Anticorrupción se negó entregar a la Fiscalía Europea la investigación de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción negó a la Fiscalía Europea el acceso a toda la causa cuando esta última quiso avocarse para sí, es decir, quedarse con la investigación sobre el contrato de las mascarillas del que presuntamente cobró el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La cuestión de competencias sobre qué criterio prevalece se verá en un cónclave donde una treintena de los fiscales con mayor rango de la carrera expondrán sus pareceres. La decisión final, sin embargo, será de la fiscal general Dolores Delgado.

El asunto se inició a principios de mes, según indican fuentes fiscales a LA RAZÓN, cuando la representante de la Fiscalía Europea en España, la fiscal Concepción Sabadell, reclamó al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, información sobre las diligencias que él mismo estaba dirigiendo y que están encaminadas a esclarecer un contrato por valor de 1,5 millones de euros con la empresa Priviet Sportiv.

El Servicio Nacional de Cooperación Antifraude (SNPA), que es el que se encarga de coordinar las acciones para proteger los intereses financieros europeos, se enteró de que en el contrato de estas mascarillas se habían invertido fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), con los que trataron de contrarrestarse los efectos del Covid-19, y remitió una carta a la Fiscalía. Sabadell advirtió entonces a Anticorrupción de que quería investigar si se produjo malversación de fondos comunitarios. Luzón pidió ver este escrito del SNPA para comprobar su había relación en los hechos y desde la Fiscalía Europea le contestaron que no y pidieron que remitiera todas las diligencias porque por «conexidad» debían quedarse con la investigación completa.

El fiscal jefe Luzón se negó porque los delitos que él estaba investigando sobre posible corrupción -en torno a las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso- no tenían nada que ver con Europa. Que no estaban «indisociablemente vinculados» con el asunto de los fondos Europeos porque se trata de tráfico de influencias, prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionario y todos ellos, de haberse cometido, se produjeron en España y por funcionarios españoles. De hecho, fuentes de este departamento van más allá y consideran que no hay «ni el más mínimo indicio» que pueda hacer pensar que se malversaron fondos. Sobre todo, aclaran, porque es un hecho que el dinero destinado a mascarillas terminó en la compra de mascarillas que fueron a parar a Ifema.

Aun con todo, la Fiscalía Europea ya ha incoado diligencias para analizar la posible malversación y el conflicto ahora se centran en el sujeto al que le pertenecen las pesquisas sobre los hechos de la denuncia inicial.

Ante esta duda de competencias, Luzón elevó la cuestión a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Ésta, como indica la ley, ha convocado el lunes a las 10 de la mañana una reunión de los más altos representantes de la carrera. La Junta de fiscales de Sala es un órgano asesor no vinculante por lo que será Delgado la que decida.

En cualquier caso, la Fiscalía española no puede impedir de ninguna manera que la Europea esclarezca si se produjo malversación. El debate jurídico se encuentra en si la competencia de esta última para investigar delitos que afectan a los intereses financieros europeos es extensible a todo lo demás. Sabadell se agarra a la «conexidad» y a que todo está «indisociablemente vinculado». Luzón cree que es de ámbito nacional y si dejara de investigarse aquí se produciría una dejación de funciones. Las fuentes consultadas destacan de la importancia de la cuestión porque supondrá poner coto al «hasta dónde» puede inmiscuirse la recién creada Fiscalía Europea en asuntos españoles.

En el borrador que la fiscal general ha repartido entre los asistentes a la Junta, adelantado por La Sexta, Delgado se posiciona con Luzón y es partidaria de dividir la causa. Habrá que ver qué piensa el resto de la cúspide del Ministerio Público.

Ayuso niega irregularidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó ayer cualquier irregularidad en el contrato que, además, dijo ya había pasado todos los filtros de la Cámara de Cuentas. Fuentes de la comunidad han defendido que los fondos FEDER se utilizaron legalmente ante los gastos extraordinarios ocasionados por la irrupción de la pandemia.

Se da la circunstancia de que Sabadell fue fiscal Anticorrupción, subordinada de Luzón, y el ministro de Justicia Juan Carlos Campo la designó para el puesto en la fiscalía europea.