Opinión

El “Manual Cencelli”, o cómo repartirse el poder
Hay países donde la cultura del pacto es vieja y está muy aceptada socialmente.
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Cuando los hombres tienen que repartirse poder o territorios, acostumbran a guerrear, cosa que es un asco. La política es la sustitución de esa guerra por los pactos. Por eso es de celebrar que PP y PSOE hayan acordado asignarse una veintena de cargos de instituciones fundamentales que llevaban pendientes de adjudicación desde 2019. Al fin y al cabo, pactar es también una forma de llegar a acuerdos. Somos tan exigentes y puritanos que nos ofende que los elegidos tengan un marcado perfil ideológico, pero es que la política consiste en eso.

Hay países donde la cultura del pacto es vieja y está muy aceptada socialmente. En Italia llaman a este sistema el “Manual Cencelli”, por un tipo de la Democracia Cristiana (DC) que, ya en el congreso de su partido de 1967, propuso con éxito la asignación de los cargos según los porcentajes de apoyo que cosechasen las corrientes internas o facciones de la formación. El “Manual Cencelli” se extendió a los acuerdos entre partidos y a las coaliciones de gobierno. Tan milimétricamente que, por ejemplo, en el reparto de las carteras de una coalición, un ministro “valía” dos subsecretarios y medio. Y nadie chistaba. España tiene cierta bisoñez en democracia. Nos ha faltado la larga práctica desde la guerra mundial hasta la muerte de Franco, quizá por eso nos escandalizamos por la frialdad de la cultura del reparto. Pero en Italia se pactaban así no sólo las carteras, sino las direcciones generales, los altos cargos, los administradores de las empresas estatales y hasta las concesiones para los comedores escolares o la recogida de basuras. Todos tan contentos.

So pena de pasar por cínica, a mí el Manual Cencelli me parece democrático y hasta práctico. Creer que sea posible elegir entre todos al mejor y más formado, no es de este mundo. Puede ocurrir a veces, pero lo normal es que cada cual arrime el ascua a su sardina. Así que a mí no me parece mal que por fin se hayan desatascado 20 cargos importantes para el buen regirse de la nación. Hay cuatro nombramientos en el Tribunal Constitucional -dos cercanos a la derecha y otros dos a la izquierda-, doce del Tribunal de Cuentas, una directora y un adjunto para la Agencia de Protección de Datos, un Defensor del Pueblo -Ángel Gabilondo- y una Adjunta al Defensor, Teresa Jiménez Becerril. El acuerdo ha sido posible porque los negociadores aceptaron dejar fuera de la discusión el Consejo General del Poder Judicial. Convenido este extremo, en apenas siete días se han cerrado los nombramientos en conversaciones entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del partido Popular, Teodoro García Egea. Bienvenidos sean, porque hacían falta.

Los puristas critican el perfil muy politizado, por ejemplo, de los cuatro magistrados elegidos para el Constitucional. A la derecha le parece mal Juan Ramón Sáez Valcárcel, apoyado desde Podemos. A la izquierda, le estomaga Concepción Espejel, muy contundente contra el terrorismo. Del mismo modo se critica a Enrique Arnaldo, colaborador de FAES, o Inmaculada Montalván, muy marcada por la perspectiva de género. El ideal, sin duda, hubiese sido un perfil de juristas menos implicados en los debates ideológicos, pero entonces los partidos no los hubiesen elegido.

Esta es la razón por la que es bastante más difícil que se desbloquee el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que lleva más de mil días con los cargos caducados. Aquí el enfrentamiento entre PP y PSOE es más grave, porque no están dispuestos a un simple reparto. Pablo Casado insiste en que sean los jueces los que elijan al menos a 12 de sus 20 representantes, sin la intervención del Parlamento, y el Gobierno no comparte el criterio. Para el PSOE, y sobre todo para Podemos, la Justicia es política y el Poder Judicial un bastión a conquistar. Justamente colocando a los suyos.