El separatismo sigue sin dar la crisis del espionaje por cerrada

Pedro Sánchez se ha plegado al independentismo y ha pagado un caro peaje para tratar de recoser la confianza con Esquerra: ha destituido a la directora del CNI, Paz Esteban. La maniobra sí ayuda a desinflamar la crisis, pero tampoco le basta a Pere Aragonès, que quiere más: mantiene la exigencia de un «cara a cara» con el presidente del Gobierno y reclama que se desclasifiquen las autorizaciones judiciales para conocer los motivos de las escuchas. Lo que era inviable es la dimisión de Margarita Robles, una petición que Esquerra ha ido difuminando y ya solo se limita a pedir ceses de «altos cargos» del Gobierno, sin concretar.

El encuentro entre Sánchez y Aragonès sí que es más asumible, aunque parece que se ha enfriado: si el viernes todo indicaba que la reunión podía ser inmediata, ahora en el Palau de la Generalitat sospechan que el presidente del Gobierno puede alejar en el tiempo la cita. De momento no hay fecha ni tampoco ha habido contactos entre los equipos para abordarlo, según han explicado en las últimas horas desde la Generalitat. «Tiene que haber una reunión. Seguimos exigiendo explicaciones», señalaron desde Barcelona.

La desclasificación de las autorizaciones judiciales para conocer los motivos del espionaje a los políticos independentistas tampoco parece viable. Esa es una exigencia del separatismo para conocer el origen del monitoreo de los teléfonos móviles de los 18 políticos afectados y poder arrojar más luz sobre el caso, ya que hay mucha inquietud entre los afectados por el paradero de los datos extraídos de sus móviles. Sin embargo, fuentes jurídicas consideran ilegal que el Gobierno pueda entregar esas autorizaciones judiciales, tal y como está recogido en la Ley reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, que dice lo siguiente: «El Magistrado dispondrá lo procedente para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que tendrán la clasificación de secreto». Además, queda recogido que el propio CNI «ordenará la inmediata destrucción del material relativo a todas aquellas informaciones que (…) no guarden relación con el objeto o fines de la misma».

En todo caso, a pesar de que el independentismo y Pere Aragonès continúen exigiendo más cosas, lo cierto es que el Gobierno sí ha conseguido descargar tensión en el ambiente y es un paso adelante para reconstruir las relaciones con Esquerra. Un gesto que en Podemos también lo valoran, aunque exigen más pasos, más allá de la asunción de responsabilidades políticas. El hecho de que el Ejecutivo haya cesado a la directora del CNI ha relajado las posiciones de máximos que tenían entre los principales aliados hasta este martes mismo, cuando apuntaban directamente a la ministra de Defensa. Entre los socios son conscientes de que Sánchez no permitirá la dimisión de Robles y fuentes parlamentarias creen que han decidido «delegar» la responsabilidad de Robles de dimitir.

Pero tratan de pasar página al ver inviables más dimisiones y exigen al Ejecutivo que se comprometa a dar pasos en la «regeneración democrática». Estas medidas pasan por exigir que se desclasifiquen los documentos secretos que se presentaron a los diputados en la comisión de secretos oficiales el pasado jueves, desencallar las conversaciones para dar luz verde a la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana y la de Secretos Oficiales o la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje. Esta última petición no prosperará puesto que el Gobierno sigue viéndolo imposible ante un asunto tan delicado. Pero el Gobierno no se cierra a desclasificar documentos con el fin de apaciguar a ERC y esa es la clave de que parte de los aliados hayan limitado las críticas.

No obstante, en el resto del independentismo, tampoco ha bastado: tanto a JxCat como a la CUP no les vale que se use a la directora del CNI como «cabeza de turco» y considera que hay que depurar responsabilidades señalando a quién las da, mientras que el PDeCat, otro potencial socio del ejecutivo, considera que todas las explicaciones dadas por el Gobierno son «insuficientes» y reclama conocer las «motivaciones» que han conducido al Estado a espiar a políticos independentistas.