“Caso Fitur”: Correa dice al tribunal que “presionaba” a “El Bigotes” para que Camps “le diera trabajo”

Francisco Correa ha explicado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por las adjudicaciones de la Generalitat Valenciana a una empresa de la “trama Gürtel” en Fitur 2009 que “presionaba” a su hombre de confianza en la comunidad autónoma, Álvaro Pérez, “El Bigotes”, para que contactara con Francisco Camps “para que le diera trabajo”.

Tras cerrar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que ha rebajado su petición de condena al haber reconocido los hechos que se le imputan, el líder de la red corrupta ha asegurado al tribunal que “imagina” que fue el entonces presidente valenciano -para quien Anticorrupción solicita dos años y medio de prisión y diez de inhabilitación por prevaricación y fraude- quien intervino para que se adjudicara a Orange Market, el buque insignia de “Gürtel” en Valencia, el montaje del expositor de Fitur.

No obstante, a preguntas del abogado de Camps, Pablo Delgado, Correa ha admitido desconocer “qué contratos se juzgan aquí”. “Yo no estaba en Valencia”, ha señalado antes de añadir en que “insistía” a Álvaro Pérez en que “hablara con el presidente para que le diera más trabajo”. “¿Y él le contestaba que sí hablaba con él?”, la ha preguntado la defensa de Camps. “Bueno, me decía que tenía que ir a verle y que le iba a dar trabajo, y de hecho creo que sí le dió”, ha replicado el acusado. “¿El trabajo que le dio es Fitur y lo del Papa dice usted?”, ha insistido el letrado. “Imagino que sí, que a través de Paco Camps es como nos vendría lo del Papa y lo de Fitur, imagino yo (...) porque Pablo (en referencia a Pablo Crespo, “número dos” de “Gürtel”) no conocía a nadie en Valencia”.

“Éramos casi un brazo del Partido Popular”

A preguntas de la fiscal de Anticorrupción Concepción Nicolás, Correa ha recordado que tras 14 años trabajando con el PP de Madrid -”éramos casi un brazo del Partido Popular”-, con la llegada de Mariano Rajoy rompieron relaciones con Génova y decidieron abrir una oficina en Valencia porque Álvaro Pérez “inició una muy buena relación con Paco Camps”.

En esa misma línea, Pablo Crespo (que también ha alcanzado un pacto con la Fiscalía) ha asegurado después que el responsable de Gürtel en Valencia le decía “que tenía una relación muy estrecha con el señor Camps, que tenía química”, aunque ha precisado que él nunca se ha reunido con el expresidente de la Generalitat Valenciana.

El líder de “Gürtel” asegura por su parte que al expresidente valenciano le ha visto “dos o tres veces” en su vida -”creo que lo conocí en la famosa boda de la hija de Aznar”- y que no habló con él “de llegar a ningún acuerdo”. Lo que sí hizo, ha explicado, fue insistir a Álvaro Pérez para que “empezáramos a trabajar en campañas electorales y en actividades del partido en Valencia como lo habíamos hecho en Madrid durante 14 años”, con el objetivo de “poco a poco” ir “introduciéndonos e incluso obtener contratos de la Administración”.

Camps, según él, “sabía que Álvaro era la persona que llevaba todas las campañas en Madrid a nivel del Partido Popular” porque eran “la empresa oficial”. Además, ha añadido, Pérez “le comunicó que habíamos roto relaciones en Génova”.

Álvaro Pérez llamaba a Camps “el curita”

Para aprovechar esa supuesta cercanía a Camps, Correa mantiene que “presionaba” a “El Bigotes” para que intentara meter cabeza en la Administración valenciana “para facturar”. El cometido de Álvaro Pérez era, por tanto, “contactar con Paco Camps para que le diera trabajo o con los conselleiros (sic)”. Y según él “poco a poco fue introduciéndose y obtuvo algún contrato, pero no los que yo deseaba”. Según su versión, la relación de Álvaro Pérez fue inicialmente con Camps, “y a partir de ahí le fue presentando a otros miembros del Gobierno, tanto del PP como de la Administración”.

