Sánchez mira a la “clase media” tras la debacle del 19-J

El terremoto que supuso la debacle electoral de las fuerzas políticas de la izquierda hace una semana todavía tiene sus réplicas. Noqueados por el revés, no aciertan a resolver el porqué de tamaño castigo en las urnas, en un bastión, el andaluz, tradicionalmente afín y después del despliegue de agenda legislativa al que se han visto obligados en los últimos meses por las sucesivas crisis –sanitaria y económica derivada de la guerra de Ucrania–. Casi sin tiempo de analizar de dónde ha venido el impacto, todavía sin encajarlo del todo, el Gobierno se asemeja al boxeador que lanza puños al aire, esperando acertar algún golpe. De este modo, ha entrado en una etapa de hiperactividad ejecutiva, prácticamente a anuncio diario, y aumentando la exposición pública del presidente para intentar capitalizar las buenas noticias en su figura.

Moncloa fue escenario ayer de un hecho insólito. Un Consejo de Ministros extraordinario –en sábado y 48 horas antes de que se celebre otro ordinario– tras el que compareció Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo quería poner cara y voz al nuevo decreto anticrisis que impulsa el Gabinete y que contará con importantes medidas sociales enfocadas en la clase media y trabajadora. El Gobierno centra ahora el tiro en este público objetivo. Un nicho de votantes que han confiado mayoritariamente en fuerzas progresistas y a los que van dirigidas sus iniciativas, pero que en elecciones como las de la Comunidad de Madrid o Andalucía han pasado a confiar en opciones de derecha. Esta realidad preocupa en el Ejecutivo que se ha propuesto cortar la sangría hacia el PP que reflejan las encuestas.

El contexto es adverso y en Moncloa se lamentan por no ser capaces de trasladar a la opinión pública el impacto real que están teniendo unas políticas que se ven superadas día a día por una realidad endiablada. De este modo, Sánchez cuantificó que el paquete anticrisis – el ya aprobado más el decreto que se impulsó ayer– está teniendo un efecto amortiguador de la inflación de hasta de 3,5 puntos. Es decir, que de no haberse tomado medidas estaríamos en un IPC que superaría las dos cifras. Esto está suponiendo un importante esfuerzo presupuestario, de más de 9.000 millones de euros: 5.500 en gasto para proteger a los más vulnerables y 3.600 en reducción de ingresos por las rebajas fiscales. «Hasta el final del año 2022 se habrá invertido con los dos decretos cerca de 15.000 millones de euros, más de un punto del PIB», destacó Sánchez.

El presidente compatibilizó su mensaje a la clase media y trabajadora, repitió en varias ocasiones «este Gobierno sabe bien para quien gobierna», con un discurso de reivindicación y resistencia –que por momentos recordó a la épica que imprimió a su candidatura a las primarias contra Susana Díaz–. Sánchez mandó un mensaje nítido a «determinados poderes económicos, con terminales mediáticas y políticas» que, dice, intentan tumbarle porque «este es un Gobierno molesto» e «incómodo». «No nos van a quebrar», aseguró.

El Ejecutivo mantendrá las medidas del decreto anterior, entre las que destacan la bonificación del combustible de 20 céntimos por litro, el bono social, la ampliación del Ingreso Mínimo Vital o la imposibilidad de subir el alquiler más de un 2%. A esto se suma un refuerzo de las políticas para hacer frente a los precios de la energía, protegiendo a los consumidores más vulnerables, con una rebaja de hasta un 80% de los impuestos de la factura de la luz, que ya se anticipó esta semana con la reducción del IVA al 5%. En paralelo, se incentivará el uso del transporte público, con una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales prestados por el Estado y un 30% de los prestados por las CC AA y entidades locales, que entrará en vigor a partir del 31 de septiembre.

También se va a dar una ayuda directa, en un único pago, de 200 euros para trabajadores autónomos y con bajos ingresos, esto es, con rentas del hogar por debajo de 14.000 euros. Se estima que llegará a 2,7 millones de personas. Se aumentarán un 15% las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, lo que supone unos 60 euros más al mes a los perceptores de estas prestaciones. Además, se limitará el precio de la bombona de butano, se mantendrán las ayudas al sector primario, la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas y se extenderán las medidas ya previstas para los afectados por el volcán de La Palma, entre otras. El Ejecutivo estima que con estas medidas concretas está protegiendo a cuatro millones de personas. «El paquete beneficia a toda la sociedad y lo que queremos hacer con un reparto justo», destacó.

Impuesto a las energéticas

Por ello, una de las medidas más significativas que anunció Sánchez, aunque no está dentro del decreto, es la decisión de impulsar un impuesto a las eléctricas. El Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las energéticas –también a las petroleras– por el alza de los precios. Será presentado en las próximas semanas como proposición de ley en el Congreso, por los dos partidos que componen la coalición, para que entre en vigor el 1 de enero de 2023. El impuesto seguirá la estela del ya aprobado en Italia, un 25%, según deslizó Sánchez, y se ha diseñado para que repercuta en los beneficios que han obtenido en 2022. «Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías», destacó el presidente.

El PP reaccionó por boca de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que se felicitó del «acierto» del Gobierno «al copiar las medidas del PP en el Consejo de Ministros para bajar el IVA de la luz y ayudar a los más vulnerables». Sin embargo, a renglón seguido aseguraba que también «se equivoca en no ir más allá». «Está a tiempo de asumir el resto de medidas y ayudar de verdad a los españoles», escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter. El Gobierno debe ahora aprobar este decreto en el Congreso de los Diputados y espera contar con una mayoría solvente. Creen que el PP no podrá oponerse a este paquete de medidas, pero también lo pensaba con el anterior y los populares acabaron votando en contra.