aval alternativo (distintas entidades bancarias ya se negaron a afianzar los depósitos) si quieren evitar una orden de embargo. No obstante, la decisión de la instructora puede recurrirse ante la Sala de Justicia del propio organismo fiscalizador.

El pasado julio, por medio de un decreto la Generalitat creó el Fondo Complementario de Riesgos, una disposición que matiza que los beneficiados de los préstamos que se concedan deben restituir el dinero si son condenados (para sortear así una posible imputación por malversación). No obstante, la obligación de devolver el dinero no se fija en el momento en que la sentencia sea firme, sino cuando «se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales».

Otros 4,1 millones por el referéndum del 1-O

El Tribunal de Cuentas cuantifica en 5,4 millones de euros el supuesto desvío de dinero público de la Generalitat para promocionar el “procés” en el extranjero. A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras les reclama dos millones, y 2,8 millones al ex president Artur Mas. El ex conseller Raül Romeva, por su parte, tiene que hacer frente a una fianza de 2,1 millones.

La cantidad más alta se le impuso al ex secretario del Diplocat Albert Royo (3,6 millones), seguido de la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal (3,1 millones) y del ex conseller de Presidencia Francesc Homs (2,9 millones), el propio Mas y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell (2,7 millones).

La cuantía más elevada es la correspondiente a las actividades de Diplocat para difundir en el exterior el plan soberanista e impulsar programa de visitantes internacionales, entre otras iniciativas. En total, se habrían desviado 3,8 millones a este fin. El segundo desembolso en importancia es el correspondiente a las “embajadas” catalanas, que según el Tribunal de Cuentas se habrían gastado 1,2 millones de forma irregular.

Los viajes del Gobierno de Puigdemont al extranjero para promocionar el proceso independentista también son señalados por el organismo fiscalizador, que considera que no debieron pagarse con dinero público. En total, la Generalitat desembolsó por este concepto 389.537 euros.

Pero la cantidad total que según el organismo fiscalizador se habría desviado es mayor, pues el Tribunal de Cuentas ya exigió una fianza de 4,1 millones a los líderes del desafío soberanista y ex altos cargos de la Generalitat por la organización del referéndum ilegal del 1-O. Por lo tanto, el tribunal ya ha cuantificado en un total de 9.569.174,25 euros la factura cargada supuestamente al erario público en el marco del desafío soberanista.