Revisión de penas por malversación a los separatistas a partir de febrero de 2023

La reforma penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por el delito de malversación que va a beneficiar a los independentistas condenados por el «procés» ha superado ya el trámite final en el Senado y entrará en vigor 20 días después: es decir, el próximo 12 de enero. A partir de ahí, se abrirá todo el procedimiento judicial para revisar las penas de los nueve separatistas indultados en junio de 2021 que, previsiblemente, verán reducidos sus años de inhabilitación, por lo que podrán regresar a la primera línea política antes de lo previsto.

La ley superó ayer su último trámite en el Senado tras una tramitación exprés con el apoyo de 140 votos a favor, 118 en contra y tres abstenciones. Lo hizo bajo la sombra de la polémica por la reforma de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, frenada por el propio tribunal de garantías. No obstante, esa reforma que ha intentado del TC tampoco va a poder opacar estos beneficios a los independentistas porque el procedimiento judicial se puede alargar ahora hasta febrero o marzo, justo en la antesala del ciclo electoral con la cita con las urnas en mayo. Eso es precisamente lo que ha querido evitar el PSOE: la interferencia de sus cesiones al separatismo con los comicios municipales y autonómicos.

Fuentes del Tribunal Supremo aseguran que al día siguiente de la entrada en vigor de la derogación de la sedición y de la reforma de la malversación, el tribunal del «procés» preguntará por escrito a la Fiscalía y al resto de acusaciones en relación a la adaptación de la sentencia a los nuevos tipos penales, para lo que dispondrán de cinco días de plazo. A continuación, la Sala emplazará a las defensas a posicionarse en el mismo periodo de cinco días.

Ya con los escritos de las partes pronunciándose sobre la rebaja de las penas, el tribunal deliberará con el objetivo de dictar un auto de adaptación de la sentencia a la modificación penal, una resolución de la que será ponente el presidente del tribunal del juicio del «procés», y de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena. Según esas mismas fuentes, esa decisión se conocerá previsiblemente antes de diez días, por lo que apenas un mes después de la entrada en vigor de la reforma Junqueras y el resto de condenados conocerán el alcance de sus nuevas condenas por apropiación y, en su caso, desórdenes públicos agravados.

«Cualquier reforma en la que se toquen los mínimos de los tipos penales exige un proceso de revisión», dejan claro las fuentes consultadas, que hacen hincapié en que «no se puede mantener una condena por un delito de sedición que ya no existe ni por una malversación que ahora es una apropiación».

Habrá, por tanto, explican, que «ajustar las penas de inhabilitación» (el indulto parcial afectó a las de prisión) para conocer hasta cuándo estarán inhabilitados Junqueras y el resto de condenados -con las elecciones catalanas de 2025 en el horizonte-. Será el tribunal del «procés» el que deba fijar la nueva pena de inhabilitación. Junqueras fue condenado en la sentencia del «procés» a trece años de prisión y otros tantos de inhabilitación, fijando posteriormente la Sala la fecha del fin de su pena de inhabilitación el 5 de julio de 2031. Con los nuevos máximos penales, esa condena podría reducirse entre cinco y seis años, lo que le mantendría sin poderse presentar a unas elecciones hasta 2025 (justo en la frontera de las autonómicas catalanas) o 2026.

Esa revisión de penas, por tanto, volverá a situar las cesiones al independentismo en escena en la previa de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Pero no solo eso: también se podrían producir movimientos entre los que están pendiente de juicio huidos en Bruselas: en este sentido, el principal protagonista es Carles Puigdemont, quien desea volver a Cataluña lo antes posible y podría aprovechar este resquicio para hacerlo. Su regreso tendría un impacto electoral bastante notable porque su figura sigue teniendo bastante proyección.

Además, hay otra derivada en clave política de esta reforma legal: los condenados por corrupción que puedan verse beneficiados por la rebaja de penas de malversación. En el Gobierno tratan de proyectar que se ha hecho todo con máximo mimo jurídico para evitar un nuevo caso como el de la ley del «sí es sí», que ha beneficiado a más de un centenar de agresores sexuales. Desde la izquierda hay mucha alerta por si la reforma penal puede acabar beneficiando a los condenados por corrupción, de ahí que partidos como Compromís hayan optado por la abstención. Tampoco la asociación de jueces progresistas se ha mostrado muy conforme con este cambio legislativo, que se ha tramitado atropelladamente.

Apenas poco más de un mes ha pasado desde que Pedro Sánchez anunciara que iba a suprimir el delito de sedición (11 de noviembre) como compensación a Esquerra por el apoyo a los presupuestos. Además, se ha tramitado como proposición de ley, sin pasar por los órganos consultivos (Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal o Consejo de Estado) para que informaran sobre las consecuencias que puede tener una reforma de tanto calado. Todo queda, por tanto, a la espera de la interpretación que hagan los jueces a partir de ahora.