Bruselas baraja condicionar 70.000 millones de euros en créditos a la reforma de la elección de los jueces

La visita del próximo día 30 a Madrid del comisario de Justicia europeo, Difiere Reynders, marca otro punto de inflexión en el bloqueo que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, y también al Tribunal Constitucional (TC). Vencido el plazo para que el Consejo llegara a un acuerdo para nombrar a los dos vocales del Constitucional que le competen, el anuncio de esta visita lleva a que los magistrados conservadores se inclinen por esperar a ver qué ocurre con este desplazamiento antes de profundizar en unas negociacionessobre las que hasta ahora no ha habido posibilidad de acuerdo.

La presión crece también sobre el Gobierno, que ha visto frustrarse su objetivo de hacerse con la mayoría del Constitucional sin mediar el pacto con el PP y por la vía de que el CGPJ nombrara a sus dos candidatos, y el Ejecutivo hiciera lo mismo con los que son de su competencia. Todo ello después de revisar la reforma que acababa de introducir con sus socios parlamentarios, para vetar los nombramientos del CGPJ en tanto esté en funciones, y devolverle ese poder solo para resolver el Tribunal Constitucional.

Detrás de la visita de Reynders hay otros movimientos entre bambalinas que aumentan más la presión sobre Moncloa. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, tiene abierta justo en estos momentos la negociación sobre la condicionalidad, los llamados hitos, a la que deben ajustarse los 70.000 millones en créditos en fondos europeos, que sí hay que devolver, y que el Ejecutivo quiere desbloquear ya. De los 140.000 millones en fondos europeos para la reconstrucción concedidos a España, 70.000 son en subvenciones, que no se tienen que devolver, y otros 70.000 en créditos.

Bruselas lleva tiempo mostrando su preocupación por la situación de la Justicia española, en público y en privado. Y con la crisis en el sistema judicial español ya fuera de control, fuentes comunitarias confirmaron ayer a este diario que en Bruselas barajan condicionar el desembolso de la partida de créditos a que se reforme el modelo de elección de los jueces. El Gobierno de coalición se ha negado hasta ahora a introducir cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en ese principio que exige la UE de una mayor independencia política del sistema judicial. Por la vía, por ejemplo, de que los jueces elijan a los jueces. El PSOE no está de acuerdo, pero, además, le ocasionaría un problema con sus socios. Es una reforma que tendría que sacar mano a mano con el PP.

El PP de Casado utilizó esta exigencia europea como justificación de su último bloqueo al acuerdo, después de haber argumentado otras razones como su oposición a que Podemos participara en la negociación. Después, con la llegada de Alberto Núñez Feijóo, Génova presentó una propuesta de pacto que dejaba a un lado la reforma legal, pero que planteaba unas condiciones mínimas para garantizar la independencia de los nombres propuestos. Moncloa tampoco aceptó esta propuesta.

Pero sobre Moncloa se echa ahora encima la presión de Bruselas y el precedente de Polonia. El desembolso de los fondos europeos se condicionó en el caso polaco a la reforma judicial que ahora se reclama a España. En el caso de Hungría le costó la retirada de las ayudas.

Desde Bruselas llevan tiempo reclamando a España el desbloqueo del Poder Judicial. También que la elección de sus miembros se haga por los jueces para que cumpla con los estándares europeos. La semana pasada, después de que se confirmara la falta de acuerdo en el Poder Judicial para renovar el Constitucional, el PP elevó el desbloqueo a Bruselas y envió una carta con su propuesta al comisario de Justicia. El vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, pidió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, una nueva negociación, y éste acusó al PP de aparentar de cara a la galería.

En defensa del pacto entre PSOE y PP para desbloquear los nombramientos se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el comisario de Justicia. Reynders también ha insistido en que el sistema de elección corra a cargo de los jueces. Es decir, como pide ahora el PP.

Los populares circunscriben hoy su oferta a que haya un pacto total, que afecte al CGPJ y al TC. Sus condiciones son las mismas que ya presentó el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en julio. El Gobierno mantiene que sigue esperando a que el CGPJ nombre a sus magistrados para el Constitucional en unos días.

En vísperas de la visita del comisario europeo a finales de mes, Bruselas insiste en la gravedad y urgencia del bloqueo, y critican también el juego político que se ha apropiado de las instituciones judiciales. La Comisión Europea pide que primero se renueve el Poder Judicial y después se proceda a la renovación del método de elección de los vocales para que cumpla con los criterios europeos recogidos en la Comisión de Venecia.