Las tres vías de Sánchez tras el fiasco del pacto del CGPJ

Con la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solo ha descarrilado el ansiado relevo del órgano de gobierno de los jueces sino, también, la sustitución de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (pendiente desde junio), un cambio que debe certificar la mayoría progresista en la institución, y la designación de un quinto por el Senado (el sustituto del conservador Alfredo Montoya).

Y aunque desde el PP se insista en que esas conversaciones no están rotas sino solo suspendidas a la espera de una rectificación de Pedro Sánchez en su anunciado objetivo de reformar el delito de sedición, lo cierto es que el atolladero judicial obliga al Gobierno a mover ficha si quiere revertir alguno de esos escenarios sombríos.

Pero, ¿qué pasos puede dar el Ejecutivo para intentar salir de la encrucijada que supone un CGPJ en funciones desde hace cuatro años y un TC con un tercio de sus miembros a la espera de sus sustitutos desde el pasado junio? En primer lugar, es previsible que desde el Gobierno se redoble la presión para que el Consejo del Poder Judicial designe a los dos magistrados del Constitucional que por ley le corresponden en este turno (en el que se renueva un tercio de su composición si sumamos a los otros dos que elige el Ejecutivo). Las conversaciones para ese relevo estaban paralizadas desde que, tras la dimisión de Carlos Lesmes, PSOE y PP retomaran sus negociaciones para alumbrar un pacto para un nuevo Consejo y la designación de los jueces del TC. Ahora, habrá que ver hasta qué punto el descarrilamiento de esos contactos relanza ese proceso de elección.

Desencallar la elección de dos jueces del TC por el CGPJ

En todo caso, las posibilidades de alcanzar un acuerdo exprés en el seno del actual Consejo (se requiere una mayoría de 3/5 que tras la salida de Lesmes se ha reducido a once votos) pasan indefectiblemente por la ruptura del bloque conservador del CGPJ, arañando tres votos que, unidos a los de los ocho vocales progresistas, sumen esos once requeridos. Algo similar a lo que ocurrió cuando el Pleno avaló la idoneidad para el cargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con doce votos a favor (entonces, además de Lesmes, los conservadores Vicente Guilarte, Wenceslao Olea y Juan Martínez Moya respaldaron esa decisión) y la oposición del resto de vocales, que cuestionaron la apariencia de imparcialidad del sucesor de Dolores Delgado.

Pero hasta el momento, el bloque mayoritario se ha mantenido firme (Lesmes intentó sin éxito dejar encarrilados esos nombramientos in extremis antes de anunciar su dimisión) y ni siquiera ha puesto sobre la mesa a un posible candidato para incorporarse al TC (tras sucesivas negativas de magistrados del Supremo). Algo que tampoco ha hecho el sector progresista, que sí ha reducido su lista de nueve aspirantes a solo tres entre ellos los magistrados del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés (el preferido de Moncloa) y Pablo Lucas, el supervisor del CNI.

En el trasfondo de ese acuerdo estaba la renovación del propio CGPJ y la reforma que reclama Europa para que los doce consejeros de procedencia judicial sean directamente elegidos por los propios jueces (ante la que el Gobierno se ha mostrado huidizo por el peso de las asociaciones conservadoras en la carrera judicial), y no por el Parlamento, como sucede ahora. De ahí que cuando el Gobierno y el PP se sentaron de nuevo a negociar esas conversaciones se interrumpiesen. Ahora, la pelota vuelve a estar en el alero del Consejo.

Convencer al Pleno del Constitucional

Si esa designación sigue encallada, el Gobierno puede optar (el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya abrió esa puerta en su día) por designar a sus dos magistrados del TC sin esperar al órgano de gobierno de los jueces. Pero ese camino, no obstante, no está exento de incertidumbre porque la Constitución establece que el tribunal de garantías se renueva por tercios (y no de dos en dos), por lo que el Pleno podría tumbar la designación si esos dos candidatos no vienen acompañados de los dos elegidos por el Consejo.

Pero incluso en ese caso, apuntan fuentes jurídicas, podría producirse una situación insólita de imprevisibles consecuencias: al estar esos dos candidatos ya nombrados por el Gobierno (y únicamente a la espera del aval del TC, cuyo rechazo no sería respecto a su idoneidad, sino meramente formal), si el CGPJ no seleccionara a los suyos antes de las generales, un hipotético Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo que procediera a la elección de los dos jueces del TC pendientes se enfrentaría a una controversia jurídica respecto al alcance de la legitimidad de los dos candidatos ya designados por el Gobierno de Sánchez. En juego, el control del Constitucional al menos hasta 2030 (cuando se prevé la próxima renovación por el Ejecutivo y el CGPJ), un TC que será el encargado de pronunciarse sobre reformas clave del Gobierno socialista como la leyes del aborto y la eutanasia, la Ley Celaá o la reforma que impide al Consejo del Poder Judicial hacer nombramientos mientras esté en funciones.

Aunque, sin duda, la apuesta más arriesgada del Gobierno pasa por impulsar una reforma legal –como le reclama ya Podemos– para solucionar de un plumazo las renovaciones del CGPJ y del TC rebajando las mayorías necesarias para renovar la institución. Lo que supondría desempolvar una iniciativa a la que ya tuvo que renunciar por el tirón de orejas de la Comisión Europea. Se trataría de fijar en la mayoría absoluta (al alcance de acuerdos con sus socios de gobierno) y no en los 3/5 el quórum necesario para designar a los vocales en las Cortes, lo que abocaría al PP a una posición marginal en la renovación del Consejo y a una incómoda posición de Sánchez al asumir en julio la presidencia de turno de la UE.