Unanimidad entre las comunidades sobre el reglamento de Memoria Democrática

La Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, reunida el pasado 29 de abril, acordó aprobar su Reglamento de Organización y Funcionamiento. Sometido el texto del reglamento a votación, quedó refrendado «por unanimidad». El documento establece las funciones del organismo, que son «debatir y, en su caso, acordar el marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la ley; debatir y, en su caso, acordar planes, proyectos y programas conjuntos; facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes; informar la normativa estatal de desarrollo de las disposiciones legales en la materia y, por último, servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las administraciones públicas».

La Conferencia Sectorial tendrá su sede en la del Ministerio «competente en materia de Memoria Democrática», pero «podrá celebrar sus sesiones en otro lugar cuando así se determine en la convocatoria».

El reglamento aprobado establece otros acuerdos respecto a la composición y funciones del pleno y sus decisiones.

Precisamente la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, reunida hace un mes en Sevilla, acordó los criterios de reparto y la distribución de tres millones de euros entre comunidades y ciudades autónomas para actividades relacionadas con la Memoria Democrática.

Una Conferencia Sectorial en la que están representadas las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En sus actividades recientes es particularmente activo el Gobierno de Canarias, cuyo consejero Julio Manuel Pérez Hernández representó a las Islas en la cita de hace un mes en Sevilla. El propio Pérez –consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad– dio en marzo un mes de plazo para estudiar la propuesta de catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz de Tenerife, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna.

Finalmente, la Comisión Técnica de la Memoria Histórica se reunirá el día 13 para analizar y aprobar, si procede, la ponencia que un comité especial ha elaborado sobre la propuesta de catálogo –redactada por el equipo de investigación conformado por la catedrática de Historia del Arte María Isabel Navarro y los doctores Yolanda Peralta y Ricardo Guerra– que incluye el «Ángel de la Paz»de Juan de Ávalos. En este sentido, desde la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que defiende la permanencia del conjunto, aseguran que, junto a otros colectivos de familiares afectados por el catálogo, «presentarán su impugnación cuando la comisión lo apruebe». El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife «ha manifestado por medio de su alcalde que también lo hará», aseguran. La asociación «pidió en reiteradas ocasiones pertenecer a la comisión que estudiaría y elaboraría el catálogo y nunca se le permitió», lamentan estas fuentes, ante su «indefensión».

El día13, según el Gobierno de Canarias, todas las personas que forman parte de la Comisión Técnica podrán efectuar las observaciones que consideren convenientes y exponer sus reparos al texto de la propuesta de catálogo, que establece la retirada de unos 80 símbolos «ilegales». El objetivo, según se informa desde el Ejecutivo, es que los símbolos franquistas sean eliminados de «manera inmediata».

También asistirán representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Entre los vestigios que «deben ser retirados de forma definitiva del espacio público», según el catálogo, se encuentran el monumento a Franco (1966), situado en la avenida de Anaga; el monumento a los Caídos (1947), ubicado en la plaza de España; el busto a Joaquín Amigó de Lara (1986); las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957) o la lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés (1975). También figuraba la hélice del crucero «Canarias», que fue retirada el pasado mes de marzo.

En cuanto a las denominaciones, incluye vías como el puente General Serrador (1943), la calle Calvo Sotelo (1936) o el paseo Francisco Aguilar y Paz (1994), además de barrios como la Victoria, y centros educativos como el colegio Fray Albino (1944), entre otros. Asimismo, incluye también al Mercado Nuestra Señora de África, cuyo nombre debe cambiarse, según la normativa que prevé aplicarse. Los honores y las distinciones se refieren a más de 130 personas.