La delegada del Gobierno en Ceuta sobre la devolución ilegal de menores: “Fue decisión de Madrid”

Las repatriaciones de menores a Marruecos en agosto del año pasado no solo fueron ilegales, como ya ha sentenciado la jurisdicción contenciosa-administrativa, sino que además pueden tener consecuencias penales para los responsables de dar el visto bueno a la salida de Ceuta de unos 30 niños que habían saltado la frontera en la crisis en la que llegaron 10.000 migrantes en poco más de 24 horas. El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma investiga a la vicepresidenta del Ejecutivo ceutí María Isabel Deu del Olmo y a la delegada del Gobierno allí, Carmen Mateos. Esta última expuso en su declaración que la decisión fue tomada desde Madrid, según la documentación del sumario.

Entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 se produjo la entrada masiva de migrantes de los que unos 1.200 eran menores de edad. Según la Fiscal Jefa de Ceuta, Silvia Rojas, que ve un delito de prevaricación continuado en el comportamiento de las dos investigadas, la número dos del Gobierno de Ceuta lamentaba la falta de recursos y “mantuvo numerosas reuniones y contactos con la Delegada del Gobierno en el curso de las cuales logró convencerla de la conveniencia de practicar la devolución de los menores sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran”.

Elaboraron un listado de 145 niños para devolver al reino alauí basándose en un convenio firmado entre España y Marruecos en 2007 que, según su interpretación, permitía la devolución inmediata de los menores no acompañados. Pero esa actuación vulneró el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las leyes españolas que exigen un informe individualizado de cada menor, así como un análisis de la Fiscalía. Nada de esto se hizo e, incluso, la Jefa del Área de Menores de Ceuta, María Antonio Palomo, mostró su oposición a que fueran a llevarse a la frontera del Tarajal a los pequeños. El día de la primera tanda de devoluciones Palomo “hizo patente una vez más, en esta ocasión de viva voz, su disconformidad con aquel proceder manifestando que era contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

Pero de nada sirvió. El 13 de agosto y los dos días posteriores los menores fueron entregados en grupo de 15 a las autoridades marroquíes, según dejó constancia la Policía en los correos que envió para dar cuenta al Ministerio del Interior. En los interrogatorios que durante estos meses de investigación se han producido esta es una de las constantes de los testigos y las acusadas: señalar al Gobierno central y en concreto al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska como el responsable del trato con Marruecos.

De hecho, Carmen Mateos expuso en su declaración que “en ningún momento Marrueco tenía comunicaciones a Ceuta al no considerarla parte de España”.Según su versión los niños que llegaron a la frontera dijeron que querían volver con sus padres y que estaban contentos. Para Mateos no se vulneraron los derechos de los menores y el acuerdo que se puso en marcha “nunca se había utilizado ya que no se había dado un caso similar nunca”. El Secretario General de la Delegación del Gobierno ceutí, por su parte, reconoció ante el juez que cuando entregaron a los menores “las autoridades marroquíes verificaban que eran menores de edad, pero no recibieron ningún tipo de documento ni constancia documental de la entrega a sus familiares, tan solo verbal”.

Tres días después de este goteo de expatriaciones el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ceuta ordenó la suspensión cautelar de estas devoluciones y tiempo después confirmó que todo el procedimiento había sido ilegal. La Asociación para el Desarrollo Integral L’Escolac interpuso una denuncia en la Fiscalía posteriormente, origen de todo este procedimiento, a la que se adhirió también la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado que buscan depurar las responsabilidades hasta el final. Ahora ambas investigadas deberán volver a declarar el próximo 7 de septiembre.