La ex mujer de Pujol Ferrusola reclama a la Audiencia que desbloquee sus cuentas y propiedades

Coincidiendo con la petición de Jordi Pujol Ferrusola a la Audiencia Nacional de que la autorice a retirar de sus cuentas bloqueadas por orden judicial desde 2015 el equivalente al salario mínimo para sus gastos de subsistencia, su ex mujer ha pedido al tribunal que acuerde el levantamiento del embargo de sus cuentas y propiedades.

En un escrito del pasado día 2 al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Mercé Gironés -para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 17 años de prisión por delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y frustración de la ejecución- solicita al juez Santiago Pedraz que únicamente mantenga bloqueados 800.000 euros para hacer frente -junto a la fianza de 400.000 que ya ha cumplimentado- a una posible condena por responsabilidad civil.

Su defensa, que ejerce el letrado Luis Carlos Domínguez, ha solicitado al instructor del “caso Pujol” el alzamiento “de todas las medidas cautelares de carácter real vigentes en relación con bienes, fondos de inversión, valores y cuentas bancarias”, tanto las de titularidad de Gironés como de sus sociedades, que en octubre de 2015 acordó el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

De la Mata ordenó el bloqueo y embargo preventivo de los saldos de sus “cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad, seguros otros activos financieros”.

Fianza de 400.000 euros

El abogado recuerda en su escrito que en el auto de apertura de juicio oral -que llevará a juicio a Jordi Pujol, a sus siete hijos y a la propia Gironés, entre otros, por formar parte presuntamente de una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando la preponderante posición política del ex presidente de la Generalitat- se impuso a la ex esposa de Pujol Ferrusola una fianza de 400.000 euros.

Su defensa esgrime que teniendo en cuenta que el importe de la fianza “no puede ser inferior a la tercera parte de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias”, “procede el alzamiento de todas estas medidas”.

En todo caso, añade que dado su “inquebrantable deseo” de “colaborar con la Administración de Justicia”, plantea a Pedraz “la posibilidad de simultanear el alzamiento de las medidas cautelares, ahora pedido, con la adopción de la que considere pertinente para cubrir los otros dos tercios de eventual responsabilidad pecuniaria”, es decir, otros 800.000 euros, para lo que ofrece una cuenta bancaria donde “existe saldo suficiente para tal fin”.

Responsabilidad civil, multas y costas procesales

Al mismo tiempo, el abogado hace hincapié en que las medidas impuestas a Gironés buscan “limitar la libre disposición de un patrimonio con el objeto de asegurar las responsabilidades pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un proceso penal”. Y no solo la responsabilidad civil, precisa, sino también “los pronunciamientos penales con contenido patrimonial (la pena de multa y las costas procesales fundamentalmente)”.

La defensa de Gironés hace hincapié en que no existe una resolución judicial en la que se haya acordado el decomiso preventivo o cautelar “orientado a asegurar el decomiso definitivo” de sus bienes, una medida que en todo caso, subraya, no puede plasmarse en “anticipaciones de condena” en aras al respeto a su derecho a la presunción de inocencia hasta que el tribunal que juzgue el “caso Pujol” dicte sentencia.

Y recalca que, como ya apuntó la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, “una cosa es el embargo preventivo -como medida cautelar- y otra bien distinta la pena de decomiso”, algo que en este procedimiento, insiste, “no ha acontecido”.

Inmuebles en litigio

El pasado julio, Gironés instó al instructor a excluir tres inmuebles presumiblemente de propiedad de Pujol Ferrusola que se habían barajado para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 7,5 millones de euros que le impuso el instructor. El primogénito del ex president aportó como fianza una vivienda situada en la calle Ganduxer, en uno de los distritos más caros de Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi, además de una cuenta bancaria con 3,8 millones y su colección de coches de lujo, tasada en 2,6 millones.

Pero su ex mujer defendió que la vivienda estaba a nombre de su hija Nuria, a quien según se quejó no se había informado al respecto “en orden a la legítima defensa de sus derechos e intereses”. Los otros dos inmuebles (situados en las calles Muntaner y Moneders de la ciudad condal) no fueron aportados por Pujol Ferrusola, pero sí los incluyó Anticorrupción en una relación de ocho viviendas cuya tasación acordó Pedraz para que fueran valoradas a efectos de afrontar eventuales responsabilidades civiles. Según expuso Gironés, esos dos inmuebles son de su titularidad “plena y directa”, pues aunque adquiridos en 1995 y 2003 por el matrimonio, tras separarse le correspondieron a ella.

Tras seis años de embargo judicial, Jordi Pujol Jr. pidió al juez -tal y como adelantó este periódico- que le permita retirar mensualmente de sus cuentas bloqueadas el equivalente al salario mínimo, 965 euros, para poder afrontar sus “gastos ordinarios del día a día”, pues según se quejó ese prolongado embargo le ha obligado a “trasladar a terceros ajenos al proceso una carga cada vez más insostenible y procesalmente injustificable”. Viéndose obligado, añadía, a contar “con el apoyo económico directo y desinteresado de sus familiares más próximos” para poder pagar esos gastos cotidianos.