Begoña Gomez recurre la investigación de todos sus correos del mail de Moncloa

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido en apelación la orden del juez Juan Carlos Peinado de incautar los correos electrónicos que esta recibió y envió a través de la cuenta que tiene en Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018 (fecha en que se nombró a la también investigada Cristina Álvarez como su asesora) y hasta la actualidad.

El abogado de la mujer de Pedro Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, vuelve a acusar al instructor ante la Audiencia Provincial de Madrid de haber aprobado una diligencia de investigación con una providencia que «carece de motivación» y sostiene que debería haber sido un auto, dado que «adopta medidas especialmente invasoras de derechos fundamentales». Ve, en este sentido, una quiebra de las «garantías» previstas en la ley para diligencias que afectan a comunicaciones.

Directamente, el letrado de la esposa del presidente del Gobierno defiende ante la instancia superior al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que la providencia con la que dio esta orden a la Unidad Central Operativa (UCO) respecto a los mails de Gómez «no recoge ninguna referencia» a los «indicios racionales» que deberían justificar la adopción de la medida por parte de Peinado.

Según expone Camacho en su escrito de alegaciones al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «la providencia solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida para inmediatamente acordar su práctica».

La representación legal de Gómez pone el foco, además, en la «repercusión mediática indiscutible» que ella tiene y, por ello, en que el volcado de sus comunicaciones a través del correo con dirección «presidencia.gob.es» se debería haber aprobado con «la adopción de cautelas destinadas» a que su derecho a la intimidad no se vea vulnerado. Principalmentem porque, avisa, puede haber almacenada «información de sus hábitos más íntimos, fotografías familiares o íntimas».

Lo que quiere evitar, como deja meridianamente claro, es que esta información pueda acabar siendo conocida públicamente, como sostiene que ha venido ocurriendo desde el inicio del «caso Begoña Gómez»: «Es un problema que se ha puesto de manifiesto a lo largo del año y medio que lleva desarrollándose la investigación, puesto que prácticamente todo lo que constituía el ámbito más íntimo de la misma ha sido publicado en la prensa, en algunos casos, sin ninguna limitación».

Ahora, serán, de nuevo, los magistrados madrileños los que analicen la procedencia de esta pesquisa encargada por el juez Peinado a la Guardia Civil. En su último pronunciamiento, de finales del pasado junio, ya avalaron otra medida similar, de investigación de las comunicaciones.

En ese caso, dieron un espaldarazo al análisis de las llamadas que pudo mantener Álvarez como alto cargo de Presidencia con las distintas empresas que patrocinaron las actividades de la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Contra su quinta imputación

Al igual que ya hizo su asesora en el Gobierno, la mujer del también líder del PSOE recurre ante la Audiencia de Madrid su quinta imputación, de un delito de malversación de fondos públicos, acordada este pasado agosto por el juez Peinado en el marco de la pieza separada del procedimiento en su contra.

Camacho alude a uno de los elementos probatorios en que basó su auto de imputación el instructor, el mail en el que Álvarez pide a Reale Seguros que siga siendo patrocinadora de la cátedra, para justificar que fue enviado «fuera de su horario laboral» y se trata de «un favor» que le hizo a Gómez, con la que –recuerda– mantiene «una relación de amistad» previa a su llegada al complejo presidencial tras la moción de censura.

«Álvarez está trasmitiendo un mensaje personal de mi representada (Gómez) en la parte final de un correo que si estaba relacionado con el cumplimiento de sus funciones», defiende, para después admitir que, en efecto, «parece que no entra dentro de sus funciones». Lo que pone en entre dicho es «si con esta conducta puede entenderse que se haya cometido un delito de malversación» e invita a reflexionar sobre ello.

El resto de los mails que envió la asesora vinculados a la cátedra extraordinaria, son –bajo la óptica de su abogado– «reflejo del cumplimiento de sus funciones habituales de asistente» y le atribuye al magistrado instructor el haber realizado una «interpretación exorbitante» de lo que fija el Código Penal como malversación porque su actuación fue una «conducta aislada y habitual en los usos sociales de este país».