El jefe etarra “Mikel Antza”, citado en la Audiencia Nacional por el asesinato de Gregorio Ordóñez

El que fuera jefe del «aparato político» de ETA, Mikel Albisu, «Mikel Antza», ha sido citado, en condición de investigado, por el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián y presidente del PP de Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez. El juez Alejandro Abascal le cita para que declare telemáticamente desde San Sebastián el 21 de diciembre, a las 10:30, por su «presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar a don Gregorio Ordóñez Fenollar», dice el auto del magistrado.

Recuerda que «el inculpado ha permanecido voluntariamente en territorio nacional durante más de cuarenta y cinco días desde su expulsión de territorio francés en enero de 2019; por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en los arts. 60.4.c) de la Ley 23/2014 y art. 21.2 de la Ley de Extradición Pasiva sobre innecesariedad de acudir a ampliación de la entrega para poder» actuar contra él.

Por su parte, la Asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, subraya la importancia de la citación por «la labor desarrollada por Guardia Civil y Policía Nacional para implicar a Mikel Albisu en el asesinato de Gregorio Ordóñez».

«Su responsabilidad como jefe del “aparato político” de ETA fue crucial para señalar a este gran servidor de España en el País Vasco. La forma de ser y actuar de Gregorio, hizo que ETA, desde su cúpula, lo señalara como objetivo prioritario. Su liderazgo fue su sentencia de muerte pues fue un «líder» de ETA –Mikel Albisu– quien señaló a Gregorio Ordónez para asesinarlo».

La asociación convoca a «todo buen español a concentrarse a esa misma hora en las puertas de la Audiencia Nacional para defender la memoria de un líder que no pudo ser porque “Mikel Antza” decidió que debía morir asesinado».

El «aparato político» de ETA era el encargado de marcar las «líneas estratégicas» que debían seguir los «comandos» de ETA en las campañas de atentados que desarrollaban en España. Fue el que, en su momento, tomó la decisión de ampliar los objetivos de los pistoleros a políticos después de recibir «sugerencias» de los presos de la banda en este sentido.

Los reclusos argumentaban que ningún gobierno accedería a negociar con la banda mientras los asesinados fueran uniformados de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, mientras en las «cajas de pino» no hubiera políticos y sintieran como propio el daño del terror.

Los «comandos» (salvo órdenes expresas, como el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, para forzar al Gobierno a negociar en aquellos momentos) no tenían que consultar con la «dirección» los atentados contra dichos uniformados, ya que se les consideraba objetivos habituales de la banda. Pero, en otros casos sí debían hacerlo. Y éste fue el caso de los políticos, en concreto de Gregorio Ordóñez y, posteriormente, del intento contra José María Aznar.

Lo mismo ocurrió con los miembros de la Ertzaintza. ETA debatió internamente el asunto y, al final, el «aparato político» tomó la decisión de incluir a los policías autonómicos entre los objetivos, al considerar que colaboraban con las «fuerzas represoras».