La fiscal de Anticorrupción ha preguntado tanto a Correa como a Crespo en relación a varias conversaciones intervenidas, entre ellas una en la que el “número dos” de la trama le pregunta a Álvaro Pérez “si ha ido a ver a monseñor” y le insta a decirle que “está muy encabronado porque no le han dado nada”. “¿A quién se refiere con monseñor?”, le ha preguntado a Crespo la fiscal. El acusado ha contestado que “probablemente” a Camps, porque Álvaro Pérez se refería a él “de forma cariñosa” como “el curita”.

El tribunal rechaza la nulidad

El tribunal que juzga a Francisco Camps y a otros 25 acusados por la adjudicación a una empresa de la “trama Gürtel” del stand de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 ha rechazado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las cuestiones de nulidad planteadas por las defensas.

El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha comunicado a la representación jurídica de la Generalitat Valenciana que su posición en el proceso “va a ser meramente adhesiva” a los planteamientos de la Fiscalía y del resto de acusaciones (no podrá, por tanto, proponer nuevas pruebas) porque su personación en la causa -ha recordado- “fue totalmente extemporánea, una vez abierto juicio oral y presentados los escritos de acusación”, ha recordado la Sala.

Del mismo modo, ha desestimado las quejas por una posible indefensión por no haber podido acceder a todos los documentos incorporados al procedimiento. “Tienen perfecto acceso a la causa”, ha insistido Mora, pese a que ha admitido que han podido tener “algún problema” de carácter técnico.

Los magistrados no se han pronunciado ahora, sin embargo, en relación a la posible prescripción de los hechos juzgados y a la existencia de cosa juzgada, cuestiones previas planteadas por la defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana.

El tribunal ha avalado asimismo la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos y ha calificado de “extemporánea” las dudas planteadas por la defensa de Camps respecto al instructor de la causa, el magistrado José de la Mata, que cuestiona por haber sido director general de Justicia en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Sala también ha acordado que declaren en primer lugar los acusados que han cerrado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía tras reconocer los hechos que se les imputan.

Fiscalía defiende los pactos: “No es ilegal ni clandestino”

Antes del pronunciamiento del tribunal, la Fiscalía Anticorrupción ha replicado a Francisco Camps que llegar a acuerdos con acusados (a los que se reduce la petición de condena una vez han reconocido los hechos que se les imputan no es “nada novedoso, ilegal o clandestino” ni “pactos obscenos” (como los calificó el expresidente de la Generalitat Valenciana). En su turno de intervención para contestar a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados, la fiscal de Anticorrupción Concepción Nicolás ha defendido que el acuerdo de conformidad es un “derecho personal” y “absolutamente voluntario” del acusado que quiere “colaborar” con la Justicia, contribuyendo así a “la reparación del daño causado”.

La representante de Anticorrupción ha explicado que esos acuerdos de conformidad están contemplados en la legislación para beneficiar a los acusados que realicen “una declaración que resulte veraz” corroborada por otros testimonios, que sea “eficaz y válida” y ayude a “agilizar” el juicio con el reconocimiento de los hechos imputados. Y ha hecho hincapié en que la Fiscalía ha llevado a cabo ese proceso de forma “transparente” y “con todas las garantías”, dando traslado a todas las partes.

En todo caso, ha precisado que esos pactos de conformidad con algunos de los principales acusados -entre ellos el líder de la “trama Gürtel”, Francisco Correa, y su hombre de confianza en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, “El Bigotes”- “no vinculan al tribunal”, y ha recordado que Camps es consciente de ello porque “fue absuelto en el caso de los trajes a pesar de dos conformidades”.

La Fiscalía ha rebatido la petición de nulidad de la defensa de Camps, que ayer pidió al tribunal que le apartase del procedimiento e incluso argumentó que los hechos han prescrito. “No se ha producido ninguna vulneración de derechos fundamentales ni nulidad alguna”, ha asegurado Nicolás, para quien ninguna de las cuestiones previas puede ser estimada.

En cuanto a la recurrente queja de las defensas sobre una supuesta indefensión por no haber podido acceder a toda la documentación de la causa durante la instrucción, la representante de Anticorrupción también lo ha negado. “No existe ningún tipo de indefensión”, ha subrayado antes de considerar que “no es admisible” sostener “que se han ocultado documentos”.