Congreso

La ley “mordaza”, en el alambre: socios y Gobierno siguen sin acuerdo a 48 horas de cerrar la fase de ponencia

Las posiciones de los partidos de la Moncloa y ERC y Bildu sobre cuatro elementos nucleares siguen muy alejadas

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (bautizada como ley «mordaza» por sus detractores) sigue atascada y, cada reunión que pasa sin acuerdo, parece más abocada al abismo. Este lunes mismo se han vuelto a reunir los grupos del Gobierno y los socios, pero el encuentro se ha saldado sin pacto en los cuatro elementos nucleares: la desobediencia y resistencia a la autoridad (artículo 36.6); las faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); las devoluciones en caliente en la frontera (disposición adicional primera); y, la prohibición del uso de pelotas de goma (artículo 23). Este miércoles está previsto que se celebre la última reunión de la ponencia y, por tanto, se firme el informe que, a la semana siguiente, tiene que votarse en la Comisión: en estos momentos, no saldría adelante y la ley quedaría en la cuneta.

Los cuatro elementos se han abordado en la reunión, pero PSOE y Podemos no han conseguido acercar posiciones con Esquerra y Bildu, partidos de los cuales depende que la reforma de la ley prospere. En las filas socialistas señalan que son republicanos y abertzales quienes no ceden en estas cuestiones a pesar de que hacen propuestas e intercambian documentos y apuntan a que ambas formaciones quieren «derogar» esos preceptos, extremo al que no está dispuesto a llegar el PSOE porque son muy delicados. Los socialistas, en todo caso, mantienen la voluntad de seguir negociando y alcanzar un acuerdo que permita desbloquear una norma «icónica» para la izquierda.

Entre otras cosas, republicanos y abertzales ponen el énfasis en los artículos 36.6 y 37.4 tienen mucho peso dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana porque representan el 80% de las sanciones que se imponen. El uso de pelotas de goma también, pese a que en Cataluña ya estén prohibidas y en el País Vasco estén muy restringidas. No obstante, en ERC también temen que la Guardia Civil o la Policía Nacional puedan intervenir en algún momento dado en Cataluña y hagan uso de ese material.

En todo caso, sin acuerdo en estos puntos tan sensibles, cabe esperar al miércoles a ver si el PSOE y Podemos deciden cerrar la ponencia a pesar de no reunir los apoyos suficientes o lo aplazan nuevamente, como ocurrió ya el martes pasado.

En esa reunión de la ponencia todo apunta a que se terminarán de cerrar dos nuevos acuerdos que se han avanzado mucho en la reunión de ayer: uno sobre el artículo 17.2, que hace referencia a los controles en la vía pública; y, otro sobre el artículo 20.2, que hace referencia a los registros corporales.

Entre los socios, llevan semanas dejando entrever que los socialistas están poco convencidos de llevar a cabo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana por las presiones de los cuerpos policiales. En este sentido, JUCIL ha emitido este lunes ya un comunicado presionando para que los representantes del PSOE «se muestren los suficientemente valientes como para no ceder al chantaje de las minorías o veremos, una vez más, un gesto de cobardía a cambio de ganar quizás unos días más al frente del Gobierno».

Además, la asociación de guardias civiles JUCIL entregó un informe detallado y «elaborado por juristas de prestigio» al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, algo que les agradeció el Grupo Socialista. Ya han advertido en reiteradas ocasiones que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en los términos que lo están haciendo, provocarán un grave deterioro de la seguridad de la que disfrutan los ciudadanos en España.

Pistolas táser: se han usado solo tres veces y sin previsión de comprar más

Las pistolas táser son un instrumento muy reclamado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para enfrentarse a determinadas situaciones, en las que se tenga que reducir a personas violentas. Sin embargo, el Gobierno parece poco dispuesto a dotar a los efectivos con este tipo de instrumentos, según se desprende de una respuesta parlamentaria a Bildu. En concreto, señalan que hasta la fecha solo consta que se haya hecho uso del inmovilizador eléctrico en tres ocasiones, pero tampoco tienen previsto comprar más. Actualmente los policías nacionales y guardias civiles cuentan con 1.167 unidades de pistolas táser y 1.350 cámaras de video vinculadas a las mismas. En lo que respecta al número de cursos impartidos y alumnos que han recibido formación sobre el inmovilizador eléctrico, el Gobierno informa que la última acción formativa se inició el pasado 7 de noviembre y participan unos 1500 integrantes de las FCSE. «Cada formación consta de una fase teórica y una fase práctica», añade el Gobierno en la respuesta.