Crímenes sin resolver

La visita de una delegación de la Unión Europea a España para recabar información sobre los atentados de ETA aún no esclarecidos reabre uno de los puntos más negros de nuestra democracia

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Ilustración FOTO: Platón La Razón

Nadie sabe por qué la sacaron de su casa en Belfast una noche de 1972. Ni por qué, después del secuestro, fue asesinada. El cuerpo de Jean McConville, viuda y madre de diez hijos, fue hallado 31 años más tarde, en 2003, y no fue hasta 2010 cuando Dolours Price, miembro del IRA, desveló que era una confidente del ejército británico, aunque sin añadir más detalles sobre quién acabó con su vida. Este crimen, uno de los 3.500 que se atribuyen a la banda terrorista norirlandesa a lo largo de sus 36 años de historia, es el punto de partida que permite al periodista Patrick Radden Keefe relatar en «No digas nada» el silencio que rodea y se impone en las sociedades atravesadas por estas violencias. La opacidad que se extiende en el ambiente, que condiciona cada recoveco de la vida, puede resultar tan cruel y asfixiante como los propios atentados. A veces es más sencillo ver la propia realidad desde fuera, como reflejada en un espejo, y por ello es fácil apreciar las similitudes entre los daños causados por el IRA y los provocados por ETA. Esa ley del silencio en la que se instala el terror, de la que se beneficia, y que le permite extenderse y germinar, ese velo que oculta a las víctimas y su sufrimiento adopta en España la forma de los 379 crímenes del terrorismo etarra que aún no se han resuelto. Más allá de plantear un enorme reto al Estado de Derecho, constituyen una deuda moral con las víctimas por parte de toda la sociedad y, además, retratan a quienes quieren pasar página instalados en el espacio de la tibieza.

Esperanza y escepticismo

La próxima semana llegará a España una delegación de la Unión Europea para conocer de primera mano estos crímenes sin resolver, uno de los episodios más negros de nuestra democracia: recabarán información sobre todos los asesinatos cuyo autor material no haya sido condenado. Aunque las cifras son complejas de precisar, se calcula que en torno al 44% de los atentados cometidos por ETA no se han cerrado con una sentencia firme. Es decir, quienes sufrieron el golpe del terror no conocen quién mató a su padre, a su hermano o a su hijo. El objetivo de la visita europea es activar líneas de investigación que permitan dar enfoques nuevos para la resolución de estos casos: las víctimas se mueven entre la esperanza y el escepticismo ante este nuevo impulso que empezó en 2016 en el Parlamento Europeo de la mano de Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero, llevó entonces la petición a Bruselas consciente de que resolver todas las incógnitas que aún rodean al terror etarra se enfrenta a numerosos obstáculos. La mayoría de esos 379 crímenes de ETA corresponden a los años más duros, cuando en la década de los 80 cometían un atentado cada tres días y el reguero de sangre, dolor y muerte inundaba el ambiente cotidiano en los albores de la España democrática. Precisamente, es esta lejanía en el tiempo la que constituye el principal freno a la actuación de la Justicia. Un total de 336 casos ya han prescrito. Sin embargo, existe una vía para juzgar a los dirigentes de la banda, responsables de aquellos atentados, y son los crímenes de lesa humanidad: se trata de delitos especialmente atroces y sistemáticos cometidos contra una población civil. Pese a que en España solo ha habido un juicio de este tipo (contra cuatro históricos etarras en 2015), el debate jurídico que se plantea refuerza la confianza en que aún hay margen de actuación. Aunque la Audiencia Nacional considera que solo se pueden investigar atentados que ocurrieron a partir de 2004, cuando el delito de lesa humanidad se incorporó al Código Penal español, las víctimas defienden que los tratados internacionales suscritos por nuestro país lo definen como atemporal y creen, por tanto, que es la vía adecuada para esclarecer los crímenes pendientes. La expedición de la próxima semana es una oportunidad para conseguir que el silencio deje de imponerse y que se consolide un derecho ineludible en democracia: el derecho a saber.