Dignidad y Justicia reclama la investigación judicial a Otegi tras el secuestro de Miguel Ángel Blanco

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le facilite el resultado de la investigación que el magistrado puso en marcha en las horas posteriores al secuestro, el 10 de julio de 1997, de Miguel Ángel Blanco –que fue ejecutado por ETA 48 horas después– que incluyeron la intervención de las comunicaciones de Arnaldo Otegi, tras «sugerir» la expareja de un antiguo dirigente de ETA político-militar que se indagara si el entonces diputado de HB podía estar vinculado con la acción criminal.

En el escrito –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– la abogada de Dignidad y Justicia (DyJ) Vanessa Santiago pide al instructor –que ahora investiga la supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) de los exjefes de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Albisu, «Mikel Antza», y Soledad Iparraguirre, «Anboto»– «el resultado de las investigaciones» realizadas entonces sobre Otegi «y su posible participación y en qué grado» en los hechos que terminaron con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La asociación que preside Daniel Portero quiere saber «si participó en la toma de decisión del secuestro y posterior cruel asesinato» del edil.

Y es que en un auto de 11 de julio de 1997, el juez García Castellón acordó –recuerda la asociación de víctimas– la intervención de comunicaciones de Otegi, tal y como informó El Mundo, para lo que el magistrado libró un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Consejería de Interior del Gobierno vasco.

Por la “urgencia de la situación”

Se trataba de investigar unas manifestaciones efectuadas ante el juez en los juzgados de Villajoyosa (Alicante) por Miren Itziar Olaskoaga, expareja de Salvador Ormaza (con quien estuvo casada entre 1986 y 1992), que fue dirigente de ETA-pm (a la que también perteneció el propio Otegi en los años 70).

Según declaró –reseña DyJ– «se había enterado del secuestro de Miguel Ángel Blanco» y «vista la zona donde se había producido» el mismo «sugirió que por las autoridades se investigara a Arnaldo Otegi», que fue –dijo– «uno de los responsables, junto con su exmarido, del robo de escopetas de Bibar» (sic) y del aparato logístico de ETA político militar, VIII Asamblea.

En esas horas contrarreloj, la Fiscalía –pese a advertir de que Otegi era aforado y que la competencia para investigarle era del TSJ del País Vasco– se inclinó porque «dada la urgencia de la situación» la Audiencia Nacional asumiera la competencia en esas primeras diligencias de investigación, informando al TSJ vasco de la apertura de diligencias.

“Preparaos para dentro de diez días”

Pero pese a ese «plan urgente de control» de Otegi, subraya Dignidad y Justicia, «no consta en la causa resultado alguno de dichas diligencias» ni comunicación alguna al TSJ del País Vasco ni «formación de pieza separada en cuanto a su imputación», unas diligencias que ahora reclama la asociación de víctimas.

Además, DyJ solicita que las Fuerzas de Seguridad analicen seis cintas de las conversaciones intervenidas en prisión de un vis a vis entre el preso de ETA Xabier Valerdi, su hermano Ricardo y Aránzazu Martín el 12 de julio de 1997 (horas antes de que ETA ejecutase al edil del PP).

Unos días antes, el 1 de julio Valerdi había manifestado a su hermano en una conversación también intervenida, con autorización judicial: «Preparaos para dentro de diez días», «va a haber para todos». Diez días después, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco.

El juez autorizó la intervención del vis a vis dos días más tarde en la prisión de Herrera de la Mancha para intentar arrojar luz sobre el paradero del edil secuestrado, pero por dificultades técnicas, la grabación es «inaudible en la mayor parte de su contenido». Dyj cree que con los avances técnicos de la actualidad (que permiten optimizar la calidad del audio) se podría acceder a su contenido para intentar arrojar luz sobre si comentó algo a su hermano respecto a «quién habría ordenado la ejecución de dicho secuestro».