El juez de la Audiencia Nacional se ha opuesto, con el respaldo de la Fiscalía, a investigar si Arnaldo Otegi “participó en la toma de decisión” del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, tal y como le había solicitado Dignidad y Justicia (DyJ).

El instructor de la causa rechaza así analizar de nuevo las conversaciones intervenidas en prisión de un vis a vis entre el preso de ETA Xabier Valerdi, su hermano Ricardo y una tercera persona el 12 de julio de 1997 (horas antes de que ETA ejecutase al edil del PP en Ermua), que se produjo después de que el 1 de julio el etarra manifestase a su hermano en una conversación también intervenida: “Preparaos para dentro de diez días”, “va a haber para todos”.

La asociación que preside Daniel Portero también había solicitado al magistrado que incorporase a la causa el resultado de las diligencias realizadas en su día después de que la expareja de Salvador Ormaza, antiguo dirigente de ETA político-militar sugiriese investigar a Otegi (cuyas conversaciones fueron intervenidas por orden judicial en esas horas posteriores al secuestro).

“Kantauri” declarará el 17 de octubre desde prisión

Pero García Castellón -que investiga por esta acción criminal a los ex jefes de José Javier Arizcuren Ruiz, “Kantauri”, a quien en otra resolución ha citado a declarar por videoconferencia desde prisión el próximo 17 de octubre; Mikel Albisu, “Mikel Antza”, y Soledad Iparraguirre, “Anboto”– descarta de forma rotunda poner en marcha “una genérica investigación de una persona” a la que, recuerda, ordenó intervenir las comunicaciones, pese a ser aforado, “por la necesidad de localizar al finalmente asesinado concejal de Ermua”.

El magistrado señala que si esas pesquisas hubieran dado algún resultado, “es previsible y razonable pensar” que la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa lo habría puesto “en conocimiento del órgano judicial competente”, la Audiencia Nacional.

En todo caso, añade en una resolución firmada ayer, “nos encontramos además ante una responsabilidad prescrita y aunque no sea el momento de tal declaración, resulta ilusoria la formalización de la imputación, en este momento, contra personas contra las que no se haya dirigido el procedimiento hasta ahora y más aún cuando no existe indicio de participación en los hechos de la persona referida”.

Respaldo del fiscal

En su informe, el fiscal Miguel Ángel Carballo esgrimió los mismos argumentos que reproduce el juez, aunque dejó a criterio de García Castellón que se pudiesen analizar los audios grabados en prisión al preso etarra, sin oponerse específicamente a esa diligencia solicitada por Dignidad y Justicia,

El representante del Ministerio Público recuerda que en su día la Policía ya informó de que “por dificultades de tipo técnico y debido al soporte que las recogía”, esas conversaciones “eran inaudibles en la mayor parte de su contenido, solo llegando a resultar comprensibles algunas palabras sueltas que al ignorar el contexto carecen de contenido por sí mismas”.

La asociación de víctimas reclamó el pasado julio que esas cintas fuesen analizadas con técnicas actuales que permitiesen “mejorar y optimizar” la calidad del audio. Carballo dejó claro en su escrito que “pese a la escasa posibilidad técnica de la pericia y el poco resultado que cabría esperar”, dejaba la decisión en manos del instructor, “sin que, sin embargo, en este caso este Ministerio se oponga expresamente a dicha práctica”.

“Iñaki de Rentería”, apartado

Tras la querella presentada por DyJ, García Castellón decidió apartar del procedimiento a otro de los exdirigentes etarras denunciados, Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”, al considerar que su supuesta responsabilidad habría prescrito al haber pasado más de veinte años desde su detención en 2000 sin que se acordara medida alguna contra él, una medida que han recurrido tanto la Fiscalía como la asociación de víctimas.

Respecto a “Kantauri”, “Mikel Antza” y “Anboto”, sin embargo, el juez asegura en el auto de imputación que “pudieron haber evitado” el asesinato del concejal del PP al acaparar, como miembros del comité de dirección de ETA, “suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización”. “Tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, el asesinato de la víctima”, subrayó el magistrado, coincidiendo con la argumentación que hizo en la querella contra la excúpula de ETA el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez Arias.