Opinión

Hispanofobia

Los mensajes contra jueces y fiscales han subido en intensidad a raíz de las sentencias que obligan a impartir un 25% de las asignaturas en castellano.

Fernando de Rosa, senador

La existencia de delitos de odio por nacionalidad o «hispanofobia» ha quedado confirmada con la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 4 de mayo que confirma la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona de 2020. En esta sentencia se condena por delito de odio a los independentistas radicales que atacaron a dos chicas y un chico por estar en un estand de «Barcelona con la Selección» en 2016. Afirmando que se los atacó por odio a España y no por motivos deportivos.

Los magistrados han puesto de manifiesto, de forma expresa, que «los insultos, amenazas, humillaciones y vejaciones que se llevaron a cabo con lenguaje del odio» se basaron en «la pertenencia de las víctimas a una nación, es decir, por su nacionalidad española, y su ideología», «pretendiendo la exclusión personal presencial de lo que pueda simbolizar España, además de por la ideología sobre lo que representa la nacionalidad».

Esta sentencia –que habla ya de forma explícita que el concepto de odio por nacionalidad española o «hispanofobia» es perfectamente encuadrable en el tipo penal del artículo 510 del Código Penal– viene a corroborar lo afirmado por el informe de 2021 del Observatorio cívico de la violencia política en Cataluña, que habla de la «hispanofobia» o delito de odio por nacionalidad como uno de los elementos centrales del discurso de violencia política en Cataluña.

Del total de los 351 incidentes violentos investigados, el 89% han sido perpetrados por personas o grupos independentistas por motivos de odio por nacionalidad. Aumenta notablemente la concentración de incidentes en la provincia de Barcelona, que acumula el 80% del total de toda Cataluña, casi un 10% más que en 2020. Las entidades que sufren de forma continuada estos ataques basados en la «hispanofobia» y realizados por los radicales del odio encuadrados en los movimientos independentistas catalanes han sido el colectivo de jóvenes constitucionalistas «S’ha acabat!», con el 63%, seguido de la asamblea por una escuela bilingüe (18%) y Societat Civil Catalana con un 9% del total de incidentes.

No obstante, el objetivo principal es la deslegitimación de las instituciones, en particular del Poder Judicial. Los mensajes contra jueces y fiscales han subido en intensidad a raíz de las sentencias que obligan a impartir un 25% de las asignaturas en castellano.

En esta línea de trasladar a la sociedad mensajes de odio hay que encuadrar las declaraciones del epidemiólogo Oriol Mitjá, que sostuvo que la Policía comparte con los delincuentes una especie de tara genética que los hace violentos. Por ese motivo tiene suma gravedad lo manifestado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el Congreso, llamando «piolines» a los policías, ya que ese término es el utilizado por el separatismo para despreciar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es muy preocupante que el Gobierno asuma los términos de odio «hispanofóbicos» de estos colectivos.

Una sociedad democrática no puede normalizar la violencia y el odio ideológico en cualquiera de sus manifestaciones como una vía legítima y recurrente para la expresión de ninguna ideología ni la consecución de ningún objetivo político. Por eso es tan importante la sentencia referida, porque describe una realidad que quiere negar con su victimismo la radicalidad separatista.

A partir de dicha resolución, hay que hablar de que la «hispanofobia» existe en nuestro país y de que hay víctimas agredidas por el mero hecho de manifestar el sentimiento de pertenecer a España, aunque la Oficina de Derechos Civiles y Políticos dependiente del Gobierno de Cataluña no lo considere violación de derechos fundamentales.