Un 57,1% de votantes del PSOE pide que Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia

Pedro Sánchez llega acorralado al sexto aniversario de la moción de censura con la que consiguió llegar a la Moncloa y desbancar a Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno está acechado por la debilidad parlamentaria, que le condena a depender permanentemente de un incierto Carles Puigdemont, y por los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno más inmediato, como el de Begoña Gómez. En este sentido, el sexto aniversario de la moción de censura ha coincidido con la aprobación de la amnistía, un hecho que ha generado mucho desgaste a Sánchez pese a que tampoco parece que le vaya a garantizar la continuidad en Moncloa hasta 2027: de hecho, la oposición a la medida de gracia no solo proviene de PP y Vox, sino que los propios votantes del PSOE también dan señales de malestar. Según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el 57,1% de los votantes socialistas están a favor de que Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia.

En total, un 75,5% de todos los encuestados cree que Puigdemont debe someterse a un procedimiento judicial: mayoritariamente, opinan de esa manera tanto los electores de PP como de Vox. Tan solo un 14,3% de los votantes del PSOE consideran que Puigdemont no debe pasar por los tribunales, como sí hicieron sus compañeros del Govern (entre ellos, el propio Oriol Junqueras, que pasó por prisión), según la encuesta elaborada entre el 29 y el 31 de mayo con 1.000 entrevistas.

Cabe recordar que Sánchez, cuando llegó al Gobierno y concurrió a la cita electoral de 2019, se presentó bajo el compromiso de traer de vuelta a Puigdemont para que rindiese cuentas ante la Justicia: empleó un tono duro que ahora ha rectificado de forma diametral para tratar de conquistar a los independentistas y mantenerse al frente de la Moncloa.

Pese a que los votantes socialistas sí son partidarios de que Puigdemont se someta a la Justicia, también dan apoyo a la amnistía: en concreto, un 64,3%. Tan solo un 21,4% de los votantes del PSOE se muestran en contra de la medida de gracia, que, cabe recordar, va a eximir de responsabilidades penales, contables y administrativas a todos los responsables del «procés». Es decir, va más allá de los beneficios a Puigdemont e incluye a centenares de políticos y activistas que han quedado atrapados en problemas con la Justicia por el «procés». No cabe olvidar tampoco que la «sintonía» que puede tener el votante socialista con políticos independentistas de izquierdas (Esquerra, esencialmente) está alejada de la relación con Junts y eso se traduce en un mayor rechazo a Puigdemont pese a dar la aprobación a la amnistía.

Lo que es evidente es que la amnistía nace como pago a los independentistas para que Sánchez sea investido, tal y como él mismo reconoció al asegurar que hacía de «la necesidad virtud»: es decir, a cambio de los siete votos de Junts para retener la Moncloa, Sánchez cedió la medida de gracia. Y así también lo interpretan la mayoría de los encuestados (un 64%) y la mayoría de los votantes de PP (89,4%) y de Vox (88,6). En el caso de los electores del PSOE, esa opinión la tienen casi un tercio (31,4%).

Y es que igual que la mayoría cree que la amnistía es un pago a los independentistas, también hay un 59,2% que considera que no va a mejorar la convivencia en Cataluña. Por electores, opinan de esta manera el 88,8% de los votantes del PP, el 85,7% de los de Vox y el 21,7% de los del PSOE.

Pero las críticas a Sánchez no solo se circunscriben a la cesión de la amnistía, sino que también se extienden a la política exterior, aunque con matices: ahora mismo, un 59,6% de los encuestados califican la actuación en el panorama internacional del Gobierno como mala o muy mala, algo que se puede entender tras las crisis diplomáticas abiertas con Israel y Argentina. En todo caso, los votantes del PSOE cierran filas con su líder y el 78,6% defiende la actuación del Gobierno, mientras que más de un 90% de los electores de PP y Vox la rechazan.

El 59,9% de los encuestados consideran que no es correcta la decisión de retirar a la embajadora española de Argentina tras el cruce de reproches entre Javier Milei y el Gobierno español: así lo considera más del 85% de los votantes de PP y Vox y el 21,4% de los del PSOE. Cabe recordar que la crisis diplomática con Argentina fue abierta por Óscar Puente, quien acusó a Milei, a principios de mayo, de consumir «sustancias».

También hay una mayoría de encuestados (57,5%) que consideran que el Gobierno se ha equivocado con el reconocimiento del Estado palestino ya que creen que es precipitado: no obstante, hay mucha igualdad sobre la valoración de la actuación del Ejecutivo con respecto a Israel. Así, hay un 42,3% que cree que Moncloa ha actuado correctamente con el Estado israelí, mientras que hay un 43,2% que opina lo contrario.

Sin embargo, los matices a la política exterior del Gobierno provienen esencialmente del «espaldarazo» que dan los encuestados a la ayuda de 1.000 millones en armamento a Ucrania: en esta cuestión, un 60,1% está a favor, aunque los únicos votantes que apoyan rotundamente la decisión son los del PP (un 82,5%). Solo el 44,3% de los electores del PSOE apoyan los 1.000 millones de euros a Ucrania, mientras que un 41,4% está en contra. Los electores de Vox, igual que los del PSOE, andan divididos: un 43,8% está en contra y un 50% a favor. Quienes sí están rotundamente en contra son las bases de Sumar: un 75% rechaza la ayuda armamentística a Ucrania.

El «caso Begoña Gómez», la amnistía y los conflictos diplomáticos cercan a un Gobierno que la mayoría de los encuestados ve débil: en concreto, un 58,5%. Tan solo un 20,1% ve al Gobierno fuerte. Esta impresión ha ido «in crescendo» no solo por los problemas que han ido apareciendo, sino por la debilidad parlamentaria de un Sánchez que depende exclusivamente de Puigdemont, que ahora ya tiene la amnistía en el bolsillo y amenaza con tumbar al Gobierno si no le hacen president en Cataluña.

Salvo giro de los acontecimientos, parece que la legislatura ha entrado en una fase muy incierta porque se antoja complicado que las relaciones entre Junts y el PSOE vayan a mejorar si Puigdemont se queda sin la investidura. Esto invita a pensar que, en otoño, los posconvergentes tumben los Presupuestos con la exigencia de contrapartidas inaccesibles para el Gobierno (una reforma profunda del sistema de financiación y el referéndum, probablemente) y eso puede condenar al Ejecutivo a convocar a los españoles nuevamente a las urnas.

De hecho, el 63,1% de los encuestados cree que Sánchez debe convocar elecciones, que es algo que está pidiendo insistentemente Alberto Núñez Feijóo en los últimos días. No obstante, la primera prueba de fuego llega el 9 de junio con las europeas, que Feijóo sitúa como plebiscito sobre Sánchez: los resultados pueden incluso acabar precipitando un avance electoral.