Lesmes estudia reforzar el Supremo con magistrados “no titulares”

La falta de magistrados en el Tribunal Supremo lleva tiempo viéndose como un problema que afrontar en la lejanía porque más cerca se colocaba la esperanza del desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el eje espacio-tiempo ha cambiado este mes y, con las últimas declaraciones del presidente del Gobierno considerando “altamente improbable” que el pacto con el PP se alcance ahora, los vocales del órgano, con Carlos Lesmes a la cabeza, no van a esperar más para tomar decisiones que palíen las vacantes en el alto tribunal. Una de las opciones que está sobre la mesa, según fuentes internas, es la de reforzar las plazas en los gabinetes técnicos, es decir, nombrar a magistrados “no titulares”.

Enero empieza con tres reuniones del núcleo más cercano a Lesmes -la Comisión Permanente-, y un pleno para el primer encuentro de los 20 vocales a finales de mes. Además, sobrevuela la convocatoria de otro pleno extraordinario para debatir la Ley de Vivienda, de la que deben pronunciarse en un informe no vinculante, pero que al Gobierno le urge.

Todavía el orden del día no está programado, pero las fuentes consultadas indican que aplazar el debate sobre qué hacer en el Supremo no es una opción. “Va a ser inevitable. La situación va a imponer llevar a cabo algún tipo de estrategia”, explican fuentes cercanas al presidente del CGPJ.

Desde marzo de 2021 tienen las manos atadas. El decreto aprobado por PSOE y Podemos introdujo una modificación legislativa que les impide hacer nombramientos en las cúpulas judiciales. Mientras se producen jubilaciones, cambios de puestos e, incluso, fallecimientos, ningún juez nuevo puede entrar a presidir los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales o el Tribunal Supremo. Y este último es el que más preocupa porque el CGPJ no designaba solo a los presidentes de Sala (como hace en los tribunales superiores), sino que decidía todos los magistrados que lo son de forma vitalicia.

De los 79 en total, el bloqueo mantiene 12 plazas del Supremo descubiertas. La Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativa (que será la que tenga que decidir sobre la legalidad de los indultos del “procés”, por ejemplo), es la que más preocupa porque mantiene seis sillas sin cubrir y entre marzo y abril se le sumarán otras dos: la del magistrado Segundo Menéndez y la de Rafael Fernández Valverde. Se da la circunstancia de que este último, además, es vocal del propio órgano de gobierno de los jueces y la jubilación es motivo de cese también aquí, por lo que habría que llamar a un suplente que, en el caso de Valverde, es el magistrado Carlos Orga.

Sobre la mesa hay toda una paleta de vías por explorar dada la falta de precedentes de una situación similar. Una de las soluciones temporales que más convence a algunos vocales por ser “la más ortodoxa” es la de reforzar los llamados gabinetes técnicos del Tribunal Supremo. Cada una de las cinco Salas tiene detrás un grupo de letrados (que pueden ser jueces, fiscales o cualquier funcionario con estudios de Derecho del grupo A, como un profesor de Universidad) que se encargan de “sacar papel”: procesos de admisión de recursos, documentación de jurisprudencia, elaboración de informes… Es una tarea árida que se desarrolla en la oscuridad porque las sentencias terminan firmándolas los magistrados titulares. Por eso, los vocales son conscientes de que el concurso para optar a este puesto debe ser atractivo. Según datos solicitados por LA RAZÓN, la Sala de Lo Penal, por ejemplo, tiene 2 coordinadores y 14 miembros en este gabinete, mientras que la de Lo Contencioso la conforman 5 coordinadores y 22 letrados.

El número de plazas a convocar -que son por el periodo de un año renovable- iría en función de las necesidades de cada Sala y el CGPJ tendría que cooperar con el Ministerio de Justicia porque es éste el que tiene que dar la autorización económica. En un informe reciente, la Sala de Gobierno del Supremo calificaba de “insostenible” la situación y estimaba que habría “aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas” por la carencia de jueces.

Por eso, otra de las sendas que se bajaran como factible es la de añadir los magistrados de la llamada Sala de Admisiones a la firma de sentencias. En esta Sala se van rotando cada 6 meses magistrados que durante ese periodo no escriben fallos, sino que solo participan en la admisión de recursos. La idea sería que continuaran dictando sentencias para no alargar los tiempos de respuesta del alto tribunal.

Otras soluciones improbables

Otras opciones pasan por magistrados de sustituciones externas, es decir, que se designen a sustitutos temporales o hacerlo a través de comisiones de servicio para que sea el Consejo quien elija entre otros magistrados de audiencias o tribunales superiores. Sin embargo, esta posibilidad no es del consenso de todos. “Acudir a comisiones de servicio en el Supremo para magistrados es un tema muy delicado y sería sentar unos precedentes que no son los más adecuados”, señala un vocal.

Pero nada es descartable si el bloqueo persiste. Habría otros caminos que ya ni siquiera dependen del CGPJ. Por un lado, que los magistrados del Tribunal Constitucional revisaran el recurso interpuesto por Vox sobre la legalidad de limitar los nombramientos al órgano de los jueces. El intérprete de la carta magna aceptó resolver sobre este asunto, pero dados los tiempos con los que trabajan no parece que la sentencia vaya a llegar antes de marzo-abril y este es el límite que tiene en el horizonte el Poder Judicial para tomar decisiones.

Por otro lado, que el propio Gobierno decidiera derogar esta reforma ante la falta de pacto con la oposición ‘sine die’. Una derogación que tampoco parece muy probable. Aunque, sin duda, el mayor desbloqueo sería precisamente que PSOE y PP se pusieran de acuerdo para renovar la única institución que está pendiente desde 2018. Pero las elecciones en el horizonte también empañan esta posibilidad.