Cerco al Gobierno por la deportación de menores en Ceuta

Las polémicas devoluciones a Marruecos de decenas de los menores que entraron de forma masiva en Ceuta en mayo de 2021 durante la crisis diplomática con Rabat salpican a cuatro ministerios: Exteriores, Presidencia, Interior y Justicia. La publicidad del sumario del caso–llevado ante los tribunales por la Asociación para el Desarrollo Integral L’Escolac y la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado– lejos de despejar algún interrogante ha abierto más y manchado todavía más si cabe la actuación de la administración durante aquellas jornadas. Por el momento hay dos personas imputadas: la delegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos y la vicepresidenta del Gobierno ceutí María Isabel Deu. Pero podría ir a más.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ejerce la acusación popular en la investigación, aseguró ayer en declaraciones a LA RAZÓN que reclamará al juez que cite a declarar a los responsables de hasta cuatro ministerios. «Es de lógica presuponer que hay unas serie instituciones del Gobierno de España que estaban llamadas a tener un conocimiento de la actuación contra los menores, según las testificales de las propias imputadas», dice. Se trataría de las carteras de Exteriores, Presidencia, Interior y Justicia. «Queremos saber quiénes eran los interlocutores, qué hicieron y cómo lo hicieron cada una de esas personas», puntualiza. Según defiende el secretario general de la entidad, Rafael Escudero, el Gobierno de España «estaba al tanto de las devoluciones, pese a que lo ha negado en sede judicial y parlamentaria». Lo cierto es que a lo largo del sumario -al que ha tenido acceso este periódico- de la causa que lleva un juzgado de Ceuta no aparece implicado ningún ministro, pero sí existen correos directamente enviados desde la Secretaría de Estado de Interior que dieron el beneplácito para llevar a la frontera del Tarajal a los menores sin el estudio individualizado que exige la ley.

Además de denunciar la ilegalidad de la actuación del gobierno (corroborada el pasado mes de junio por el Tribunal Superior de Andalucía) durante el momento más álgido de la tensión entre España y Marruecos a raíz de la decisión de acoger al líder del Frente Polisario en un hospital de la Rioja, la acusación popular carga contra la contratación pública de emergencia de aquellos días. Según detalla en una conversación telefónica quieren «analizar la contratación, los gatos y una serie de cosas que a todas luces no se corresponde, al menos, con la información que obra en el sumario con la realidad que fue determinada por las administraciones públicas».

En concreto, cuestiona la actuación de emergencia de la Ciudad Autónoma y los contratos formalizados con distintas empresas para acoger a los alrededor de mil menores en distintos equipamientos acondicionados con ese fin por un gasto «desorbitado» mensual de «1,8 millones de euros», a pesar de lo cual se les dio «una atención deficitaria». «No me salen las cuentas», denuncia. Desde la Red esperan que «nadie se salte la ley». «Si querían deportar a mil niños se van al Congreso de los Diputados y cambian la Ley de Extranjería», dice su responsable que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «actuar como Donald Trump».

Un correo de la propia responsable del Área de Menores del Gobierno de Ceuta, Antonia Palomino, alertó en agosto de hace un año que lo que iba a producirse no era correcto. Que el plan pactado por España y Marruecos, acogiéndose a un Convenio firmado en 2007, no se ajustaba a los parámetros de Derechos Humanos que el Gobierno tiene suscritos ni a las leyes internas. «A la vista de que el procedimiento no es acorde a la legislación nacional, europea e internacional, lo pongo en conocimiento a los efectos oportunos, dice el mail Palomino que va dirigido al fiscal de Ceuta José Luis Puerta Martí.

De nada sirvió porque las autoridades de la ciudad autónoma ya habían elaborado una lista de 145 que pensaban retornar a Marruecos. Finalmente solo se llegaron a realizar un par de tandas de 15 niños cuyo paradero, por cierto, nunca se llegó a comprobar por parte de las autoridades de España, tal y como se desprende de las declaraciones prestadas hasta el momento por las imputadas y los testigos. También fueron las ONG las que judicializaron el asunto entonces y pararon las devoluciones.

El próximo 7 de septiembre deben volver a declarar la delegada del Gobierno y la vicepresidenta ceutí. La Fiscalía considera que cometieron un delito de prevaricación continuado.