El juez del «caso Ghali» señala a Sánchez

El juez de Zaragoza a cargo del «caso Ghali» ha señalado que la «decisión última» de facilitar la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, era del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, si bien reconoce que no es reprochable penalmente. El magistrado Rafael Lasala sigue adelante con la investigación para la exministra de Exteriores Arancha González Laya después de que la Abogacía del Estado pidiera dejarla al margen. Al quien sí deja fuera es al que fuera jefe de gabinete del Ministerio Camilo Villarino porque considera que no hay elementos suficientes para acreditar que este cometió delitos de prevaricación, encubrimiento o falsedad.

En un auto del pasado 10 de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez desestima la petición de cerrar diligencias para la exiministra que está siendo investigada por las circunstancias en las que el líder del Frente Polisario entró en España a través de la Base Aérea de Zaragoza en abril de 2021, pero sí archiva para Villarino porque reconoce «hasta el momento no se ha conseguido indicio alguno de que participara en la falsificación personal o en la presentación del mismo en el Hospital de San Pedro, de Logroño». Cabe recordar que Ghali accedió con una identidad falsa al centro hospitalario donde permaneció ingresado semanas curándose del Covid-19.

Lasala indica que «tampoco cabe hablar de un encubrimiento de los delitos por los que se investigaba a Brahim Ghali en dos causas distintas de un Juzgado Central de Instrucción» Ha explicado que el encubrimiento implica que los investigados debían conocer la comisión del delito, «algo difícilmente predicable». En este sentido, Villarino solo fue informado desde el Ministerio del Interior y era ajeno a las causas de Ghali que dormían en la Audiencia Nacional a la espera de que el jefe de los Saharauis pisara suelo español.

El juez remarca que lo trascendente es aclarar si se asistió al líder Polisario «a sabiendas de que estaba interesada su declaración» en estas dos causas. En cuyo caso, de ser así, se trataría de prevaricación y por esto no quita el foco de la exministra. Además, remarca que la decisión sobre entrar la tuvo que haber tomado en última instancia el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez, pero que es «inobjetable penalmente pues el Gobierno tan solo responde política y socialmente de sus aciertos y equivocaciones en la dirección de la actividad política».

Los servicios jurídicos del Estado habían solicitado en septiembre del pasado año el archivo para ambos funcionarios públicos y lo volvieron a reiterar el pasado mes de febrero. El magistrado excluye a Villarino, aunque deja constancia en el auto que él no era el único que sabía que se iba a producir esta entrada secreta. El 15 de abril, tres días antes de la entrada, recibió una llamada de la directora de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. El objetivo era confirmar si se esta preparando la visita al hospital de Ghali y Villarino, a través de González-Laya, lo confirmó.

De esta forma, el magistrado es contundente en todos los actores del Gobierno que tenían conocimiento del dispositivo que terminó desatando en abril del pasado año la mayor crisis diplomática con Marruecos de los últimos años.