Podemos deja en el aire la ley de Sanidad si el PSOE no revierte la privatización

Nueva tensión dentro del Gobierno de coalición, que se suma a los choques para cumplimentar la agenda legislativa firmada por PSOE y Unidas Podemos. A la paralización de leyes claves para los morados, como la ley de Vivienda o mordaza, se suma ahora la ley de Sanidad, que este jueves pasará su examen en el Congreso de los Diputados con el debate de las enmiendas a la totalidad, y que la cuota morada no garantiza su aprobación.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha avisado esta mañana que no apoyará el proyecto de ley de equidad universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública si en su trámite en el Congreso no se revierte la privatización. Según argumentan fuentes moradas, el proyecto que ya fue aprobado en Consejo de Ministros en el mes de junio, deroga solo parcialmente la ley 15/1997 de privatización de sanidad de José María Aznar. “Cuando el ministerio de Sanidad anunció el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocido como ‘Ley Darias’, afirmó que venía a derogar la citada ley del Partido Popular”, sin embargó, según el partido “esto solamente es cierto en el plano formal (toda ley que modifica una ley anterior la deroga parcialmente). En el plano material, por el contrario, todo queda como está”.

Así, los morados denuncian que en la bautizada como “ley Darias” solamente se podrán externalizar servicios en situaciones excepcionales, pero la definición concreta de “excepcionalidad” permite que cualquier comunidad autónoma básicamente pueda seguir privatizando el sistema con la misma libertad que la que tiene en estos momentos.

Ante esto, el partido ha presentado una serie de enmiendas a la citada ley para establecer “límites reales y no solamente retóricos a la privatización de nuestro sistema de salud”. Unas enmiendas que han sido remitidas al socio mayoritario en la coalición, y que incluso han transmitido la posibilidad de que los morados voten en contra si no se “garantiza” o alcanza “algún tipo de acuerdo previo” sobre la modificación del texto legal durante el trámite parlamentario.

Los morados recuerdan que el PSOE ya votó a favor de la ley de Sanidad de Aznar, prometiendo “que la privatización no iba a avanzar”, sin embargo, critican, “la realidad ha sido todo lo contrario”.

La coportavoz del partido, Alejandra Jacinto, así lo ha confirmado en rueda de prensa tras la Ejecutiva de Podemos. La dirigente morada ha pedido “sentarse a negociar” para “blindar” la Sanidad pública en España y ha recordado que en el acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Unidas Podemos figura el compromiso para “revisar la ley y blindar la sanidad pública”.

La ley

Según el ministerio de Sanidad, la ley “blinda” la sanidad pública de forma que el modelo de gestión “preferente” a partir de ahora será la “directa”, es decir, la realizada directamente por las administraciones públicas. En cualquier caso, también se establecen “excepciones” para que la gestión de los centros sanitarios sea “indirecta”, es decir, a través de modelos privados, pero solo como “complementaria y de apoyo”.

El Anteproyecto tiene como objetivotambién “establecer la eliminación de los copagos sanitarios”, especialmente en transporte sanitario no urgente. Y también amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos. Estos colectivos son personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas con hijo a cargo. Así, se beneficiarán, según los datos del Gobierno, unas 6 millones de personas.

Igualmente, el Gobierno busca recuperar la Cartera Común de Servicios “única”, evitando las discrepancias de prestaciones entre comunidades autónomas que provocan desigualdad entre los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.

En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, pero, sobre todo, amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.

También se persigue que esté garantizado el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos al colectivo formado por los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española y que, hasta ahora, se ven obligados a contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia en España.