Patrimonio reanudará el lunes las obras en el Valle de los Caídos

El anuncio –adelantado por este diario el pasado 25 de noviembre– sobre la inminente reapertura de las obras en las criptas del Valle de los Caídos que Patrimonio Nacional tiene previsto iniciar este próximo lunes –según ha sabido LA RAZÓN– ha sido denunciado por particulares y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) que recurrieron al Tribunal Supremo para evitar la continuidad de las obras que pueden afectar a los restos de los familiares que se oponen a intervención alguna.

Son los mismos que, «en el caso en que se dirime si procede llevar a cabo obras» [en Cuelgamuros], solicitan ahora al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid que resuelva que «ha de estarse a la resolución que se debe dictar» por el Alto Tribunal sobre la «admisión a trámite y, en su caso, resolución del recurso de casación formulado por la misma representación procesal en el presente incidente de medidas cautelares». En un escrito informan al juzgado de haber «tenido conocimiento» por medio de este diario de «la intención de Patrimonio Nacional de retomar las obras en las criptas del Valle de los Caídos “en las próximas semanas”, según indicaron fuentes del organismo público tras ser preguntado por LA RAZÓN». Aunque finalmente el comienzo será el lunes, como prueba el cierre de la capilla del sepulcro para que no se pueda acceder desde el resto de la Basílica.

Recuerdan los recurrentes que, «en la pieza separada de medidas cautelares se dictó auto de ese juzgado» [el 16 de noviembre de 2021] «por el que se resolvió suspender los efectos de la licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en virtud de la cual Patrimonio Nacional pretende iniciar obras sin respetar la protección integral y global que le otorga la ficha I-40 del catálogo de edificios protegidos de las normas subsidiarias de planeamiento de San Lorenzo de El Escorial».

«Igualmente», aseguran, «consta» a la juez y a Patrimonio Nacional, que tras la sentencia del pasado 20 de junio dictada por la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), resolviendo que no procedía suspender los efectos de la licencia urbanística, se presentó por su parte un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que está pendiente de admisión a trámite, «de tal forma que las resoluciones habidas en la presente pieza separada de medidas cautelares no son firmes y que por ello hay que esperar a la resolución que se dicte por el Supremo».

Del mismo modo, recuerdan los litigantes que, «ante la petición por parte de Patrimonio de ejecutar las obras tras la sentencia del TSJ, el juzgado acordó que no ha lugar, toda vez que como se acaba de indicar», el fallo del TSJ no es firme, de acuerdo al recurso interpuesto y la decisión que adopte el Alto Tribunal.

«Dada la mala fe y temeridad del Estado», aseguran, el juzgado «impuso las costas a la parte contraria», y «pese a todo ello, esta parte no alcanza a comprender la osadía temeraria y absoluta mala fe de la parte contraria, pues parece pretender saltarse a la torera las resoluciones de ese juzgado, con lo que bien podría considerarse un claro desacato y desobediencia».

Por ello, dicen, «nos vemos obligados a solicitar el auxilio» de la magistrada «a efectos de que dicte resolución por la que ordene a las partes que hay que esperar» al dictamen del Tribunal Supremo, «pues de otro modo quedaría vacío de contenido el derecho a formular los recursos a que en derecho haya lugar, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que por las partes puedan emprenderse acciones contrarias a las resoluciones judiciales habidas en el presente incidente de medidas cautelares, en tanto no devengan firmes y definitivas, máxime cuando las obras pretendidas afectan a un edificio clasificado con grado de protección integral global por el catálogo de bienes protegidos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial».

Después de que se presentara el escrito en el juzgado, este periódico ha tenido noticia de que los trabajos en las criptas arrancan el lunes, sin que hasta el momento se sepa qué licencia urbanística avala a Patrimonio Nacional, puesto que la alcaldía de San Lorenzo de El Escorial decidió no otorgarla precisamente a la espera del fallo del Supremo, e incluso la regidora, Carlota López, está imputada por presunta prevaricación por este motivo.