La prohibición de salir de España acecha al ex dirigente de ETA «Mikel Antza»

Las víctimas no se fían de Mikel Albisu, «Mikel Antza», que hoy está citado a declarar por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal por su supuesta responsabilidad en el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular y ha convocado hoy una concentración a las puertas de la Audiencia Nacional, ha pedido al magistrado que imponga con carácter «urgente» al ex responsable del «aparato político» de la banda terrorista la prohibición de salir de España ante lo que considera «alto riesgo» de fuga.

La asociación que preside Daniel Portero –hijo del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000– lo ha hecho, además, por partida doble. Primero, en el marco de esta causa y, 24 horas después, también ha solicitado que acuerde idéntica medida contra él a otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el procedimiento contra la ex cúpula de la banda criminal por el asesinado del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol en octubre de 2000, atentado con coche bomba en el que también fallecieron su escolta Jesús Escudero y su chófer Armando Medina.

En su escrito dirigido a Alejandro Abascal, DyJ reclama además al instructor que obligue a «Mikel Antza» a comparecer cada 15 días en el juzgado (idéntica medida que pide, al igual que la prohibición de salir de territorio nacional, para el ex jefe de ETA Iñaki Gracia Arregi, «Iñaki de Rentería») ante las «fundadas sospechas de la existencia de un alto riesgo de fuga» que se podría producir –advierte– «en cualquier momento sin impedimento alguno».

La petición, sobre la que tendrá que pronunciarse en todo caso la Fiscalía de la Audiencia Nacional –que, según las fuentes consultadas, podría respaldar que se prohíba al ex dirigente de ETA salir de España para evitar una posible huida–, estará en manos de Abascal, que ante la petición de Dignidad y Justicia ya acordó que tras la comparecencia del ex dirigente etarra se celebre la correspondiente vistilla para decidir sobre la adopción de posibles medidas cautelares.

Las “estructuras de apoyo” de ETA en Iberoamérica

Abascal acordó el pasado día 13 su citación como imputado por «su presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar» a Ordóñez, que era teniente de alcalde de San Sebastián y presidente del PP de Guipúzcoa.

El instructor también quiere interrogar a «Iñaki de Rentería», aunque en su caso la comparecencia tendrá que esperar hasta después de las fechas navideñas, ya en 2022.

La asociación de víctimas esgrime como indicativos del riesgo de fuga «sus extraordinarios antecedentes penales» y la «gran cantidad» de etarras «que aún permanecen huidos en Iberoamérica, donde ETA conserva aún importantes estructuras de apoyo» y existen, además, «claras imposibilidades de hecho y de derecho» para conseguir su extradición a España.

Asimismo, pone de relieve la «preocupación» del colectivo de presos de la banda, el EPPK, ante «la persecución de los casos de impunidad como el que aquí nos ocupa» respecto a ex integrantes de la cúpula de ETA. Hasta el punto de considerar estas causas, añade, «un peligro muy concreto y real» tanto para los presos como para los etarras en libertad, como sucede con «Mikel Antza» e «Iñaki de Rentería». «En estos momentos nada impediría», alerta, que cualquiera de ellos «pudiesen abandonar sin» más el territorio nacional «sin ninguna dificultad».