«Vamos a sonrojar a España entera haciendo diputado a Junqueras»

Hoy el PSOE presenta junto con Unidas Podemos su transaccional a la enmienda que ha negociado con ERCpara rebajar el delito de malversación y favorecer así a su líder, Oriol Junqueras; a los fugados de la Justicia española, entre ellos Carles Puigdemont, y también a cargos independentistas pendientes aún de juicio. Tanto la enmienda de ERC como la transaccional forman parte del mismo pacto, pero entran ahora en la necesaria puesta en escena diseñada en Moncloa para intentar rebajar el coste político de este acuerdo en favor del independentismo y que abre graves dudas en el ámbito jurídico, incluso sobre sus consecuencias en el caso de que en el futuro hubiera un segundo «procés».

Moncloa mantiene prietas las filas bajo la presión que está ejerciendo internamente, pero esto no quiere decir, como airean los satélites oficiales, que los socialistas compartan mayoritariamente la decisión del Gobierno. Al contrario, solo que la disciplina de partido, y el miedo a las represalias, actúan como correctivo de cualquier revuelta. Es lo mismo que pasó en el PP en los momentos más duros del «caso Bárcenas» y cuando la instrucción de Madrid exigía cerrar filas con las decisiones de la dirección nacional.

Los barones y los candidatos temen por el coste en las próximas elecciones de estas reformas «ad hoc» del Código Penal para cumplir los acuerdos que Moncloa ha firmado con ERC. Pero el malestar va más allá y empieza a tocar el sentimiento institucional de partido, esa idea de que se está jugando ya en terreno que afecta a la reputación y «mancha» las siglas y la marca socialista. Los wasaps internos quemaban este fin de semana y al teléfono de alguno de los presidentes autonómicos socialistas han llegado mensajes de queja de alcaldes y dirigentes provinciales sobre las decisiones que se están tomando en Madrid. Solo que Moncloa es un búnker alrededor del presidente Pedro Sánchez y estas quejas no van más allá del ámbito autonómico: los barones no tienen un interlocutor de confianza en el entorno del presidente que les sirva para canalizar estos mensajes sin temer «por consecuencias».

Además del evidente temor por el castigo electoral, lo que más preocupa en estos momentos en el sentir de la organización socialista lo resume perfectamente uno de los mensajes que se han intercambiado dos presidentes autonómicos este fin de semana: «Vamos a sacar los colores a España entera haciendo diputado a Junqueras».

Después del «trago» de los indultos, el PSOE ya se prepara para digerir la rehabilitación política del líder independentista. De fondo, es lo que realmente busca ERC y lo que se sustancia en el acuerdo sobre la malversación. Moncloa contraataca difundiendo que en la enmienda transaccional la rebaja de las penas no llegará al nivel fijado por ERC, los tres años. La propuesta que registran hoy penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de las administraciones públicas. En la actualidad, el máximo son seis años de cárcel y diez de inhabilitación.

Sin embargo, el argumentario oficial no tapa el hecho de que todo forma parte del mismo acuerdo porque el partido de Junqueras no hubiera presentado, en ningún caso, una enmienda en este tema tan delicado sin tener asegurado que saldría adelante. Ni tampoco hubiera asumido el coste político de avalar una rebaja de penas por corrupción, por mucho que lo intenten vestir con la causa de resarcir a los supuestos mártires del «procés», si este doloso paso no sirviera para lograr sus objetivos sobre los ya condenados y sobre los que están pendientes de juicio.

Al Gobierno se le abre, además, otro frente en la batalla campal que mantiene con la Justicia. En el sector jurídico se discute sobre las consecuencias que estas reformas tendrán a futuro en el caso de que el independentismo intente llevar a cabo otro «procés», como el de 2017 y volver a declarar de nuevo la independencia sin seguir el cauce del referéndum fijado en la Constitución. El independentismo tiene por bandera la exigencia de la amnistía, y en el ámbito judicial hay importantes voces que empiezan a advertir de que el Gobierno está despenalizando las conductas ya juzgadas y sentenciadas por el Tribunal Supremo. «Si lo vuelven a hacer, se les va a poder acusar de poco más que de desórdenes públicos», sentencian en el Supremo. Es posible que no tuvieran ni que pisar la cárcel. Moncloa lo niega con la justificación de que la «desjudicialización» del «procés» no implica, en absoluto, la amnistía. «Solo estamos asumiendo el coste político, por responsabilidad, de avanzar hacia la convivencia en Cataluña».

Pero estas dudas jurídicas sobre el efecto de la reforma exprés del Código Penal trascienden la lectura electoral del momento, tensan los cimientos del Estado y afectan también a la necesaria convivencia entre el poder ejecutivo y judicial dentro del respeto a la separación de poderes. La Sala Segunda del Tribunal Supremo impuso penas de 9 a 13 años para Junqueras y los otros líderes por sedición y malversación, los dos tipos penales que son retocados en un procedimiento de urgencia, sin debate ni informe de los órganos consultivos. El acuerdo entre Moncloa y ERC deja en cinco años la pena máxima por sedición, tres veces menos de lo que está tipificado en el Código Penal en vigor.